Dos expertos bolivianos coinciden en que se debe retomar el control estatal de la producción aurífera para encarar grandes proyectos y evitar pérdidas.
Debido a los altos precios internacionales, la explotación del oro atrae 420 de las aproximadamente 700 cooperativas mineras que hay en el país, lo que equivale al 60 por ciento, según registros de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol).
Los especialistas Dionisio Garzón y Henry Oporto coinciden en que dejar la explotación aurífera en manos de los cooperativistas es un retroceso debido a que su trabajo es artesanal y están imposibilitadas de hacer grandes inversiones, por lo que ven urgente que el Estado retome el control de la cadena productiva del oro.
Las zonas de explotación minera se concentran en Beni, La Paz y, en menor proporción, en Pando, aunque también se menciona a Santa Cruz.
Para Garzón, la falta de control estatal sobre el trabajo de las cooperativas y su crecimiento se refleja en el hecho de que sólo se conoce el volumen de exportaciones del país, que en 2012 fue de más de 1.200 millones de dólares; pero se desconoce el volumen total de la explotación. Esa es la razón por la que el valor de la producción minera es menor al valor de las manufacturas de oro.
“Está saliendo del país más oro manufacturado que como mineral, ¿de dónde viene el oro para las manufacturas? No hay control sobre la explotación, se produce más de lo que oficialmente se conoce”, observa.
Oporto coincide en que “buena parte” de la explotación es ilegal y además sale de contrabando.
Ante las 420 cooperativas auríferas reportadas por el presidente de la Concobol, Albino García; el viceministro de Cooperativas mineras, Isaac Meneses, reportó más de 600, hace tres meses, lo que demuestra que las entidades de registro no tienen datos compatibilizados.
Garzón dice que no pagar impuestos, no pagar aportes para pensiones de jubilación, ni tener que cumplir con seguridad laboral para los obreros, hace que el negocio sea atractivo para los cooperativistas. Oporto, investigador de la Fundación Pazos Kanki, añade que las cooperativas tampoco pagan patentes a las alcaldías.
Desde abril pasado se volvió a instituir el pago de regalías por la explotación y comercialización de oro de parte de las cooperativas auríferas. Meneses informó que, durante el primer mes de vuelto a poner en vigencia el pago, las cooperativas pagaron alrededor de 20 millones de bolivianos a los gobiernos departamentales donde operan.
Las cooperativas auríferas deben cancelar a la Gobernación que pertenecen una alícuota de 1,5 por ciento por la producción de oro y de 1 por ciento por su comercialización.
Oporto señala que la problemática se hace más compleja si se toma en cuenta que las cooperativas son unidades que trabajan muy artesanalmente, con medios rudimentarios y se ven casi imposibilitadas de emplear tecnología, lo que hace que su producción sea a muy pequeña escala.
“No están en condiciones de operar grandes yacimientos porque no pueden hacer grandes inversiones y no tienen capacidad empresarial”, apunta y añade que el país necesita proyectos a gran escala para generar actividad económica “importante” en torno a la minería y que, además, sea sostenible y no dependa sólo de los altos precios.
Por otra parte, Oporto hace notar que la explotación cooperativa es altamente “depredadora”, a diferencia de las grandes empresas, que están obligadas por el Estado a cumplir con medidas de protección y mitigación ambiental.
García admite que existe la necesidad de incorporar tecnología al trabajo de las cooperativas, pero arguye que su sector no tiene la capacidad económica para hacerlo.
“Son gente que se organiza en cooperativas por necesidad de trabajo y lo primero (en lo que piensan) es cómo sostener a la familia, después está lo demás”, señala.
Afirma que este problema se da sobre todo en las cooperativas nuevas, pues las antiguas han logrado incorporar cierta tecnología; sin embargo, cuando la cotización de los minerales baja, deben prescindir de la maquinaria y retornar al trabajo artesanal para reducir costos.
“El equipo tiene un costo y como no podemos pagar, entonces volvemos a la mano de obra; mientras que las empresas privadas despiden trabajadores”, afirma.
» Retomar el control. Ante este panorama, Garzón y Oporto coinciden en que lo primero que el Estado debe hacer es retomar el control total de la cadena de producción del oro.
Garzón apunta que el control comenzó a perderse hace casi 30 años, con la desaparición del Banco Minero, y se consolidó en la década del 90 con la “liberalización” del mercado del oro. Oporto añade que en estos 30 años proliferaron las cooperativas auríferas, pero que el fenómeno se acentuó en los últimos años, debido a que el Gobierno “abandonó” su obligación de ejercer control y, por el contrario, es permisivo con las cooperativas, importantes aliados que ejercen presión política sobre las decisiones estatales.
La empresa minera Inti Raymi, en Oruro, y la mina Don Mario, en Santa Cruz, donde también se hizo una inversión significativa, son señaladas por el investigador de la Fundación Pazos Kanki, Henry Oporto, como las mayores inversiones en explotación del oro hechas en el país.
Aunque no produce oro, suma al grupo a la empresa minera San Cristóbal, en Potosí.
Oporto explica que estos proyectos se denominan “de clase mundial” por el volumen de toneladas de mineral producido y por el valor de la inversión.
El 19 de julio pasado, la mina Don Mario, que era operada por la empresa canadiense Orvana Minerals, anunció el cese de sus operaciones debido al incremento en los costos de producción y la caída de precios de los metales.
A raíz de la suspensión de su trabajo, la empresa prevé un impacto económico de 6,5 millones de dólares, antes de impuestos, en el tercer trimestre de 2013.
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