Ingrid Medina, abogada de comunarios de Choro Grande, denunció ayer la descoordinación que existe entre fiscales que investigan el caso, que pese a contar con 20 declaraciones en las que se menciona, con nombre y apellido, a los presuntos autores de la toma ilegal de la mina Cruz del Sur en la localidad Trinidad Pampa, en Nor Yungas, donde fallecieron tres personas el 25 de octubre, no han emitido las órdenes de aprehensión tal como lo piden las víctimas. Medina criticó además, la burocracia a la cual se remiten los jueces que no centralizan las causas.
“Hemos ido ante la fiscal (Susana) Boyán, y lo único que nos dice es que no puede emitir las ordenes de aprehensión como si fueran volantes, sin que le importe los testimonios de las víctimas que han dicho con nombre y apellido, quienes fueron los avasalladores”, afirmó Reynaldo Quispe, parte de los comunarios y cooperativistas de la Mina Cruz del Sur.
El 25 de octubre pasado, mineros de la Cooperativa Cruz del Sur, ubicada en la provincia de Nor Yungas, denunciaron la toma ilegal de su campamento minero, por comunarios armados de Trinidad Pampa.
En el hecho más de diez personas resultaron heridas y tres perdieron la vida, producto de disparos con arma de fuego. Otras tres personas fueron detenidas preventivamente en el penal de San Pedro.
MARCHA
Los pobladores de esta zona, ayer, marcharon en La Paz y calificaron de incompetentes a los tres fiscales asignados al caso y trataron de tener diálogo con el fiscal departamental Marcelo Rollano, pero no fueron atendidos.
“Hay una muy mala coordinación entre los fiscales y hay una pésima atención hacia quienes son las víctimas (…) La fiscal Boyán cuenta, en el cuaderno de investigaciones, las declaraciones de más de 20 personas que le dicen de forma textual: yo estaba ese día y he presenciado el hecho y reconozco como agresor, o como avasallador, como el que portaba el arma, a tal persona”, explicó Medina, aclarando que figuran nombres y apellidos de los presuntos autores.
Sin embargo, la abogada también ratificó la respuesta negativa de la fiscal Boyán, quien negó emitir las ordenes de aprehensión, hasta que el investigador presente un informe señalando las razones por las cuales se pide la aprehensión, lo cual, para Medina, es inverosímil, pues Boyán cuenta con los testimonios y además, se le entregó un resumen de las declaraciones.
La abogada afirmó que en estos testimonios se identificaron a más de 20 implicados en el avasallamiento a la mina Cruz del Sur, y entre los principales sospechosos están Fridolino D., Bernardino P. L., Juan Carlos C. y Víctor Hugo T.
JUECES
Por otro lado, Medina también criticó la postura burocrática de los diferentes jueces, que conocieron el caso, en diferentes etapas y detenidos que impiden que el caso se centralice para una mejor investigación.
Según la jurista, los mismos determinaron, sin colocar una fecha, realizar una audiencia para definir en qué juzgado se centralizará la información.
Para Medina, el caso debe ser centralizado en el juzgado de Coroico pues la primera fiscal radicó la causa de la investigación del avasallamiento del 25 de octubre.
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