Al menos 30 empresas habrían hecho conocer su intención de explotar el yacimiento de oro de Arcopongo, informó ayer el dirigente campesino Constantino Quispe de la comunidad de Palma Flor. Después de la pelea por la veta, los pobladores determinaron rechazar la presencia de explotadores.
Quispe también informó que, en el cabildo realizado el fin de semana pasado, los comunarios de Palma Flor determinaron exigir la reversión de la personería jurídica y la expulsión de los cooperativistas de Ullakaya Condorini, a quienes acusan de haber avasallado sus tierras para apoderarse del yacimiento de oro.
Hace aproximadamente tres semanas, pobladores y cooperativistas de Palma Flor y Ullakaya Condorini se enfrentaron dejando un saldo de tres muertos por arma de fuego, varios heridos e inclusive rehenes. Ambas cooperativas se acusan mutuamente de avasallamiento.
“Hay otros peticionarios (interesados en explotar el oro), entre ellos empresas personales, o sea que hay como 30 peticiones como cooperativas que no conocemos. De esos, seis cooperativas son del lugar, (entonces) para evitar conflictos han dicho que se analice esta otra alternativa que es la nacionalización”, señaló.
Según Quispe, es la mejor manera de pacificar el lugar porque si el Estado se hace cargo de la mina ocurriría lo que sucedió en la mina Colquiri, donde también hubo enfrentamientos pero, después, “todos los pobladores conformarían una empresa estatal”.
Dijo que ayer una comisión viajó a La Paz a reunirse con el ministro de Minería, César Navarro, para hacerle conocer la resolución del ampliado. Aseguró que, en el caso de que no sean escuchados por el Gobierno los pobladores retomarán las medidas de presión.
“Están pidiendo directamente la expulsión inmediata y que llegue a fojas cero su personería jurídica de la Cooperativa Ullakaya”, dijo.
Por otra parte, dos de los 13 detenidos por el enfrentamiento fueron liberados luego de que la Fiscalía no encontrara indicios de culpabilidad en su contra, pero para los otros 11 se determinó detención preventiva.
El abogados de cuatro de los detenidos, Eduardo León, dijo a este medio que apelará la decisión del juez porque existen varios indicios de irregularidades cometidas.
“Lo que se ha decidido primero es apelar la decisión del juez; segundo, denunciar esto ante la comisión de Derechos Humanos; y, tercero, denunciar el accionar del juez que está totalmente lejos de la esfera legal, ingresa a un plano estrictamente político”, afirmó.
Por su parte, Quispe dijo que los pobladores exigen la sanción a los responsables de las muertes de las tres personas. “Que caiga quien tenga que caer”, pidió.
“Prófugos” del caso Arcopongo reaparecen ante la Fiscalía
Erbol
Milan Almilcar Poma, Román Chávez Nina y Mauro Alanoca Nina, quienes se dieron a la fuga el pasado 26 de mayo tras ser capturados por el caso Arcopongo, reaparecieron el viernes para declarar ante el Ministerio Público.
“Estas personas se presentaron a declarar voluntariamente y se recepcionó su declaración informativa mediante memorial, como se presentaron voluntariamente, entonces igual se fueron, pero continúa el proceso”, dijo el fiscal Jhonny Garnica.
Garnica también informó que hasta el momento suman 22 las personas denunciadas por este caso y señaló que si no se presentan a declarar, serán aprehendidas.
“Si los citados vienen voluntariamente, igual después de declarar se irán, luego en función de los elementos ya se verá si son imputados o no”, sostuvo.
La Fiscalía abrió este proceso a denuncia de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por presunta destrucción y deterioro de los bienes del Estado (explotación ilegal de oro).
Según datos de Radio Patrullas, el pasado lunes, una turba de comunarios ayudó a los tres denunciados a escapar cuando estos llegaban a la Fiscalía para declarar.
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