La disputa entre comunarios y mineros cooperativistas por la explotación de oro en la localidad de Arcopongo en la provincia Inquisivi del departamento paceño y que tuvo lamentables consecuencias por el enfrentamiento entre partes, ha complicado un problema que data de hace tiempo y que no ha sido encarado adecuadamente por las autoridades de área, en este caso el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) y la Comibol, para poner fin a los avasallamientos de propiedades y empresas mineras privadas o bajo concesiones especiales.
Una primera reacción de tipo oficial, confirmada por el Viceministro de Cooperativas Mineras, señala que se determinó la suspensión de operaciones en la zona del enfrentamiento, lo que significa que los cooperativistas, los comunarios y algunas empresas unipersonales no podrán hacer operaciones mineras en la zona, por lo menos durante un tiempo, hasta que se esclarezca la situación. La medida está respaldada por la decisión asumida por representantes del MMM, Comibol, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin).
Es bueno remarcar que los trámites que efectuaban algunas cooperativas mineras para sentarse en el lugar quedan sin efecto, en tanto que la Comibol asume responsabilidad para precautelar los yacimientos de esa región por tratarse de área fiscal, junto a la AJAM que coordinarán la custodia inclusive policial o militar para evitar enfrentamientos, pero principalmente para frenar el aprovechamiento indebido de los yacimientos minerales en pugna.
Lo que llama la atención es que el problema de Arcopongo, permitió establecer que en ese lugar operaban varias cooperativas ilegales, sin autorización ni personería jurídica, por tanto más de doce agrupaciones no legales en el sistema cooperativo y algunas empresas unipersonales privadas dejarán de trabajar en el sector.
GRAVE DENUNCIA
El asunto no se trata de otro avasallamiento más, pues de acuerdo a denuncias que fueron formuladas por los afectados señalaron que los causantes del enfrentamiento fueron los socios de la cooperativa Ullacaya, que utilizaron armas de fuego, ametralladoras y hasta un helicóptero, presentándose encapuchados para desalojar a los comunarios y apropiarse del yacimiento aurífero, según la versión de la Red Erbol, con las denuncias del dirigente campesino Constantino Quispe.
Son detalles importantes que muestran una figura muy delicada de cómo evoluciona la acción irregular e ilegal de los avasallamientos y nuevas figuras de su aplicación, como uso de armamento pesado y el lamentable resultado de varias víctimas fatales.
Según las autoridades, una minuciosa investigación deberá determinar quiénes son los responsables de los lamentables hechos, en tanto el ejecutivo de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) culpa directamente a la Comibol y posteriormente a la AJAM que demoran más de dos años en la aprobación de los trámites que presentaron las cooperativas para trabajar en la zona de la provincia Inquisivi de La Paz, situación que era de conocimiento de autoridades de Gobierno que no definieron oportunamente la delicada situación
De manera oficial el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, solicitó al Ministerio Público la investigación del caso para identificar a los responsables materiales de la muerte de tres cooperativistas en la región de Arcopongo.
Se trata realmente de un caso complejo, pues según los campesinos del lugar, fueron cooperativistas armados los que incursionaron en la zona y las víctimas del hecho son tres cooperativistas, por los hechos se deduciría que los campesinos también estaban armados, por lo menos así lo refiere el dirigente de otro grupo campesino, Francisco Marca, que acusa a Quispe de invadir el lugar y hacerlo con armas de fuego.
La situación se torna muy tensa y en todo caso merece un esclarecimiento para determinar responsabilidades, pues ya son muchos los avasallamientos que se han producido sin que los culpables sean sancionados, cooperativistas o comunarios, que se apropiaron de minas en explotación, se apropiaron de herramientas, equipos, mineral de las minas y en algunos casos hasta desalojaron de sus viviendas a los mineros y sus familias. Varios hechos siguen en largo proceso de investigación, mientras los avasalladores permanecen explotando mineral en propiedad ajena.
Un informe del viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, reconoce que desde el 2013 se registraron 37 conflictos mineros, de ese total 40% corresponde a invasión o avasallamiento de áreas de trabajo minero. Entre algunos de esos casos se menciona el problema interno de Colquiri, como parte inclusive de la minería estatal, en la que comparten asalariados y cooperativistas. Pero hay otros casos sin solución, Himalaya, por ejemplo entre los más connotados. De todos los casos registrados y que están en curso de "investigación" el viceministro señala que el mayor número de avasallamientos se produjeron en el distrito de La Paz, con 64%, Potosí con un 14% y en Oruro 10%.
MÁS COMPLICADOS
Un resumen de los hechos registrados en diferentes medios de comunicación, revelan la complicación de otras personas en el caso de Arcopongo, se nombra a dos diputadas y un asambleísta del partido oficialista, como socios del directorio de la Cooperativa Minera Palma Flor, que estuvo explotando oro en la región ahora en conflicto pero sin tener ninguna autorización para realizar ese trabajo. El abogado de la cooperativa Ullacaya presentó una demanda contra algunas autoridades gubernamentales (¿?) por favorecer en la tramitación de personería jurídica a los comunarios de Arcopongo, a quienes culpa como responsables de los enfrentamientos armados, que dejaron tres víctimas.
Un caso intrincado que debe ser tomado en cuenta por las autoridades superiores, especialmente las que trabajan en el área de minería, pues se trata de un hecho que no es aislado pero que denota mucha peligrosidad por la forma en que se presenta un típico caso de avasallamiento y que tiene que ver con propiedades mineras, con la consulta previa, la decisión de autoridades y el funcionamiento de cooperativas, como si fuera poco, con la recientemente aprobada Ley de Minería, normativa, que por los datos ya conocidos, no tiene un específico tratamiento sobre este tipo de actitudes ilegales.
Friday, May 30, 2014
DIPUTADA INTERCEDIÓ A FAVOR DE UNA COOPERATIVA
Palma Flor recibió el apoyo de instancias oficialistas, antes de que se produjera el enfrentamiento de Arcopongo, en el norte paceño.
La diputada oficialista Gladys Vargas Escóbar de Huallpa, socia fundadora de una cooperativa minera competidora, solicitó la intervención de autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para que frenen la explotación aurífera, supuestamente desarrollada por la cooperativa Ullakaya Condorini, en el río Chaqueti, relativamente próximo a la comunidad Arcopongo, provincia Inquisivi, de La Paz.
