El abogado Eduardo León oficializó ayer ante la Fiscalía una denuncia penal contra autoridades y legisladores nacionales y departamentales, presuntamente involucrados en la entrega rápida de personería jurídica a la cooperativa Palma Flor para explotar oro en el río Chaquety, en Arcopongo.
La acción es por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, concusión y los delitos vinculados con actos de corrupción, delitos contemplados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Los sindicados en la demanda son el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar; las diputadas del MAS, Gladys Vargas y Julia Figueredo; y el asambleísta departamental de La Paz, Juan Marca.
Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de Arcopongo, pese a que la otra cooperativa Ullakaya Condorini tenía el "derecho preferente” en la explotación del área que había solicitado el permiso antes.
El pasado domingo se registraron enfrentamientos entre comunarios y cuentapropistas, entre ellos socios de la cooperativa Ullakaya Condorini y Palma Flor, que derivaron en el saldo de tres personas fallecidas.
Según la denuncia presentada por León, que representa a la familia de Gonzalo Cabrera Huanca (cooperativista que perdió la vida en los hechos de violencia), el viceministro Aguilar el 10 de julio de 2013 mediante el instructivo 004/2013 dirigido al director general de Cooperativas, Juan Sejas, ordenó que "se emita de forma excepcional y de emergencia” a los miembros de Palma Flor Ltda. la resolución administrativa de personería jurídica.
El abogado explicó que sobre estas autoridades y legisladores pesa la responsabilidad de emitir el instructivo, el otorgamiento de la personería jurídica.
"Lo que se está pidiendo ahora al Ministerio Público es que aprehenda directamente a todos estos funcionarios públicos, se allanen las oficinas del Viceministerio de Empleo y Cooperativas y alternativamente se dé aviso al juez cautelar del inicio de las investigaciones”, precisó.
En el caso de las legisladoras se presentó una denuncia a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, para que también sean procesadas.
Conclusión de la Gobernación
El gobernador de La Paz, César Cocarico, viajó a Arcopongo, acompañado de fiscales, policías y técnicos de la Comibol, para tomar declaraciones a los lugareños sobre los hechos suscitados el pasado domingo.
En una conclusión preliminar dijo que los miembros de la cooperativa Ullakaya contrataron a un grupo de 100 personas para ejecutar un "asalto armado” en la provincia Inquisivi, por lo que son los directos responsables de las muertes de Antonio Flores y Mario Villegas, ambos comunarios de Palma Flor. Añadió que uno de los involucrados es el hijo del presidente de la cooperativa Ullakaya, a quien se lo aprehendió con un arma de fuego.
Sin embargo, León observó el informe de la autoridad departamental. "Le informaron mal al gobernador, debido a que el hijo del señor (Thelmo) Cahuana fue secuestrado y puesto con el arma para inculparlo. Nosotros nos vamos a remitir estrictamente a una investigación transparente”, anticipó el jurista.
El abogado sostuvo que un grupo de forenses y abogados se pondrá a disposición de este caso para demostrar que los que desataron el conflicto y la violencia fueron los socios de la cooperativa Palma Flor.
Gobernador pide a Fiscalía identificar a autores
El gobernador de La Paz, César Cocarico, afirmó ayer que la Fiscalía debe investigar a los autores directos e intelectuales involucrados en los hechos violentos suscitados en Arcopongo, en los que cooperativistas mineros y comunarios se enfrentaron por la explotación de oro, que dejó un saldo de tres personas muertas.
"En este caso el Ministerio Público por obligación tiene que culminar con las investigaciones, hasta dar con la verdad e identificar a los autores directos e intelectuales. Aquí interesa dar con la verdad y si están involucrados políticos de uno o de otro lado, tienen que ser juzgados por la justicia ordinaria”, demandó.
El jueves el abogado de la Cooperativa Minera Ullakaya Condorini, Eduardo León, denunció que autoridades del Gobierno, entre ellos el viceministro Tiburcio Aguilar, las diputadas por el MAS, Gladys Vargas y Julia Figueredo y el asambleísta departamental Juan Marca beneficiaron a la cooperativa Palma Flor para que explote oro en Arcopongo. Esto a pesar de que la minera Ullakaya ya había tramitado con anterioridad la licencia de operación para explotar en la zona.
El hecho originó el enfrentamiento entre comunarios de Palma Flor y los cuentapropistas.
Cocarico confirmó que el asambleísta Juan Marca fue visto en el lugar, quien habría admitido que nació en la comunidad Palma Flor. Vargas también reconoció el jueves ser socia de esta cooperativa del lugar.
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