El ministro de Minería César Navarro, confirmó que la cooperativa minera Ullakaya Condorini que operaba en la comunidad de Arcopongo de la provincia Inquisivi no contaba con los permisos legales para realizar operaciones mineras en la zona, si bien tienen su domicilio jurídico en la provincia Bautista Saavedra, no cuentan con el contrato directo para la explotación de oro.
Mientras que otras empresas que recién se están constituyendo en cooperativistas mineras buscan la consolidación de permisos al lado o en cercanías de la mina Ullakaya Condorini, por lo que existiría varias cooperativas mineras que sobrepasan la docena en la región, pero ninguna tendría permiso para la explotación minera de oro.
“Lo que constatamos de las informaciones preliminares, desde la semana pasada, es que las amenazas, enfrentamiento y avasallamientos, se han producido desde hace varios meses atrás, con el único objetivo de establecer la propiedad del oro y los demás temas de protección ambiental entre otros son argumentos que no tienen el mismo interés”, indicó.
Para Navarro en la región de Arcopongo deben aplicarse sanciones ejemplarizadoras a quienes han promovido el enfrentamiento, “porque muchos son responsables de tomar la decisión y llegado el momento eluden su responsabilidad, cuando cometen una acción criminal como la realizada contra las tres personas que perdieron la vida, por impacto de bala”.
La autoridad señaló que hoy se determinará las acciones que se asumirán como Estado, “basándonos en la norma, según los resultados de las investigaciones en Arcopongo”.
Para Navarro, el Ministerio Público debe individualizar a los responsables de haber promovido el enfrentamiento y la muerte de las tres personas, quienes son trabajadores cooperativistas y de la misma manera los funcionarios de la Cooperativa Minera de Bolivia (Comibol).
La autoridad del Ejecutivo no descarta que entre los funcionarios cooperativistas se encuentren involucradas personas extranjeras que estén influyendo en la determinación de promover enfrentamiento, aspecto que es analizado desde ayer en la ciudad de La Paz.
“Tenemos mucha información que llegó a la Comibol, que son parcializadas, razón por la que esperamos informes producto no solo de la inspección ocular, sino de la conversación que han sostenido las autoridades de la Gobernación y los pobladores de la provincia Inquisivi. La valoración de la subjetividad de las personas serán informadas oportunamente para asumir acciones de carácter institucional y jurídico”, sostuvo la autoridad.
LEY MINERA
Para Navarro, la Nueva Ley Minera es la construcción de una nueva pedagogía democrática política que rompe y contrasta la Ley 1777 de la anterior ley minera de Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras que la actual norma donde se toma en cuenta tanto a los cooperativistas mineros, a los trabajadores, como a la empresa estatal, los empresarios medianos y pequeños de la minería como actores directos de la producción.
“Por lo tanto la concesión minera no es una propiedad privada y por el contrario ahora son contratos de explotación al titular para que trabaje de manera directa y se concluya con los palos blancos. Además que la función económica social es modificado porque no hay espacioso ocioso, porque los planes de trabajo presentados, cuando se llegan a concesionar los permisos estos se verifican y pueden ser pasados a propiedad del Estado minero”, señaló.
Asimismo, Navarro rescata que la producción minera no concluye solo con la exploración, explotación y la concentración de minerales, sino por el contrario debe incluir la exportación donde Comibol sea el actor de la cadena productiva, mientras que el sector privado y cooperativistas ingresa en la fundición.
“Por lo tanto, los gobiernos municipales y gobernaciones deben participar en la etapa de la industrialización y donde las instancias regionales y departamentales sean corresponsables”, concluyó Navarro.
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