Ante los conflictos registrados en mayo por la disputa del yacimiento aurífero, el Gobierno paralizó todas las actividades mineras en la región.
“Tenemos información de que existen operadores clandestinos en el sector, es imposible cuantificar cuánta gente está trabajando”, declaró Quispe.
Explicó que una comisión mixta conformada entre la Gobernación de La Paz, el Ministerio de Minería y la Comibol verificarán ese tipo de irregularidades que se estarían presentando en la zona.
Producto de los enfrentamientos entre cooperativistas y comunarios de Arcopongo, tres personas perdieron la vida por impactos de bala, las autoridades de justicia investigan los hechos.
Una comisión técnica conformada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) y ejecutivos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), definirán el futuro del yacimiento de Arcopongo, manifestó Quispe.
Asimismo aclaró que el plan de análisis técnico definirá si se favorece a los operadores legalmente establecidos para que reanuden sus actividades.
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