La disputa entre comunarios y mineros cooperativistas por la explotación de oro en la localidad de Arcopongo en la provincia Inquisivi del departamento paceño y que tuvo lamentables consecuencias por el enfrentamiento entre partes, ha complicado un problema que data de hace tiempo y que no ha sido encarado adecuadamente por las autoridades de área, en este caso el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) y la Comibol, para poner fin a los avasallamientos de propiedades y empresas mineras privadas o bajo concesiones especiales.
Una primera reacción de tipo oficial, confirmada por el Viceministro de Cooperativas Mineras, señala que se determinó la suspensión de operaciones en la zona del enfrentamiento, lo que significa que los cooperativistas, los comunarios y algunas empresas unipersonales no podrán hacer operaciones mineras en la zona, por lo menos durante un tiempo, hasta que se esclarezca la situación. La medida está respaldada por la decisión asumida por representantes del MMM, Comibol, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin).
Es bueno remarcar que los trámites que efectuaban algunas cooperativas mineras para sentarse en el lugar quedan sin efecto, en tanto que la Comibol asume responsabilidad para precautelar los yacimientos de esa región por tratarse de área fiscal, junto a la AJAM que coordinarán la custodia inclusive policial o militar para evitar enfrentamientos, pero principalmente para frenar el aprovechamiento indebido de los yacimientos minerales en pugna.
Lo que llama la atención es que el problema de Arcopongo, permitió establecer que en ese lugar operaban varias cooperativas ilegales, sin autorización ni personería jurídica, por tanto más de doce agrupaciones no legales en el sistema cooperativo y algunas empresas unipersonales privadas dejarán de trabajar en el sector.
GRAVE DENUNCIA
El asunto no se trata de otro avasallamiento más, pues de acuerdo a denuncias que fueron formuladas por los afectados señalaron que los causantes del enfrentamiento fueron los socios de la cooperativa Ullacaya, que utilizaron armas de fuego, ametralladoras y hasta un helicóptero, presentándose encapuchados para desalojar a los comunarios y apropiarse del yacimiento aurífero, según la versión de la Red Erbol, con las denuncias del dirigente campesino Constantino Quispe.
Son detalles importantes que muestran una figura muy delicada de cómo evoluciona la acción irregular e ilegal de los avasallamientos y nuevas figuras de su aplicación, como uso de armamento pesado y el lamentable resultado de varias víctimas fatales.
Según las autoridades, una minuciosa investigación deberá determinar quiénes son los responsables de los lamentables hechos, en tanto el ejecutivo de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) culpa directamente a la Comibol y posteriormente a la AJAM que demoran más de dos años en la aprobación de los trámites que presentaron las cooperativas para trabajar en la zona de la provincia Inquisivi de La Paz, situación que era de conocimiento de autoridades de Gobierno que no definieron oportunamente la delicada situación
De manera oficial el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, solicitó al Ministerio Público la investigación del caso para identificar a los responsables materiales de la muerte de tres cooperativistas en la región de Arcopongo.
Se trata realmente de un caso complejo, pues según los campesinos del lugar, fueron cooperativistas armados los que incursionaron en la zona y las víctimas del hecho son tres cooperativistas, por los hechos se deduciría que los campesinos también estaban armados, por lo menos así lo refiere el dirigente de otro grupo campesino, Francisco Marca, que acusa a Quispe de invadir el lugar y hacerlo con armas de fuego.
La situación se torna muy tensa y en todo caso merece un esclarecimiento para determinar responsabilidades, pues ya son muchos los avasallamientos que se han producido sin que los culpables sean sancionados, cooperativistas o comunarios, que se apropiaron de minas en explotación, se apropiaron de herramientas, equipos, mineral de las minas y en algunos casos hasta desalojaron de sus viviendas a los mineros y sus familias. Varios hechos siguen en largo proceso de investigación, mientras los avasalladores permanecen explotando mineral en propiedad ajena.
Un informe del viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, reconoce que desde el 2013 se registraron 37 conflictos mineros, de ese total 40% corresponde a invasión o avasallamiento de áreas de trabajo minero. Entre algunos de esos casos se menciona el problema interno de Colquiri, como parte inclusive de la minería estatal, en la que comparten asalariados y cooperativistas. Pero hay otros casos sin solución, Himalaya, por ejemplo entre los más connotados. De todos los casos registrados y que están en curso de "investigación" el viceministro señala que el mayor número de avasallamientos se produjeron en el distrito de La Paz, con 64%, Potosí con un 14% y en Oruro 10%.
MÁS COMPLICADOS
Un resumen de los hechos registrados en diferentes medios de comunicación, revelan la complicación de otras personas en el caso de Arcopongo, se nombra a dos diputadas y un asambleísta del partido oficialista, como socios del directorio de la Cooperativa Minera Palma Flor, que estuvo explotando oro en la región ahora en conflicto pero sin tener ninguna autorización para realizar ese trabajo. El abogado de la cooperativa Ullacaya presentó una demanda contra algunas autoridades gubernamentales (¿?) por favorecer en la tramitación de personería jurídica a los comunarios de Arcopongo, a quienes culpa como responsables de los enfrentamientos armados, que dejaron tres víctimas.
Un caso intrincado que debe ser tomado en cuenta por las autoridades superiores, especialmente las que trabajan en el área de minería, pues se trata de un hecho que no es aislado pero que denota mucha peligrosidad por la forma en que se presenta un típico caso de avasallamiento y que tiene que ver con propiedades mineras, con la consulta previa, la decisión de autoridades y el funcionamiento de cooperativas, como si fuera poco, con la recientemente aprobada Ley de Minería, normativa, que por los datos ya conocidos, no tiene un específico tratamiento sobre este tipo de actitudes ilegales.
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