La disputa entre comunarios y mineros cooperativistas por la explotación de oro en la localidad de Arcopongo en la provincia Inquisivi del departamento paceño y que tuvo lamentables consecuencias por el enfrentamiento entre partes, ha complicado un problema que data de hace tiempo y que no ha sido encarado adecuadamente por las autoridades de área, en este caso el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) y la Comibol, para poner fin a los avasallamientos de propiedades y empresas mineras privadas o bajo concesiones especiales.
Una primera reacción de tipo oficial, confirmada por el Viceministro de Cooperativas Mineras, señala que se determinó la suspensión de operaciones en la zona del enfrentamiento, lo que significa que los cooperativistas, los comunarios y algunas empresas unipersonales no podrán hacer operaciones mineras en la zona, por lo menos durante un tiempo, hasta que se esclarezca la situación. La medida está respaldada por la decisión asumida por representantes del MMM, Comibol, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin).
Es bueno remarcar que los trámites que efectuaban algunas cooperativas mineras para sentarse en el lugar quedan sin efecto, en tanto que la Comibol asume responsabilidad para precautelar los yacimientos de esa región por tratarse de área fiscal, junto a la AJAM que coordinarán la custodia inclusive policial o militar para evitar enfrentamientos, pero principalmente para frenar el aprovechamiento indebido de los yacimientos minerales en pugna.
Lo que llama la atención es que el problema de Arcopongo, permitió establecer que en ese lugar operaban varias cooperativas ilegales, sin autorización ni personería jurídica, por tanto más de doce agrupaciones no legales en el sistema cooperativo y algunas empresas unipersonales privadas dejarán de trabajar en el sector.
GRAVE DENUNCIA
El asunto no se trata de otro avasallamiento más, pues de acuerdo a denuncias que fueron formuladas por los afectados señalaron que los causantes del enfrentamiento fueron los socios de la cooperativa Ullacaya, que utilizaron armas de fuego, ametralladoras y hasta un helicóptero, presentándose encapuchados para desalojar a los comunarios y apropiarse del yacimiento aurífero, según la versión de la Red Erbol, con las denuncias del dirigente campesino Constantino Quispe.
Son detalles importantes que muestran una figura muy delicada de cómo evoluciona la acción irregular e ilegal de los avasallamientos y nuevas figuras de su aplicación, como uso de armamento pesado y el lamentable resultado de varias víctimas fatales.
Según las autoridades, una minuciosa investigación deberá determinar quiénes son los responsables de los lamentables hechos, en tanto el ejecutivo de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) culpa directamente a la Comibol y posteriormente a la AJAM que demoran más de dos años en la aprobación de los trámites que presentaron las cooperativas para trabajar en la zona de la provincia Inquisivi de La Paz, situación que era de conocimiento de autoridades de Gobierno que no definieron oportunamente la delicada situación
De manera oficial el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, solicitó al Ministerio Público la investigación del caso para identificar a los responsables materiales de la muerte de tres cooperativistas en la región de Arcopongo.
Se trata realmente de un caso complejo, pues según los campesinos del lugar, fueron cooperativistas armados los que incursionaron en la zona y las víctimas del hecho son tres cooperativistas, por los hechos se deduciría que los campesinos también estaban armados, por lo menos así lo refiere el dirigente de otro grupo campesino, Francisco Marca, que acusa a Quispe de invadir el lugar y hacerlo con armas de fuego.
La situación se torna muy tensa y en todo caso merece un esclarecimiento para determinar responsabilidades, pues ya son muchos los avasallamientos que se han producido sin que los culpables sean sancionados, cooperativistas o comunarios, que se apropiaron de minas en explotación, se apropiaron de herramientas, equipos, mineral de las minas y en algunos casos hasta desalojaron de sus viviendas a los mineros y sus familias. Varios hechos siguen en largo proceso de investigación, mientras los avasalladores permanecen explotando mineral en propiedad ajena.
