l gobernador de La Paz, César Cocarico, denunció a La Razón que “no cesó” la explotación ilegal de oro en la localidad de Arcopongo, provincia Inquisivi de La Paz, pese a que el Gobierno resolvió frenar la actividad minera en la región a causa de enfrentamientos.
“El control también está a cargo del Ministerio de Minería y de la Comibol, ambos tienen que controlar las áreas donde no está autorizada la explotación del oro, no es el gobierno departamental. Estimamos que están haciendo el control. De todas maneras sabemos también que los mineros (cooperativistas) no han cesado en su actividad. Es un conflicto latente que hay que controlar”, señaló el martes el Gobernador antes de inaugurar la perforación del pozo petrolero Lliquimuni Centro X1 (LQC-X1) en el norte paceño.
El 23 de mayo del año pasado, Cocarico culpó a la Cooperativa Ullakaya Condorini de ser la responsable de los actos de violencia ocurridos entre el 15 y 18 de ese mes en las comunidades La Plaza, Palma Flor y La Plaza B de Arcopongo, por la disputa en la explotación de oro en el río Chaquety y confirmó la muerte de tres personas por heridas de bala.
RESOLUCIÓN. El 25 de mayo de 2014, el directorio de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) resolvió mediante la Resolución 5768/2014 “la inmovilización temporal del área minera del río Chaquety, sector ubicado en los cantones Arcopongo y La Asunta, provincias Inquisivi y Sud Yungas del departamento de La Paz”.
El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, señaló en esa oportunidad que esa determinación es temporal hasta que se resuelva el conflicto por la exploración aurífera en la zona y que no se permitirá “ninguna actividad de carácter ilegal que dañe el medio ambiente” y tampoco se dejará que “comunidades o cooperativas se enfrenten” y dejen daños humanos que lamentar.
Cocarico dijo que corresponde a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) hacer el control en el lugar.
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