A través de una nota, fechada eñ 29 de noviembre del año pasado, la mencionada representante nacional y su colega Julia Figueredo denunciaron la actividad, que calificaron de ilegal.
Sin embargo, Telmo Cahuana Quispe, presidente de la cooperativa afectada, aseguró que en momento alguno, la unidad productiva que representa explotó oro en esa región tropical paceña.
LOS HECHOS. De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso La Prensa, se observa que la cooperativa Palma Flor se funda el 13 de marzo de 2013.
El 10 de julio de 2013 el viceministro de Empleo y Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar Marquez envió un instructivoal director general de Cooperativas, Juan Sejas Flores, para que en forma excpcional conceda Personería Jurídica a Palma Flor.
El documento señala que pese a que todos los trámites ante Comibol y el Servicio Geológico Técnico de Minas (Sergeotecmin) se encuentran paralizados, "se instruye que de forma excepcional y por emergencia de los compañeros de la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Limitada, se emita la Resolución Administrativa de Personería Jurídica".
En el mismo instructivo, se lee que "los compañeros" de la mencionada cooperativa regularizarán su documentación, cuando se promulgue la nueva Ley de Minería y Metalurgia.
La nota fue recibida un día después y el 12 de julio del año pasado, la mencionada cooperativa recibió su Personería Jurídica.
Según el registro del Ministerio de Trabajo, fue fundada el 13 de marzo de 2013. Los trámites para la concesión de estos documentos suelen demorar, en el mejor de los casos, un año.
Palma Flor obtuvo el permiso para explotar oro en el río Chaqueti, pese a que la cooperativa Ullakaya Condorini tenía el "derecho preferente” para explotar el área, pues había iniciado el trámite respectivo en 2012.
El jueves 18 de julio de 2013 se realizó el acto oficial en el que Aguilar entregó la documentación respectiva, en la que figura la lista de 27 socios fundadores, en la que la diputada Gladys Vargas figura con el número 25.
El programa del acto correspondiente contempló el discurso de agradecimiento de la diputada Gladys Vargas.
La resolución correspondiente concede 90 días para que la mencionada cooperativa presente una solicitud de área de trabajo y en la Ficha de Registro correspondiente se la ubica en la comunidad Palma Flor, del cantón Arcopongo, de la provincia Inquisivi, del departamento de La Paz.
La Prensa intentó ayer nuevamente comunicarse con la diputada Vargas, pero no asistió a la Cámara Baja ni contestó los insistentes llamados a su teléfono celular, mientras que el miércoles, la jefa de la bancada oficialista de Diputados, Flora Aguilar, dijo que su compañera se encuentra delicada de salud.
El conflicto por la explotación de oro en esa región paceña causó tres decesos y el posterior fallecimiento de dos funcionarios de la estatal minera.
La fiscalía aprehendió, en principio, a 13 personas en la localidad de arcopongo. Sin embargo, el fiscal asignado al caso, Ricardo Condori, dispuso la aprehensión de 13 personas, pero al llegar a La Paz y verificar los indicios colectados en el lugar, liberó a dos, por lo que 11 personas deben ser sometidas a una audiencia de medidas cautelares, en la que un juez decidirá la situación jurídica de los imputados de la presunta comisión de los delitos de asesinato y tenencia ilegal de armamento.
Las recusaciones. Ayer, la defensa de los imputados recusó por tercera vez a un juez. La primera administradora de justicia en ser objeto de este recurso judicial fue Lidia Coronel, de Quime, de donde el caso pasó a la jurisdicción de Sica Sica, cuyo magistrado corrió ayer la misma suerte y el expediente será remitido a Sapahaqui.
El juez de esta población paceña dispondrá de 24 horas para estudiar los documentos y establecer el momento en el que se instalará la respectiva audiencia de medidas cautelares.
Entretanto, los aprehendidos siguen las celdas judiciales de La Paz.
EL ÁREA DE TRABAJO EN DISPUTA POR LAS COOPERATIVAS ULLAKAYA CONDORINI Y PALMA FLOR SE ENCUENTRA EN TIERRAS FISCALES, ALEJADAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE ARCOPONGO, CHAQUETI Y PALMA FLOR, EN UNA ZONA BOSCOSA.
3 personas perdieron la vida en Arcopongo por los enfrentamientos entre cooperativistas.
La diputada oficialista Gladys Vargas Escóbar de Huallpa, socia fundadora de una cooperativa minera competidora, solicitó la intervención de autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para que frenen la explotación aurífera, supuestamente desarrollada por la cooperativa Ullakaya Condorini, en el río Chaqueti, relativamente próximo a la comunidad Arcopongo, provincia Inquisivi, de La Paz.
A través de una nota, fechada eñ 29 de noviembre del año pasado, la mencionada representante nacional y su colega Julia Figueredo denunciaron la actividad, que calificaron de ilegal.
Sin embargo, Telmo Cahuana Quispe, presidente de la cooperativa afectada, aseguró que en momento alguno, la unidad productiva que representa explotó oro en esa región tropical paceña.
LOS HECHOS. De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso La Prensa, se observa que la cooperativa Palma Flor se funda el 13 de marzo de 2013.
El 10 de julio de 2013 el viceministro de Empleo y Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar Marquez envió un instructivoal director general de Cooperativas, Juan Sejas Flores, para que en forma excpcional conceda Personería Jurídica a Palma Flor.
El documento señala que pese a que todos los trámites ante Comibol y el Servicio Geológico Técnico de Minas (Sergeotecmin) se encuentran paralizados, "se instruye que de forma excepcional y por emergencia de los compañeros de la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Limitada, se emita la Resolución Administrativa de Personería Jurídica".
En el mismo instructivo, se lee que "los compañeros" de la mencionada cooperativa regularizarán su documentación, cuando se promulgue la nueva Ley de Minería y Metalurgia.
La nota fue recibida un día después y el 12 de julio del año pasado, la mencionada cooperativa recibió su Personería Jurídica.
Según el registro del Ministerio de Trabajo, fue fundada el 13 de marzo de 2013. Los trámites para la concesión de estos documentos suelen demorar, en el mejor de los casos, un año.
Palma Flor obtuvo el permiso para explotar oro en el río Chaqueti, pese a que la cooperativa Ullakaya Condorini tenía el "derecho preferente” para explotar el área, pues había iniciado el trámite respectivo en 2012.
