Falta de presencia en zonas de producción, de recursos económicos, de personal calificado y de información transparente sobre su funcionamiento imposibilitan la consolidación de la Empresa Boliviana del Oro (EBO) para retomar el control estatal de la producción aurífera, según los expertos Dionisio Garzón y Henry Oporto.
La EBO, dependiente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), abrió su primera oficina en Riberalta, en 2010, encargada de la recuperación del oro explotado en esa región para evitar que salga de contrabando.
Para Garzón, la EBO es una oficina que registra a los cooperativistas, mineros chicos y da licencias para comercialización, pero todavía no tiene ni capacidad ni estructura para controlar la producción y que no ha logrado sentar presencia en las principales áreas de explotación como Guanay, Teoponte, Mapiri, Conzata o Zongo para “rescatar” la producción y hacerse cargo de las ventas externas, una tarea para la que se necesita asignar recursos suficientes y personal calificado “que conozca del negocio”, señala.
“Debería reemplazar al Banco Minero, que se encargaba de registrar la producción estatal y podía exportar el mineral, reduciendo el riesgo de contrabando”, afirma.
Oporto añade que se sabe muy poco sobre las actividades de la EBO y que no existe información oficial sobre su funcionamiento porque el Gobierno no ha transparentado su trabajo.
“No sé si alguien tiene información objetiva sobre los volúmenes que comercializa, si cumple las normas, es un misterio. No hay cómo evaluar seriamente si aporta o no aporta (a ejercer control); pero no ha frenado la explotación ilegal del oro”, señala.
En abril de 2012, el entonces presidente de la Comibol, Héctor Córdova, reveló que al menos el 50 por ciento de la producción de oro en Bolivia sale de contrabando hacia Perú y Brasil.
Dijo que el contrabando de oro continuaba a pesar de las medidas e incentivos para la explotación legal y su registro.
"Hay grandes zonas auríferas en donde no existe presencia del Estado; esto favorece a la explotación irregular de oro y su contrabando a países vecinos", manifestó entonces Córdova.
Recordó que hace unos años el Gobierno intervino con su presencia en zonas auríferas para atajar el contrabando, como el río Suches, el río Orthon, río Madre de Dios y la Chiquitania, pero admitió que no fue suficiente porque la presencia del Estado es "aún débil".
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