Un informe del viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, reconoce que desde el 2013 se registraron 37 conflictos mineros, de ese total 40% corresponde a invasión o avasallamiento de áreas de trabajo minero. Entre algunos de esos casos se menciona el problema interno de Colquiri, como parte inclusive de la minería estatal, en la que comparten asalariados y cooperativistas. Pero hay otros casos sin solución, Himalaya, por ejemplo entre los más connotados. De todos los casos registrados y que están en curso de "investigación" el viceministro señala que el mayor número de avasallamientos se produjeron en el distrito de La Paz, con 64%, Potosí con un 14% y en Oruro 10%.
MÁS COMPLICADOS
Un resumen de los hechos registrados en diferentes medios de comunicación, revelan la complicación de otras personas en el caso de Arcopongo, se nombra a dos diputadas y un asambleísta del partido oficialista, como socios del directorio de la Cooperativa Minera Palma Flor, que estuvo explotando oro en la región ahora en conflicto pero sin tener ninguna autorización para realizar ese trabajo. El abogado de la cooperativa Ullacaya presentó una demanda contra algunas autoridades gubernamentales (¿?) por favorecer en la tramitación de personería jurídica a los comunarios de Arcopongo, a quienes culpa como responsables de los enfrentamientos armados, que dejaron tres víctimas.
Un caso intrincado que debe ser tomado en cuenta por las autoridades superiores, especialmente las que trabajan en el área de minería, pues se trata de un hecho que no es aislado pero que denota mucha peligrosidad por la forma en que se presenta un típico caso de avasallamiento y que tiene que ver con propiedades mineras, con la consulta previa, la decisión de autoridades y el funcionamiento de cooperativas, como si fuera poco, con la recientemente aprobada Ley de Minería, normativa, que por los datos ya conocidos, no tiene un específico tratamiento sobre este tipo de actitudes ilegales.
Friday, May 30, 2014
DIPUTADA INTERCEDIÓ A FAVOR DE UNA COOPERATIVA
Palma Flor recibió el apoyo de instancias oficialistas, antes de que se produjera el enfrentamiento de Arcopongo, en el norte paceño.
La diputada oficialista Gladys Vargas Escóbar de Huallpa, socia fundadora de una cooperativa minera competidora, solicitó la intervención de autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para que frenen la explotación aurífera, supuestamente desarrollada por la cooperativa Ullakaya Condorini, en el río Chaqueti, relativamente próximo a la comunidad Arcopongo, provincia Inquisivi, de La Paz.
A través de una nota, fechada eñ 29 de noviembre del año pasado, la mencionada representante nacional y su colega Julia Figueredo denunciaron la actividad, que calificaron de ilegal.
Sin embargo, Telmo Cahuana Quispe, presidente de la cooperativa afectada, aseguró que en momento alguno, la unidad productiva que representa explotó oro en esa región tropical paceña.
LOS HECHOS. De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso La Prensa, se observa que la cooperativa Palma Flor se funda el 13 de marzo de 2013.
El 10 de julio de 2013 el viceministro de Empleo y Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar Marquez envió un instructivoal director general de Cooperativas, Juan Sejas Flores, para que en forma excpcional conceda Personería Jurídica a Palma Flor.
El documento señala que pese a que todos los trámites ante Comibol y el Servicio Geológico Técnico de Minas (Sergeotecmin) se encuentran paralizados, "se instruye que de forma excepcional y por emergencia de los compañeros de la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Limitada, se emita la Resolución Administrativa de Personería Jurídica".
En el mismo instructivo, se lee que "los compañeros" de la mencionada cooperativa regularizarán su documentación, cuando se promulgue la nueva Ley de Minería y Metalurgia.
La nota fue recibida un día después y el 12 de julio del año pasado, la mencionada cooperativa recibió su Personería Jurídica.
Según el registro del Ministerio de Trabajo, fue fundada el 13 de marzo de 2013. Los trámites para la concesión de estos documentos suelen demorar, en el mejor de los casos, un año.
Palma Flor obtuvo el permiso para explotar oro en el río Chaqueti, pese a que la cooperativa Ullakaya Condorini tenía el "derecho preferente” para explotar el área, pues había iniciado el trámite respectivo en 2012.