El jueves 18 de julio de 2013 se realizó el acto oficial en el que Aguilar entregó la documentación respectiva, en la que figura la lista de 27 socios fundadores, en la que la diputada Gladys Vargas figura con el número 25.
El programa del acto correspondiente contempló el discurso de agradecimiento de la diputada Gladys Vargas.
La resolución correspondiente concede 90 días para que la mencionada cooperativa presente una solicitud de área de trabajo y en la Ficha de Registro correspondiente se la ubica en la comunidad Palma Flor, del cantón Arcopongo, de la provincia Inquisivi, del departamento de La Paz.
La Prensa intentó ayer nuevamente comunicarse con la diputada Vargas, pero no asistió a la Cámara Baja ni contestó los insistentes llamados a su teléfono celular, mientras que el miércoles, la jefa de la bancada oficialista de Diputados, Flora Aguilar, dijo que su compañera se encuentra delicada de salud.
El conflicto por la explotación de oro en esa región paceña causó tres decesos y el posterior fallecimiento de dos funcionarios de la estatal minera.
La fiscalía aprehendió, en principio, a 13 personas en la localidad de arcopongo. Sin embargo, el fiscal asignado al caso, Ricardo Condori, dispuso la aprehensión de 13 personas, pero al llegar a La Paz y verificar los indicios colectados en el lugar, liberó a dos, por lo que 11 personas deben ser sometidas a una audiencia de medidas cautelares, en la que un juez decidirá la situación jurídica de los imputados de la presunta comisión de los delitos de asesinato y tenencia ilegal de armamento.
Las recusaciones. Ayer, la defensa de los imputados recusó por tercera vez a un juez. La primera administradora de justicia en ser objeto de este recurso judicial fue Lidia Coronel, de Quime, de donde el caso pasó a la jurisdicción de Sica Sica, cuyo magistrado corrió ayer la misma suerte y el expediente será remitido a Sapahaqui.
El juez de esta población paceña dispondrá de 24 horas para estudiar los documentos y establecer el momento en el que se instalará la respectiva audiencia de medidas cautelares.
Entretanto, los aprehendidos siguen las celdas judiciales de La Paz.
EL ÁREA DE TRABAJO EN DISPUTA POR LAS COOPERATIVAS ULLAKAYA CONDORINI Y PALMA FLOR SE ENCUENTRA EN TIERRAS FISCALES, ALEJADAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE ARCOPONGO, CHAQUETI Y PALMA FLOR, EN UNA ZONA BOSCOSA.
3 personas perdieron la vida en Arcopongo por los enfrentamientos entre cooperativistas.
Thursday, May 29, 2014
La fiebre del oro enfrenta a dos cooperativas mineras en Larecaja
La fiebre por la explotación de oro enfrentó esta vez a dos cooperativas mineras en el municipio de Tacacoma, provincia Larecaja del departamento de La Paz. Ambas aseguran tener concesiones y autorización para operar en el río Bancuni de la comunidad del mismo nombre.
Teodocio Huayhua, socio de la Cooperativa Bancuni Ltda, informó ayer que el 18 de mayo los miembros de la Cooperativa Machacamarka Ltda “avasallaron” sus áreas de trabajo en ese río con armas de fuego y dinamitas, además de quemar casas de algunos comunarios para que las abandonen.
“Nosotros trabajamos de forma manual a pico y pala, al estilo barranquillero, tenemos siete cuadrículas dentro de la comunidad”, explicó.
Huayhua indicó que en esa comunidad hay 75 habitantes, según el Censo 2012 y que son agro-mineros, puesto que en tiempo de lluvia se dedican a la agricultura y en tiempo seco a explotar oro, ya que cuentan con su personería jurídica. Aclaró que de esa población, 18 personas son socios de la Cooperativa Bancuni Ltda que es parte de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin).
Denunció, además, que dinamitaron una planta hidroeléctrica y tomaron de rehenes a dos de sus socios y los llevaron a la Policía de Tacacoma, donde les tomaron declaraciones. Añadió que actualmente los de la Cooperativa Machacamarka Ltda están en vigilia con dinamita en la zona y los comunarios no pueden volver a sus casas por lo que pidió a la Gobernación de La Paz envíen policías al lugar para evitar futuros enfrentamientos.
Denunciados. Ante estas acusaciones, el secretario general de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Julián Chino, indicó a La Razón que la Cooperativa Machacamarka Ltda es afiliada a su organización y que cuenta con toda la documentación para operar en el río, y que más bien ellos fueron los amedrentados en principio, por lo que sus afiliados se defendieron.
“Los de Machacamarka están al lado de Bancuni, y la cooperativa nació en 1987 y su personería jurídica es 03672”, complementó Chino, tras argumentar que en la comunidad Bancuni no hay muchos habitantes y que algunos de éstos incluso pertenecen a la Cooperativa Machacamarka por lo que el enfrentamiento se da también entre hermanos que pertenecen a diferentes grupos.
Chino aseguró que una de las dos personas que estaban como rehenes y entregados a la Policía declararon que los de Bancuni les proporcionaron armas y dinamitas para que se enfrenten con los de Machacamarka.
Por estos antecedentes, Fecoman pedirá a la Fedecomin la desafiliación de los de la Cooperativa Bancuni Ltda “porque hacen quedar mal al sector”. Además solicitarán que les eliminen su personería jurídica realizada ante instancias de gobierno. Una comisión encabezada por el director de Minería de la Gobernación de La Paz, Juan Carlos Aquívarez, fue al lugar el 19 de mayo.
Comisión viajó a la comunidad
Informe
El informe sobre los enfrentamientos suscitados en la comunidad Bancuni será conocido el lunes, señaló ayer a La Razón el director de la Gobernación de La Paz, Juan Carlos Aquívarez.
Arcopongo
Lo promovido en Bancuni es el segundo enfrentamiento por la explotación de oro que se registró en las dos últimas semanas. El primero se dio entre el 15 y 18 de mayo en la localidad de Arcopongo, provincia Inquisivi del departamento de La Paz.
Denuncian conflictos por explotación de oro en Tacacoma
Socios de la cooperativa Machacamarka Ltda. ingresaron por la fuerza a la comunidad Bancuni, en el municipio de Tacacoma de la provincia Larecaja, para controlar la explotación de oro, denunció ayer el secretario de Conflictos de la comunidad, Teodocio Huayhua.
El dirigente señaló, según radio Fides, que los atacantes sustrajeron maquinaria, objetos personales e insumos.
