En los enfrentamientos suscitados en Arcopongo y Trinidad Pampa, tres autoridades del actual Gobierno se vieron involucradas, tanto en las cooperativas como en la aprobación de personerías jurídicas, de las que sólo el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, acusado de ser accionista de la cooperativa Cruz del Sur, implicada en el caso de Trinidad Pampa, se pronunció sobre el tema, señalando que no tenía vínculo alguno y que no haría mayor referencia al respecto.
Sin embargo, las dos diputadas oficialistas Gladys Vargas y Julia Figueredo de quienes su nombre figuraba entre los accionistas de la cooperativa Palma Flor, no brindaron declaración alguna al respecto, ni tampoco fueron investigadas, como pidió el abogado defensor de una de las víctimas.
“El problema radica en la falta del ministerio público en estas zonas, no sólo de efectivos policiales, sino de una presencia institucional del Estado. En estas zonas hace falta el control de la actividad minera, nadie sabe exactamente cuántas minas están trabajando en este instante de manera legal o ilegal, o cuantas pequeñas agrupaciones de personas están iniciando nuevos campamentos en nuevas regiones, donde se encuentra oro”, señaló el ingeniero en minas, Pedro Oviedo.
Esta actividad, que opera sobretodo en el lecho de los ríos es impredecible, ya que los campamentos mineros aparecen y desaparecen con gran facilidad, no necesitan grandes maquinarias, y sólo los mueve el rumor del hallazgo de oro, que corre entre cooperativistas, quienes buscan establecerse en estas regiones con sus maquinarias y campamentos.
“Entre los que se dedican a esta actividad, se sabe que cerca o en el mismo río, se encuentra el oro en grandes cantidades, lo que llama la atención e incita a acaparar la zona donde se encuentra la beta, para que otros no la encuentren, lo que desemboca en enfrentamientos, como los ya vistos en Arcopongo, Tacacoma y Trinidad Pampa, donde simplemente hay ambición por tener toda la riqueza”, sostuvo Oviedo.
Hasta el momento no se tiene una solución definitiva para resolver los casos, no existe un control o inspección de las regiones en las que existe oro, que son reportadas sólo para obtener las concesiones o por denuncia de los pobladores o autoridades. En este contexto son muy difíciles los acuerdos y tarde o temprano las partes terminan enfrentadas.
Por su parte, las autoridades correspondientes han presentado informes de los daños, pero no han presentado una política que garantice el control, ya que la presencia de unos pocos efectivos no garantiza la seguridad en estas zonas, donde al parecer tanto comunarios, como cooperativistas viven armados como en la época de la fiebre del oro.
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