Extrabajadores de la cooperativa Cruz del Sur señalaron que esta empresa trabaja de manera ilegal, en concesiones que pertenecían a la cooperativa Kantuta Ltda y Samo, que dejaron el lugar por falta de fichas ambientales. Asimismo, el representante de Kantuta Ltda, durante la gestión 1997, José Luis Ayoroa, manifestó que la región arrastra conflictos desde hace muchos años atrás, por la difícil relación con los comunarios del lugar. De acuerdo a la Gobernación no se descarta militarizar la zona.
“Esta es una mina ilegal, antes el lugar era de la cooperativa Kantuta Ltda que estaba establecida legalmente con una proyección de mucho futuro, pero empezaron las enfermedades en el río y la comunidad en presencia del Cofecay, dirigida por Gabriel Carranza, y la federación de Nor Yungas, decidió intervenir y expulsar a la empresa, por no controlar su ficha ambiental”, manifestó el excooperativista Marcelino Pai.
Según los pobladores de El Choro, en esta ocasión la cooperativa Kantuta Ltda dejó de trabajar en la región y los predios fueron tomados por las familias que ahora conforman la cooperativa Cruz del Sur, quienes explotan la mina desde entonces contaminando el río y sin que nadie les haga las observaciones que se hizo a la anterior empresa.
“Cruz del Sur tiene una concesión, pero sus cuadrillas están más arriba de donde se encuentran trabajando ahora, los cooperativistas se han ido sobre lo que ya estaba abierto por Kantuta, se han apropiado de los terrenos, además de hacer uso de las maquinarias de la anterior empresa”, señaló a EL DIARIO en un contacto telefónico el poblador Primo Patzi.
Por su parte, el representante de Kantuta Ltda, de la gestión 1997, José Luis Ayoroa, mencionó en una entrevista con Radio Fides, que ellos habían explotado la zona tras una caducidad de las minas de Gonzalo Sánchez de Lozada 1970, fecha en la que 27 personas se asociaron para iniciar los trabajos con un financiamiento de Fencomin y la organización Pan para el Mundo, con lo que lograron ingresar maquinaria pesada para interior mina.
“En ese entonces los comunarios denunciaron contaminación del río Peri, instigados por Javier Vargas, mano derecha de Juan del Granado en aquel entonces y encabezados por las familias Mamani, Cocarico y Santander que ahora dicen ser víctimas. Nosotros fuimos despojados de toda nuestra maquinaria y fuimos víctimas de atentados, se hizo un juicio contra la comunidad sin tener éxito”, señaló Ayoroa.
Indicó que en esta zona es muy complicado resolver cualquier conflicto, por la difícil relación que se tiene con los comunarios, que hasta el momento tienen retenida la maquinaria de interior y exterior mina, e incluso ropa de trabajo.
“En cuanto a las coopertaivas del lugar, nosotros éramos los únicos que teníamos los papeles en regla, las demás incluyendo a la cooperativa Cruz del Sur son ilegales y conformadas, por los campesinos del lugar que creen tener autoridad, sobre todos los recursos”, manifestó Ayoroa.
MILITARIZACIÓN
Si bien, al momento se ha logrado estabilizar la zona y detener los enfrentamientos desde la Gobernación del departamento se evalúa la posibilidad de realizar un “rastrillaje” con la participación de efectivos militares en la localidad de Trinidad Pampa, comunidad El Choro, para decomisar el armamento que tendrían en su poder los cooperativistas.
“Los pobladores han pedido el cese de las actividades mineras y un rastrillaje militar de tal forma que se pueda despojar de los armamentos bélicos, para lo que se debe estudiar la situación en coordinación con el Ministerio de Defensa”, aseguró a los periodistas el Gobernador del departamento.
Por su parte, Primo Patzi, poblador de El Choro, informó desde el lugar, que si bien ya no hay disparos aún por las noches se oye la explosión dinamitas en los alrededores de la mina, donde se encontrarían refugiados 21 personas que participaron en los enfrentamientos, resguardado de gente foránea que porta armas de grueso calibre, razón por la que se espera que lleguen refuerzos al lugar.
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