El hecho sucedió el 18 de mayo, cuando al menos 26 personas resultaron heridas, según la denuncia de los comunarios.
"Nuestros compañeros fueron torturados y secuestrados por esta cooperativa que se adueñó de los yacimientos mineros auríferos de la zona”, indicó el dirigente a radio Fides.
Sin embargo, el presidente de la Central de Tacacoma, Juan Beltrán, informó que en el sector hay problemas por áreas de trabajo; la cooperativa Machacamarka acusa, a su vez, a la cooperativa Bancuni.
"El hecho sucedió la anterior semana, conocemos que ahora hay un contingente policial que está asentado en el lugar. Toda la comunidad está quemada. Queremos justicia; el contingente policial que está en el lugar se parcializó”, sostuvo el dirigente.
Según la denuncia de Huayhua, los cuentapropistas, en complicidad con los denominados "cazaminas”, avasallaron las zonas auríferas donde operan pobladores del lugar desde hace 10 años.
Los pobladores de Bancuni relataron que los cooperativistas incluso dinamitaron la planta hidroeléctrica que genera energía para la población.
Huayhua afirmó que la zona es agrominera, pues en algunas épocas se vive de la explotación de oro y en otras de las cosechas.
Una comisión de la región llegó hasta La Paz para denunciar ante las autoridades pertinentes los hechos de violencia causados por la cooperativa Machacamarca.
El abogado Eduardo León dijo que al menos 26 comunarios fueron afectados y atribuyó el conflicto a la disputa por la explotación de oro.
Demandó a la Gobernación de La Paz que envíe una comisión y que la Fiscalía se desplace hasta la zona para verificar la situación y restituir el orden.
El dirigente señaló, según radio Fides, que los atacantes sustrajeron maquinaria, objetos personales e insumos.
El hecho sucedió el 18 de mayo, cuando al menos 26 personas resultaron heridas, según la denuncia de los comunarios.
"Nuestros compañeros fueron torturados y secuestrados por esta cooperativa que se adueñó de los yacimientos mineros auríferos de la zona”, indicó el dirigente a radio Fides.
Sin embargo, el presidente de la Central de Tacacoma, Juan Beltrán, informó que en el sector hay problemas por áreas de trabajo; la cooperativa Machacamarka acusa, a su vez, a la cooperativa Bancuni.
"El hecho sucedió la anterior semana, conocemos que ahora hay un contingente policial que está asentado en el lugar. Toda la comunidad está quemada. Queremos justicia; el contingente policial que está en el lugar se parcializó”, sostuvo el dirigente.
Según la denuncia de Huayhua, los cuentapropistas, en complicidad con los denominados "cazaminas”, avasallaron las zonas auríferas donde operan pobladores del lugar desde hace 10 años.
Los pobladores de Bancuni relataron que los cooperativistas incluso dinamitaron la planta hidroeléctrica que genera energía para la población.
Huayhua afirmó que la zona es agrominera, pues en algunas épocas se vive de la explotación de oro y en otras de las cosechas.
Una comisión de la región llegó hasta La Paz para denunciar ante las autoridades pertinentes los hechos de violencia causados por la cooperativa Machacamarca.
El abogado Eduardo León dijo que al menos 26 comunarios fueron afectados y atribuyó el conflicto a la disputa por la explotación de oro.
Demandó a la Gobernación de La Paz que envíe una comisión y que la Fiscalía se desplace hasta la zona para verificar la situación y restituir el orden.
Mineros denuncian que Gobierno conocía los líos en Arcopongo
El Ministerio de Trabajo, la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM) y la Cámara de Senadores conocían desde 2013 los conflictos en Arcopongo por la explotación de oro, pero no escucharon las advertencias de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).
El secretario general de la Fecoman, Julián Chino, informó ayer que, con el fin de evitar posibles enfrentamientos entre los cooperativistas de Palma Flor, integrada por comunarios del lugar, con los socios de la cooperativa minera Ullakaya Condorini, la federación envió cartas de alerta a varias reparticiones del Gobierno.
"Los enfrentamientos que se dieron la pasada semana en Arcopongo, donde murieron tres cooperativistas mineros, se pudieron haber evitado. En 2013 nosotros enviamos cartas al ministro de Trabajo (Daniel Santalla), a la AGJAM, a la Fencomin e incluso a la señora (Gabriela) Montaño (expresidenta de la Cámara de Senadores), pero no hicieron nada desde esa fecha”, afirmó el dirigente con documentos en la mano.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) también conocía la situación conflictiva, pues se le envió un informe. El secretario de Conflictos del sector, Waldo Huayta, dijo que se convocó a ambos sectores en conflicto, pero había posiciones radicales, por lo que las autoridades del Gobierno eran las encargadas de resolver el problema.
"Nosotros, en su debido momento, sugerimos que se inmovilizara el área en conflicto, pero Sergeotecmin seguía midiendo las cuadrículas, la AGJAM continuaba recibiendo las solicitudes para explotar en la zona y la Comibol no se pronunció pese a conocer el hecho; entonces, ellos tienen responsabilidad”, señaló Huayta.
Las misivas
En la carta enviada al ministro Santalla el 11 de diciembre de 2013, la Fecoman solicita que interponga sus "buenos oficios” para destituir de su cargo al viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar.
En la misiva se cuestiona la instrucción que éste da al director de Cooperativas, Juan Sejas, para que emita de forma "excepcional” la resolución administrativa de la personería jurídica a la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Limitada en 48 horas, a diferencia de otras que llevan a cabo el trámite en dos a tres años (ver fotocopia).
En la carta remitida al director de la AGJAM, Carlos Soruco, el 14 de octubre de 2013, se denuncia el avasallamiento que sufre la cooperativa Ullakaya, pese a tener el derecho de prioridad en las gestiones de licencia de operación.
"La Cooperativa Minera Ullakaya Condorini Limitada viene realizando trámites de contrato de arrendamiento ante la AGJAM desde 2012, trámites que hasta la fecha no son concluidos, debido a la influencia de la diputada suplente Gladys Vargas Aguilar, en complicidad con el viceministro Tiburcio Aguilar, quienes estarían solicitando el archivo de la carpeta y la revocatoria del contrato”, indica la misiva enviada a Soruco.
En la AGJAM confirmaron que recibieron la denuncia de Fencoman, pero contestaron a los cooperativistas que la entidad no tenía competencia para resolver problemas de avasallamiento en áreas mineras y que éstos deben ser denunciados en el Ministerio Público.