El jueves 18 de julio de 2013 se realizó el acto oficial en el que Aguilar entregó la documentación respectiva, en la que figura la lista de 27 socios fundadores, en la que la diputada Gladys Vargas figura con el número 25.
El programa del acto correspondiente contempló el discurso de agradecimiento de la diputada Gladys Vargas.
La resolución correspondiente concede 90 días para que la mencionada cooperativa presente una solicitud de área de trabajo y en la Ficha de Registro correspondiente se la ubica en la comunidad Palma Flor, del cantón Arcopongo, de la provincia Inquisivi, del departamento de La Paz.
La Prensa intentó ayer nuevamente comunicarse con la diputada Vargas, pero no asistió a la Cámara Baja ni contestó los insistentes llamados a su teléfono celular, mientras que el miércoles, la jefa de la bancada oficialista de Diputados, Flora Aguilar, dijo que su compañera se encuentra delicada de salud.
El conflicto por la explotación de oro en esa región paceña causó tres decesos y el posterior fallecimiento de dos funcionarios de la estatal minera.
La fiscalía aprehendió, en principio, a 13 personas en la localidad de arcopongo. Sin embargo, el fiscal asignado al caso, Ricardo Condori, dispuso la aprehensión de 13 personas, pero al llegar a La Paz y verificar los indicios colectados en el lugar, liberó a dos, por lo que 11 personas deben ser sometidas a una audiencia de medidas cautelares, en la que un juez decidirá la situación jurídica de los imputados de la presunta comisión de los delitos de asesinato y tenencia ilegal de armamento.
Las recusaciones. Ayer, la defensa de los imputados recusó por tercera vez a un juez. La primera administradora de justicia en ser objeto de este recurso judicial fue Lidia Coronel, de Quime, de donde el caso pasó a la jurisdicción de Sica Sica, cuyo magistrado corrió ayer la misma suerte y el expediente será remitido a Sapahaqui.
El juez de esta población paceña dispondrá de 24 horas para estudiar los documentos y establecer el momento en el que se instalará la respectiva audiencia de medidas cautelares.
Entretanto, los aprehendidos siguen las celdas judiciales de La Paz.
EL ÁREA DE TRABAJO EN DISPUTA POR LAS COOPERATIVAS ULLAKAYA CONDORINI Y PALMA FLOR SE ENCUENTRA EN TIERRAS FISCALES, ALEJADAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE ARCOPONGO, CHAQUETI Y PALMA FLOR, EN UNA ZONA BOSCOSA.
3 personas perdieron la vida en Arcopongo por los enfrentamientos entre cooperativistas.
La diputada oficialista Gladys Vargas Escóbar de Huallpa, socia fundadora de una cooperativa minera competidora, solicitó la intervención de autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para que frenen la explotación aurífera, supuestamente desarrollada por la cooperativa Ullakaya Condorini, en el río Chaqueti, relativamente próximo a la comunidad Arcopongo, provincia Inquisivi, de La Paz.
A través de una nota, fechada eñ 29 de noviembre del año pasado, la mencionada representante nacional y su colega Julia Figueredo denunciaron la actividad, que calificaron de ilegal.
Sin embargo, Telmo Cahuana Quispe, presidente de la cooperativa afectada, aseguró que en momento alguno, la unidad productiva que representa explotó oro en esa región tropical paceña.
LOS HECHOS. De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso La Prensa, se observa que la cooperativa Palma Flor se funda el 13 de marzo de 2013.
El 10 de julio de 2013 el viceministro de Empleo y Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar Marquez envió un instructivoal director general de Cooperativas, Juan Sejas Flores, para que en forma excpcional conceda Personería Jurídica a Palma Flor.
El documento señala que pese a que todos los trámites ante Comibol y el Servicio Geológico Técnico de Minas (Sergeotecmin) se encuentran paralizados, "se instruye que de forma excepcional y por emergencia de los compañeros de la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Limitada, se emita la Resolución Administrativa de Personería Jurídica".
