El Ministerio de Trabajo, la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM) y la Cámara de Senadores conocían desde 2013 los conflictos en Arcopongo por la explotación de oro, pero no escucharon las advertencias de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).
El secretario general de la Fecoman, Julián Chino, informó ayer que, con el fin de evitar posibles enfrentamientos entre los cooperativistas de Palma Flor, integrada por comunarios del lugar, con los socios de la cooperativa minera Ullakaya Condorini, la federación envió cartas de alerta a varias reparticiones del Gobierno.
"Los enfrentamientos que se dieron la pasada semana en Arcopongo, donde murieron tres cooperativistas mineros, se pudieron haber evitado. En 2013 nosotros enviamos cartas al ministro de Trabajo (Daniel Santalla), a la AGJAM, a la Fencomin e incluso a la señora (Gabriela) Montaño (expresidenta de la Cámara de Senadores), pero no hicieron nada desde esa fecha”, afirmó el dirigente con documentos en la mano.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) también conocía la situación conflictiva, pues se le envió un informe. El secretario de Conflictos del sector, Waldo Huayta, dijo que se convocó a ambos sectores en conflicto, pero había posiciones radicales, por lo que las autoridades del Gobierno eran las encargadas de resolver el problema.
"Nosotros, en su debido momento, sugerimos que se inmovilizara el área en conflicto, pero Sergeotecmin seguía midiendo las cuadrículas, la AGJAM continuaba recibiendo las solicitudes para explotar en la zona y la Comibol no se pronunció pese a conocer el hecho; entonces, ellos tienen responsabilidad”, señaló Huayta.
Las misivas
En la carta enviada al ministro Santalla el 11 de diciembre de 2013, la Fecoman solicita que interponga sus "buenos oficios” para destituir de su cargo al viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar.
En la misiva se cuestiona la instrucción que éste da al director de Cooperativas, Juan Sejas, para que emita de forma "excepcional” la resolución administrativa de la personería jurídica a la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Limitada en 48 horas, a diferencia de otras que llevan a cabo el trámite en dos a tres años (ver fotocopia).
En la carta remitida al director de la AGJAM, Carlos Soruco, el 14 de octubre de 2013, se denuncia el avasallamiento que sufre la cooperativa Ullakaya, pese a tener el derecho de prioridad en las gestiones de licencia de operación.
"La Cooperativa Minera Ullakaya Condorini Limitada viene realizando trámites de contrato de arrendamiento ante la AGJAM desde 2012, trámites que hasta la fecha no son concluidos, debido a la influencia de la diputada suplente Gladys Vargas Aguilar, en complicidad con el viceministro Tiburcio Aguilar, quienes estarían solicitando el archivo de la carpeta y la revocatoria del contrato”, indica la misiva enviada a Soruco.
En la AGJAM confirmaron que recibieron la denuncia de Fencoman, pero contestaron a los cooperativistas que la entidad no tenía competencia para resolver problemas de avasallamiento en áreas mineras y que éstos deben ser denunciados en el Ministerio Público.
Rechazan inmovilización del área de Chaquety
La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) rechazó ayer la inmovilización temporal de los contratos de arrendamiento en el área del río Chaquety, que determinó la Comibol el viernes 23. El sector afirma que al menos 50 cooperativas fueron afectadas.
"Están atentando contra las cooperativas mineras que pagaron y tramitaron su personería jurídica, son cooperativas preconstituidas. En una asamblea determinaremos qué medidas asumiremos ante la inmovilización; de momento hemos solicitado una reunión con el ministro de Minería (César Navarro”, declaró ayer el secretario general de Fecoman, Julián Chino.
Al menos 44 áreas para explotar oro en el río Chaquety, en la comunidad de Arcopongo, en La Paz, fueron inmovilizadas debido a los conflictos suscitados la pasada semana, cuando cooperativistas y comunarios se enfrentaron por la riqueza del área.
Para operar en la zona aurífera se presentaron al menos 44 solicitudes de contratos de arrendamiento minero, pero todos estaban en pleno trámite; 28 pertenecen a cooperativas mineras auríferas, 13 a empresas privadas y tres a firmas unipersonales.
Según Chino, en el área inmovilizada hay al menos 50 cooperativas: 20 de Fecoman y 30 de Fedecomin de La Paz; muchas no están registradas en Sergeotecmin.
Gobierno pidió que se investigue al Viceministerio de Cooperativas
El Ministerio de Trabajo instruyó en enero de este año que se investigue al Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas por haber otorgado personería jurídica a la Cooperativa Minera Palma Flor Limitada, que presuntamente fue aprobada en 48 horas, informaron en esa cartera del Estado.
Según la orden del ministro Daniel Santalla, las direcciones de Transparencia y Asuntos Jurídicos están encargadas de recopilar los informes sobre la resolución administrativa aprobada en julio de 2013.
La pasada semana, los abogados Eduardo León y Mishael Cruz denunciaron que Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de la comunidad Arcopongo, con la presunta influencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar; de la diputada suplente del MAS Gladys Vargas y del asambleísta departamental Juan Marca, de Arcopongo.
El Instructivo 004/2013 emitido el 10 de julio de 2013 por el viceministro Aguilar al director general de Cooperativas, Juan Sejas, dispone lo siguiente: "Es de su conocimiento que el reglamento de la Ley de Suscripción de Contratos Mineros 368 está en proceso de elaboración; en consecuencia, todos los trámites ante la Comibol y Sergeotecmin están paralizados. En ese sentido, se le instruye que de forma excepcional y por emergencia de los compañeros de la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Ltda. se emita la resolución administrativa de personería (...)”.
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