Rechazan inmovilización del área de Chaquety
La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) rechazó ayer la inmovilización temporal de los contratos de arrendamiento en el área del río Chaquety, que determinó la Comibol el viernes 23. El sector afirma que al menos 50 cooperativas fueron afectadas.
"Están atentando contra las cooperativas mineras que pagaron y tramitaron su personería jurídica, son cooperativas preconstituidas. En una asamblea determinaremos qué medidas asumiremos ante la inmovilización; de momento hemos solicitado una reunión con el ministro de Minería (César Navarro”, declaró ayer el secretario general de Fecoman, Julián Chino.
Al menos 44 áreas para explotar oro en el río Chaquety, en la comunidad de Arcopongo, en La Paz, fueron inmovilizadas debido a los conflictos suscitados la pasada semana, cuando cooperativistas y comunarios se enfrentaron por la riqueza del área.
Para operar en la zona aurífera se presentaron al menos 44 solicitudes de contratos de arrendamiento minero, pero todos estaban en pleno trámite; 28 pertenecen a cooperativas mineras auríferas, 13 a empresas privadas y tres a firmas unipersonales.
Según Chino, en el área inmovilizada hay al menos 50 cooperativas: 20 de Fecoman y 30 de Fedecomin de La Paz; muchas no están registradas en Sergeotecmin.
Gobierno pidió que se investigue al Viceministerio de Cooperativas
El Ministerio de Trabajo instruyó en enero de este año que se investigue al Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas por haber otorgado personería jurídica a la Cooperativa Minera Palma Flor Limitada, que presuntamente fue aprobada en 48 horas, informaron en esa cartera del Estado.
Según la orden del ministro Daniel Santalla, las direcciones de Transparencia y Asuntos Jurídicos están encargadas de recopilar los informes sobre la resolución administrativa aprobada en julio de 2013.
La pasada semana, los abogados Eduardo León y Mishael Cruz denunciaron que Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de la comunidad Arcopongo, con la presunta influencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar; de la diputada suplente del MAS Gladys Vargas y del asambleísta departamental Juan Marca, de Arcopongo.
El Instructivo 004/2013 emitido el 10 de julio de 2013 por el viceministro Aguilar al director general de Cooperativas, Juan Sejas, dispone lo siguiente: "Es de su conocimiento que el reglamento de la Ley de Suscripción de Contratos Mineros 368 está en proceso de elaboración; en consecuencia, todos los trámites ante la Comibol y Sergeotecmin están paralizados. En ese sentido, se le instruye que de forma excepcional y por emergencia de los compañeros de la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Ltda. se emita la resolución administrativa de personería (...)”.
El secretario general de la Fecoman, Julián Chino, informó ayer que, con el fin de evitar posibles enfrentamientos entre los cooperativistas de Palma Flor, integrada por comunarios del lugar, con los socios de la cooperativa minera Ullakaya Condorini, la federación envió cartas de alerta a varias reparticiones del Gobierno.
"Los enfrentamientos que se dieron la pasada semana en Arcopongo, donde murieron tres cooperativistas mineros, se pudieron haber evitado. En 2013 nosotros enviamos cartas al ministro de Trabajo (Daniel Santalla), a la AGJAM, a la Fencomin e incluso a la señora (Gabriela) Montaño (expresidenta de la Cámara de Senadores), pero no hicieron nada desde esa fecha”, afirmó el dirigente con documentos en la mano.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) también conocía la situación conflictiva, pues se le envió un informe. El secretario de Conflictos del sector, Waldo Huayta, dijo que se convocó a ambos sectores en conflicto, pero había posiciones radicales, por lo que las autoridades del Gobierno eran las encargadas de resolver el problema.
"Nosotros, en su debido momento, sugerimos que se inmovilizara el área en conflicto, pero Sergeotecmin seguía midiendo las cuadrículas, la AGJAM continuaba recibiendo las solicitudes para explotar en la zona y la Comibol no se pronunció pese a conocer el hecho; entonces, ellos tienen responsabilidad”, señaló Huayta.
Las misivas
En la carta enviada al ministro Santalla el 11 de diciembre de 2013, la Fecoman solicita que interponga sus "buenos oficios” para destituir de su cargo al viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar.
En la misiva se cuestiona la instrucción que éste da al director de Cooperativas, Juan Sejas, para que emita de forma "excepcional” la resolución administrativa de la personería jurídica a la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Limitada en 48 horas, a diferencia de otras que llevan a cabo el trámite en dos a tres años (ver fotocopia).
En la carta remitida al director de la AGJAM, Carlos Soruco, el 14 de octubre de 2013, se denuncia el avasallamiento que sufre la cooperativa Ullakaya, pese a tener el derecho de prioridad en las gestiones de licencia de operación.
"La Cooperativa Minera Ullakaya Condorini Limitada viene realizando trámites de contrato de arrendamiento ante la AGJAM desde 2012, trámites que hasta la fecha no son concluidos, debido a la influencia de la diputada suplente Gladys Vargas Aguilar, en complicidad con el viceministro Tiburcio Aguilar, quienes estarían solicitando el archivo de la carpeta y la revocatoria del contrato”, indica la misiva enviada a Soruco.
En la AGJAM confirmaron que recibieron la denuncia de Fencoman, pero contestaron a los cooperativistas que la entidad no tenía competencia para resolver problemas de avasallamiento en áreas mineras y que éstos deben ser denunciados en el Ministerio Público.
Rechazan inmovilización del área de Chaquety
La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) rechazó ayer la inmovilización temporal de los contratos de arrendamiento en el área del río Chaquety, que determinó la Comibol el viernes 23. El sector afirma que al menos 50 cooperativas fueron afectadas.
"Están atentando contra las cooperativas mineras que pagaron y tramitaron su personería jurídica, son cooperativas preconstituidas. En una asamblea determinaremos qué medidas asumiremos ante la inmovilización; de momento hemos solicitado una reunión con el ministro de Minería (César Navarro”, declaró ayer el secretario general de Fecoman, Julián Chino.
Al menos 44 áreas para explotar oro en el río Chaquety, en la comunidad de Arcopongo, en La Paz, fueron inmovilizadas debido a los conflictos suscitados la pasada semana, cuando cooperativistas y comunarios se enfrentaron por la riqueza del área.
