821 cooperativas auríferas operan sin licencia ambiental

Más de 800 cooperativas auríferas que explotan oro en el departamento de La Paz no cuentan con licencia ambiental. Un estudio de la Fundación Jubileo evidenció que de 981 cooperativas existentes en el sector aurífero, solamente 160 lograron adecuar sus actividades a la Ley de Medio Ambiente, según informó Héctor Córdova, autor del informe.

Un grupo de 821 explota el metal precioso, sin tener control por parte de las autoridades y principalmente de Comibol, mediante el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).

Hay cifras que ilustran con mayor precisión este escenario. Así, en los departamentos de Oruro, Pando y Beni existen 10 cooperativas con licencia ambiental, mientras que si se toma en cuenta cifras totales, fuera de La Paz, se tienen 91 que no cuentan con permisos ambientales, de las cuales 23 están en Pando, 17 en Santa Cruz, 15 Oruro y 14 en Potosí.

MERCURIO

El descontrol oficial tiene sus consecuencias en el intensivo uso del mercurio para recuperar el metal precioso. Cuando se usa mercurio para extraer oro, se recupera aproximadamente 95 % y cerca de 5 % se va al agua; cuando se volatiliza, este elemento va al aire y luego pasa a la tierra, al agua y puede llegar al organismo humano, a través de la respiración o la ingesta de alimentos, advirtió Córdova.

Bolivia estaba entre los tres países más contaminantes por el mercurio en el mundo. El Observatorio del Mercurio (Naciones Unidas) estimó, en 2013, que por año ingresaban 120 toneladas de mercurio a Bolivia para la explotación de oro.

COMPRA Y VENTA

En julio pasado, el director ejecutivo del Senarecom, Johnny Maldonado Barrancos, admitió que empresas exportadoras como Orbol, Exportadores Bolivianos y la comercializadora Royal Gold presentaron solamente una declaración jurada (formularios 02 y 03) para sus operaciones comerciales. Más allá de esa documentación, el Estado ignora si en paralelo realizaban otras actividades “sin papeles”.

CIFRAS QUE NO CUADRAN

Según Córdova, el decreto 21060 ha sido utilizado para sacar oro de contrabando, principalmente, hacia Perú o Brasil.

Indicó que como se detectó ese tráfico, se dictó una resolución ministerial que dispone un cupo máximo; así, una cooperativa aurífera puede comercializar hasta 20 kilos por mes, las minas chicas 10 kilos y las minas unipersonales 2 kilos por mes.

Estas cantidades siguen siendo muy grandes –señaló el experto– considerando que sólo en el departamento de La Paz hay 1.000 cooperativas, las que podrían comercializar 20.000 kilos al mes.

Córdova expresó que, sin embargo, la producción nacional anual de oro declarada es de 25.000 kilos (25 toneladas). La resolución también estableció que la venta debe ser realizada por una sola persona, el representante legal o el designado por la cooperativa y no ya por los socios.

Arrecia contrabando de oro en norte de La Paz Grupos armados protegen a chinos y colombianos

La Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) denunció que “bandas criminales” organizadas en torno a la explotación ilegal del oro que realizan ciudadanos chinos y colombianos, en áreas otorgadas a cooperativas mineras auríferas, impidieron la aprehensión de los extranjeros que fueron hallados en flagrancia, bajo amenazas y agresiones.

El coordinador de Minería Ilegal de la AJAM, Jaime Cuentas, informó en conferencia de prensa, que gracias a investigaciones de prensa se pudo cotejar información técnica y realizar un trabajo de gabinete para ejecutar el operativo en los municipios de Teoponte y Guanay sobre el río Kaka, donde se identificó varios puntos de explotación ilegal del oro por dragas operadas por ciudadanos chinos y colombianos.

Cuentas señaló que durante el operativo coordinado con la Armada y los efectivos policiales asignados a la AJAM, la gente del lugar, entre los cooperativistas, algunos comunarios e incluso funcionarios de los municipios impidieron que los ciudadanos chinos y colombianos sean llevados ante la autoridad competente, luego que se verificó que no contaban con la autorización para la explotación aurífera.

Dorada informalidad

Hablar del oro, de su explotación y su cadena de comercialización, informales, es un juego reiterativo y un esfuerzo vano pero apasionante como apasionante es el brillo de este metal.

Mucho se ha escrito sobre el tema pero hay un cambio substancial en los tiempos que corren cuando columnistas, políticos, economistas, mineros y también ciudadanos comunes, llegan a la conclusión de que gracias a la política minera actual que fomenta la minería informal esta representa ya alrededor de un tercio del valor de ventas del sector minero y cerca del 10% del valor total de las exportaciones.

Algo había pasado y el tema merecía una explicación.

En pleno boom de precios de los metales (2009-2014) el 2013 nos sorprendía con anuncios en la prensa (v. g. Página Siete 11.08.2013) sobre un insólito rubro de exportación de oro que salía del país bajo la denominación de desechos y amalgamas por un valor de $US 1.099 millones, que representaba el 90,4% del valor total de las exportaciones de oro del país ($us 1.215,22 millones en 2012). La noticia causó revuelo por meses pero el tiempo, el mejor elixir para el olvido logró atenuar la reacción hasta hacerla incierta y dispersa.

En una columna mía de la época (La magia de los números, La Razón 14.06.2013) abundé en consideraciones sobre la imposibilidad de explicar estos números con la capacidad operativa de las unidades registradas de la época y sin considerar la vía non sancta del negocio (contrabando y operaciones mineras ilegales).

Paralelamente y en otros lugares del sub continente publicaciones similares inundaban periódicos y revistas especializadas: una de Eliades Durán Espino corresponsal en Panamá de El Siglo (Colombia) tenía un sugestivo título: "¿Lavar oro u oro para lavar?; otro artículo en la revista Energy Press (15.07.2015) titulaba: "Investigación revela venta ilegal de oro"; una nota en Infomine (26.11.2014) destacaba "Surgen nuevas rutas para contrabando del oro entre Perú y Bolivia; el libro "Minería ilegal e informal en el Perú, Informe socio económico", de Víctor Torres Cuzcano (Ed. CooperAccion 2015, Lima Perú), versa sobre la problemática en ese país, y podemos seguir. El problema era regional y la cuenca alta del Río Amazonas y sus ricos yacimientos aluviales de oro estaban siendo "asaltados" por mineros artesanales cooperativistas, garimpeiros y grupos irregulares que fomentan y financian tan lucrativo negocio.

No se trata de demonizar la minería informal que es proveedora de fuentes de trabajo para los sectores empobrecidos de los países del sub continente, pero una cosa es considerarla una solución precaria y otra, fomentarla pese a que carece de parámetros de control técnico, de seguridad industrial y de tributación y convertirla en un componente de primera línea de la producción pese al alto costo ambiental y social que conlleva. Hay una historia específica en cada país en el tratamiento de este problema que va desde la lucha frontal en el Perú, pasando por limitarla a zonas conflictivas en Colombia, hasta la pasiva permisividad en Bolivia.

La dimensión de la generación de riqueza de la extracción de uno de los metales más caros (Precio del oro en el día $us 1.201/onza troy) hace que muchos actores y operadores mineros actúen en la delgada línea que limita la legalidad con el obscuro mundo del contrabando, el lavado de dinero, la corrupción y el tráfico de bienes y servicios. No hay nada nuevo que añadir a esta columna que como muchas que escribí en el pasado compiladas en mi libro "De oro, plata y estaño (Plural Editores, 2014 y 2017, La Paz, Bolivia) solo pretende la meditación de los que todavía soñamos con una verdadera industria minera nacional.