Para operar en la zona aurífera se presentaron al menos 44 solicitudes de contratos de arrendamiento minero, pero todos estaban en pleno trámite; 28 pertenecen a cooperativas mineras auríferas, 13 a empresas privadas y tres a firmas unipersonales.
Según Chino, en el área inmovilizada hay al menos 50 cooperativas: 20 de Fecoman y 30 de Fedecomin de La Paz; muchas no están registradas en Sergeotecmin.
Gobierno pidió que se investigue al Viceministerio de Cooperativas
El Ministerio de Trabajo instruyó en enero de este año que se investigue al Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas por haber otorgado personería jurídica a la Cooperativa Minera Palma Flor Limitada, que presuntamente fue aprobada en 48 horas, informaron en esa cartera del Estado.
Según la orden del ministro Daniel Santalla, las direcciones de Transparencia y Asuntos Jurídicos están encargadas de recopilar los informes sobre la resolución administrativa aprobada en julio de 2013.
La pasada semana, los abogados Eduardo León y Mishael Cruz denunciaron que Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de la comunidad Arcopongo, con la presunta influencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar; de la diputada suplente del MAS Gladys Vargas y del asambleísta departamental Juan Marca, de Arcopongo.
El Instructivo 004/2013 emitido el 10 de julio de 2013 por el viceministro Aguilar al director general de Cooperativas, Juan Sejas, dispone lo siguiente: "Es de su conocimiento que el reglamento de la Ley de Suscripción de Contratos Mineros 368 está en proceso de elaboración; en consecuencia, todos los trámites ante la Comibol y Sergeotecmin están paralizados. En ese sentido, se le instruye que de forma excepcional y por emergencia de los compañeros de la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Ltda. se emita la resolución administrativa de personería (...)”.
Wednesday, May 28, 2014
Se extrae ilegalmente oro a lo largo del río Chaquety Unas 44 áreas de explotación se paralizaron en Arcopongo
Al menos 44 áreas para explotar oro en el río Chaquety, en la comunidad Arcopongo, en La Paz, fueron inmovilizadas debido a los conflictos suscitados la pasada semana, cuando cooperativistas y comunarios se enfrentaron por la riqueza del área.
Los datos están incluidos en un informe de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) (ver gráfica).
Para operar en la zona aurífera se presentaron al menos 44 solicitudes de contratos de arrendamiento minero, pero todos estaban en pleno trámite; 28 pertenecen a cooperativas mineras auríferas, 13 a empresas privadas y tres a firmas unipersonales.
El 23 de mayo, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) aprobó la Resolución 5768/2014 que determina "aprobar la inmovilización temporal del área minera del río Chaquety, sector ubicado en los cantones Arcopongo y Asunta, provincias Inquisivi y Sud Yungas, hasta la solución definitiva del conflicto social en sujeción a la Ley 3720 y el Decreto Supremo 29117”.
Además, se rechazan todas las solicitudes de los operadores para explotar el área minera.
El ministro de Minería, César Navarro, dijo el lunes 26 que la cantidad de requerimientos en la zona de conflicto suman alrededor de 23.
Sin embargo, entre las zonas que fueron inmovilizadas, en el sector del río Chaquety, están las áreas Thaya Jawira, Cumbre Dorada, Toro Dorado, Chaquety, Aguas Blancas, Lambayeque, Tunki, El Tesoro y Cotani, que en total suman 44 áreas.
Según el informe oficial, entre las solicitudes que hicieron los cuentapropistas están la cooperativa minera aurífera Ullakaya Condorini Ltda., que busca operar en el área Ullakaya Condorini; la Cooperativa Minera Chaquetyplaz, que intenta explotar la zona Cha quety El Tesoro y la cooperativa Palma Flor Ltda. en Palma Flor, entre otras (ver cuadro).
Entre las compañías privadas que buscaban autorización están la Empresa Minera Aurífera Cumbre Dorada S.R.L. y la Empresa Minera Tunki S.R.L.; en ambos casos gestionaban operaciones en al menos ocho áreas.
La explotación ilegal
El lunes, el ministro Navarro reiteró que la explotación que hicieron en el lugar algunas cooperativas mineras es ilegal, debido a que ninguna de las solicitudes completó el trámite ante las instituciones correspondientes.
Pese a que hubo pedidos para trabajar en el lugar, los operadores no esperaron a que se apruebe la licencia y, por el contrario, explotaron ilegalmente; a causa de ello se desconoce el volumen extraído, aclaró.
La pasada semana, el presidente de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Thelmo Cahuana, denunció que desde hace dos años presentaron su solicitud ante la Comibol para explotar oro, pero denunció que fue trabada a causa del "tráfico de influencias” por parte de la diputada Gladys Vargas, una de las socias de la cooperativa Palma Flor, la segunda en tramitar el permiso.
Navarro indicó que si bien Ullakaya Condirini fue la primera en hacer su solicitud, su plan de trabajo fue observado.
El abogado Eduardo León denunció que Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de la comunidad Arcopongo, con la presunta influencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, de la diputada suplente del MAS Gladys Vargas y del asambleísta departamental Juan Marca, de Arcopongo.
Piden investigar presunto tráfico de influencias en Palma Flor
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle (MAS), pidió ayer que se investigue a los funcionarios que presuntamente dieron celeridad a la personería jurídica de la cooperativa minera Palma Flor.
"Hay que investigar a quienes han dado esta resolución para la personería jurídica. No hay que encubrir a nadie, tienen que caer todos los que son culpables”, dijo el legislador, según el reporte de la red ERBOL.
El abogado de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, denunció que el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, instruyó, en julio de 2013, al director general de Cooperativas, Juan Sejas, que apruebe "excepcionalmente” la personalidad jurídica de Palma Flor; una de las socias es la diputada suplente por el MAS Gladys Vargas.
Afirmó que en tiempo "récord” fue aceptada la solicitud.
La jefa de la bancada del MAS, Flora Aguilar, dijo que no tiene información sobre el tema debido a que la diputada Vargas "está delicada de salud”.
Sostuvo que las acusaciones contra Vargas son políticas.
Calle insistió que no interesa si los legisladores son del MAS.
"Cuando nos designaron como autoridades, era para que trabajemos por la población y no para que nos beneficiemos del cargo, esto es uso indebido de influencias. Se tiene que sancionar a cualquiera que sea la persona y con doble razón si son del MAS”, remarcó el diputado.
Ullakaya presentó solicitud en 2012 y Palma Flor en 2013
La Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya Condorini Ltda. presentó su solicitud en diciembre de 2012 para explotar en el río Chaquety, en la comunidad Arcopongo, informaron en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
La Cooperativa Minera Palma Flor Ltda., junto a otras más, hicieron su pedido a partir de agosto de 2013, una vez que el rol de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM) entró en vigencia.
Se conoció que, luego de que Ullakaya presentó su solicitud, varias comunidades se asentaron por la "fiebre del oro”.
El presidente de la Cooperativa Ullakaya, Thelmo Cahuana, informó ayer que cuando llegaron al río Chaquety, en 2012, no había comunidades asentadas por el lugar, pero cuando descubrieron el yacimiento aurífero de un momento a otro llegaron diferentes personas, que en su mayoría son de Arcopongo, localidad que está a gran distancia del área minera.
"Si los comunarios hubieran residido en las inmediaciones del río Chaquety, también se podría evidenciar la producción agrícola, pero no es así, en el lugar no hay ni un plátano y eso se puede verificar”, enfatizó.
Los datos están incluidos en un informe de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) (ver gráfica).
Para operar en la zona aurífera se presentaron al menos 44 solicitudes de contratos de arrendamiento minero, pero todos estaban en pleno trámite; 28 pertenecen a cooperativas mineras auríferas, 13 a empresas privadas y tres a firmas unipersonales.
El 23 de mayo, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) aprobó la Resolución 5768/2014 que determina "aprobar la inmovilización temporal del área minera del río Chaquety, sector ubicado en los cantones Arcopongo y Asunta, provincias Inquisivi y Sud Yungas, hasta la solución definitiva del conflicto social en sujeción a la Ley 3720 y el Decreto Supremo 29117”.
Además, se rechazan todas las solicitudes de los operadores para explotar el área minera.
El ministro de Minería, César Navarro, dijo el lunes 26 que la cantidad de requerimientos en la zona de conflicto suman alrededor de 23.
Sin embargo, entre las zonas que fueron inmovilizadas, en el sector del río Chaquety, están las áreas Thaya Jawira, Cumbre Dorada, Toro Dorado, Chaquety, Aguas Blancas, Lambayeque, Tunki, El Tesoro y Cotani, que en total suman 44 áreas.
Según el informe oficial, entre las solicitudes que hicieron los cuentapropistas están la cooperativa minera aurífera Ullakaya Condorini Ltda., que busca operar en el área Ullakaya Condorini; la Cooperativa Minera Chaquetyplaz, que intenta explotar la zona Cha quety El Tesoro y la cooperativa Palma Flor Ltda. en Palma Flor, entre otras (ver cuadro).
Entre las compañías privadas que buscaban autorización están la Empresa Minera Aurífera Cumbre Dorada S.R.L. y la Empresa Minera Tunki S.R.L.; en ambos casos gestionaban operaciones en al menos ocho áreas.
La explotación ilegal
El lunes, el ministro Navarro reiteró que la explotación que hicieron en el lugar algunas cooperativas mineras es ilegal, debido a que ninguna de las solicitudes completó el trámite ante las instituciones correspondientes.
Pese a que hubo pedidos para trabajar en el lugar, los operadores no esperaron a que se apruebe la licencia y, por el contrario, explotaron ilegalmente; a causa de ello se desconoce el volumen extraído, aclaró.
La pasada semana, el presidente de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Thelmo Cahuana, denunció que desde hace dos años presentaron su solicitud ante la Comibol para explotar oro, pero denunció que fue trabada a causa del "tráfico de influencias” por parte de la diputada Gladys Vargas, una de las socias de la cooperativa Palma Flor, la segunda en tramitar el permiso.
Navarro indicó que si bien Ullakaya Condirini fue la primera en hacer su solicitud, su plan de trabajo fue observado.
El abogado Eduardo León denunció que Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de la comunidad Arcopongo, con la presunta influencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, de la diputada suplente del MAS Gladys Vargas y del asambleísta departamental Juan Marca, de Arcopongo.
Piden investigar presunto tráfico de influencias en Palma Flor
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle (MAS), pidió ayer que se investigue a los funcionarios que presuntamente dieron celeridad a la personería jurídica de la cooperativa minera Palma Flor.
"Hay que investigar a quienes han dado esta resolución para la personería jurídica. No hay que encubrir a nadie, tienen que caer todos los que son culpables”, dijo el legislador, según el reporte de la red ERBOL.
El abogado de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, denunció que el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, instruyó, en julio de 2013, al director general de Cooperativas, Juan Sejas, que apruebe "excepcionalmente” la personalidad jurídica de Palma Flor; una de las socias es la diputada suplente por el MAS Gladys Vargas.
Afirmó que en tiempo "récord” fue aceptada la solicitud.
La jefa de la bancada del MAS, Flora Aguilar, dijo que no tiene información sobre el tema debido a que la diputada Vargas "está delicada de salud”.
Sostuvo que las acusaciones contra Vargas son políticas.
Calle insistió que no interesa si los legisladores son del MAS.
"Cuando nos designaron como autoridades, era para que trabajemos por la población y no para que nos beneficiemos del cargo, esto es uso indebido de influencias. Se tiene que sancionar a cualquiera que sea la persona y con doble razón si son del MAS”, remarcó el diputado.
Ullakaya presentó solicitud en 2012 y Palma Flor en 2013
La Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya Condorini Ltda. presentó su solicitud en diciembre de 2012 para explotar en el río Chaquety, en la comunidad Arcopongo, informaron en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
La Cooperativa Minera Palma Flor Ltda., junto a otras más, hicieron su pedido a partir de agosto de 2013, una vez que el rol de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM) entró en vigencia.
Se conoció que, luego de que Ullakaya presentó su solicitud, varias comunidades se asentaron por la "fiebre del oro”.
El presidente de la Cooperativa Ullakaya, Thelmo Cahuana, informó ayer que cuando llegaron al río Chaquety, en 2012, no había comunidades asentadas por el lugar, pero cuando descubrieron el yacimiento aurífero de un momento a otro llegaron diferentes personas, que en su mayoría son de Arcopongo, localidad que está a gran distancia del área minera.
"Si los comunarios hubieran residido en las inmediaciones del río Chaquety, también se podría evidenciar la producción agrícola, pero no es así, en el lugar no hay ni un plátano y eso se puede verificar”, enfatizó.
Ullakaya calculaba obtener unos $us 44,5 MM de utilidades al año
El perfil de proyecto de la Cooperativa Ullakaya Condorini Ltda. para la obtención de la concesión minera en el río Chaquety indica que esta asociación calculaba obtener una utilidad mensual de $us 3,7 millones, monto que al año sumaría $us 44,5 millones por la explotación de oro en el área.
El documento, al que tuvo acceso La Razón, señala que las utilidades se iban a generar “sin tomar en cuenta los costos de salud y seguros a corto y largo plazo”. Este perfil de proyecto fue presentado el 12 de diciembre de 2012 a la Unidad de Contratos Mineros de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, según los sellos plasmados en los papeles.
En ese perfil se indica que dicha cooperativa se encuentra tramitando su personería jurídica así como todos sus documentos legales y pide a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) una concesión minera denominada Ullakaya Condorini II.
Se añade que, de acuerdo al muestreo realizado, se cuenta con “48.600 toneladas de reservas auríferas con 0,76 gramos la tonelada de ley” para el presente proyecto, pudiendo subir las mismas si se concedieran otras áreas dentro de la misma concesión.
De acuerdo con ese proyecto, la explotación iba a ser a cielo abierto con uso de maquinaria pesada. También se añade que las inversiones calculadas para ese cometido son millonarias por los costos de operación debido al alquiler de maquinaria para llevar adelante el proyecto aurífero.
El documento señala también que por las utilidades calculadas, “el proyecto es factible y se recomienda su ejecución bajo los parámetros y costos establecidos en el estudio, tomando en cuenta que se debe realizar un estricto control de los gastos y una eficiente administración”.
Entre otros aspectos, ese perfil añade que “para una segunda fase del proyecto, se debe realizar la cuantificación de las reservas existentes en las terrazas antiguas, lo que dará mayor seguridad al proyecto”.
El presidente de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Telmo Cahuana, explicó a La Razón que ese proyecto fue presentado por el anterior directorio, pero que además ese perfil fue rechazado por las autoridades porque se exigió mayor precisión en los datos técnicos y por lo tanto no se realizó ninguna explotación de oro. El dirigente argumentó que los comunarios de Arcopongo y otras cooperativas al enterarse de ese proyecto y las utilidades que se iban a generar, recién se interesaron en la zona.
“Antes no había habitantes cerca del río”, señaló Cahuana, tras comentar que en agosto de 2012 realizaron una expedición a la zona pero no con el afán de explotar oro, sino buscar terrenos para sembrar café pues en Pilón Lajas, donde se ocupó un área, no les autorizaban esos cultivos por tratarse de un área protegida. “Ese lugar era una esperanza para nosotros”.
Parques. En una entrevista en Radio Compañera, el gobernador de La Paz, César Cocarico, informó ayer que en la parte de la amazonía paceña, como el Madidi y Pilón Lajas, hay “bastante ambición” de áreas para explotar, pero que de alguna manera la declaratoria “de parques nacionales” que tienen esas zonas las protegen.
Cocarico explicó que las solicitudes de las cooperativas no solo son para explotar en el río Chaquety, que es largo y grande, sino en otros ríos que existen en Arcopongo que bajan y confluyen hacia Cochabamba.
“Es bastante la posibilidad de tener oro (en ese río), sin embargo que alguien nos diga la potencialidad aurífera del sector no la tenemos, porque nadie ha hecho un estudio científico”, manifestó el Gobernador.
El abogado de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, complementó a La Razón que cuando los de la Cooperativa Palma Flor se enteraron de las utilidades que se podían generar por la explotación de oro en el río Chaquety, “recién abrieron los ojos” y empezaron a explotar.
Solicitudes de áreas
Datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras indican que los de Ullakaya solicitaron 50 áreas para explotar oro en el río Chaquety.
Comunarios anuncian bloqueo de vías
Este domingo, los comunarios de la provincia Inquisivi de La Paz realizarán un ampliado en el municipio de Quime para organizar el bloqueo de caminos desde la próxima semana en exigencia de justicia por las muertes en Palma Flor y pedir garantías para algunos dirigentes del lugar. Aseguran que hay persecuciones de los de la Cooperativa Ullakaya Condorini.
El anuncio fue realizado por el ejecutivo provincial de Inquisivi, Anastasio Ramos, quien ayer junto a otros comunarios de Palma Flor se hicieron presentes en puertas del Tribunal Departamental de Justicia donde debía llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares para los 11 aprehendidos por los hechos de violencia suscitados en Arcopongo, entre el 15 y 18 de mayo.
“Estoy bajando a una consulta de mi provincia, invito a las seis seccionales para un ampliado de emergencia y dar un ultimátum (a los de la Cooperativa Ullakaya Condorini) e ir a un bloqueo de caminos desde la siguiente semana”, advirtió Ramos.
Junto a este dirigente estaba Rogelia Quispe Bautista, esposa de Antonio Flores Calle (27), oriundo de la comunidad de Siquimirani, pero que radicaba en Palma Flor, donde fue encontrado muerto. “A mi marido me lo han matado, su pie me lo han hecho como charque, él ha ido a chaquear, no era cooperativista”, dijo la viuda. En los enfrentamientos fallecieron también Mario Villegas (19 ), oriundo de Marancelani, pero que vivía en Palma Flor, y Gonzalo Cabrera, de la Cooperativa Ullakaya.
Gobernador habla de una consulta previa en el lugar
El gobernador de La Paz, César Cocarico, indicó ayer que en el camino de la implementación de la nueva Ley de Minería que será promulgada hoy, se debe armar una buena estrategia para solucionar los conflictos en Arcopongo y una de éstas sería realizar una “consulta previa” en la zona para que se decida sobre la explotación de oro.
Según abogado, hay ocho aprehendidos ilegalmente
Marco Araníbar, abogado de ocho de los 11 aprehendidos por la Fiscalía en el caso Arcopongo, denunció ayer que sus clientes fueron trasladados a la urbe paceña y fueron acusados de ser parte de la Cooperativa Ullakaya Condorini, sin tomar en cuenta que tienen como prueba boletos de transporte del 17 de mayo con dirección a La Asunta.
Ley minera se promulga hoy
El viceministro de Cooperativas Mineras, Jose Luis Chorolque, informó ayer que la nueva Ley de Minería, que normará todas las actividades del área, será promulgada hoy en la ciudad de Oruro.
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