En el mismo instructivo, se lee que "los compañeros" de la mencionada cooperativa regularizarán su documentación, cuando se promulgue la nueva Ley de Minería y Metalurgia.
La nota fue recibida un día después y el 12 de julio del año pasado, la mencionada cooperativa recibió su Personería Jurídica.
Según el registro del Ministerio de Trabajo, fue fundada el 13 de marzo de 2013. Los trámites para la concesión de estos documentos suelen demorar, en el mejor de los casos, un año.
Palma Flor obtuvo el permiso para explotar oro en el río Chaqueti, pese a que la cooperativa Ullakaya Condorini tenía el "derecho preferente” para explotar el área, pues había iniciado el trámite respectivo en 2012.
El jueves 18 de julio de 2013 se realizó el acto oficial en el que Aguilar entregó la documentación respectiva, en la que figura la lista de 27 socios fundadores, en la que la diputada Gladys Vargas figura con el número 25.
El programa del acto correspondiente contempló el discurso de agradecimiento de la diputada Gladys Vargas.
La resolución correspondiente concede 90 días para que la mencionada cooperativa presente una solicitud de área de trabajo y en la Ficha de Registro correspondiente se la ubica en la comunidad Palma Flor, del cantón Arcopongo, de la provincia Inquisivi, del departamento de La Paz.
La Prensa intentó ayer nuevamente comunicarse con la diputada Vargas, pero no asistió a la Cámara Baja ni contestó los insistentes llamados a su teléfono celular, mientras que el miércoles, la jefa de la bancada oficialista de Diputados, Flora Aguilar, dijo que su compañera se encuentra delicada de salud.
El conflicto por la explotación de oro en esa región paceña causó tres decesos y el posterior fallecimiento de dos funcionarios de la estatal minera.
La fiscalía aprehendió, en principio, a 13 personas en la localidad de arcopongo. Sin embargo, el fiscal asignado al caso, Ricardo Condori, dispuso la aprehensión de 13 personas, pero al llegar a La Paz y verificar los indicios colectados en el lugar, liberó a dos, por lo que 11 personas deben ser sometidas a una audiencia de medidas cautelares, en la que un juez decidirá la situación jurídica de los imputados de la presunta comisión de los delitos de asesinato y tenencia ilegal de armamento.
Las recusaciones. Ayer, la defensa de los imputados recusó por tercera vez a un juez. La primera administradora de justicia en ser objeto de este recurso judicial fue Lidia Coronel, de Quime, de donde el caso pasó a la jurisdicción de Sica Sica, cuyo magistrado corrió ayer la misma suerte y el expediente será remitido a Sapahaqui.
El juez de esta población paceña dispondrá de 24 horas para estudiar los documentos y establecer el momento en el que se instalará la respectiva audiencia de medidas cautelares.
Entretanto, los aprehendidos siguen las celdas judiciales de La Paz.
EL ÁREA DE TRABAJO EN DISPUTA POR LAS COOPERATIVAS ULLAKAYA CONDORINI Y PALMA FLOR SE ENCUENTRA EN TIERRAS FISCALES, ALEJADAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE ARCOPONGO, CHAQUETI Y PALMA FLOR, EN UNA ZONA BOSCOSA.
3 personas perdieron la vida en Arcopongo por los enfrentamientos entre cooperativistas.
Thursday, May 29, 2014
La fiebre del oro enfrenta a dos cooperativas mineras en Larecaja
La fiebre por la explotación de oro enfrentó esta vez a dos cooperativas mineras en el municipio de Tacacoma, provincia Larecaja del departamento de La Paz. Ambas aseguran tener concesiones y autorización para operar en el río Bancuni de la comunidad del mismo nombre.
Teodocio Huayhua, socio de la Cooperativa Bancuni Ltda, informó ayer que el 18 de mayo los miembros de la Cooperativa Machacamarka Ltda “avasallaron” sus áreas de trabajo en ese río con armas de fuego y dinamitas, además de quemar casas de algunos comunarios para que las abandonen.
“Nosotros trabajamos de forma manual a pico y pala, al estilo barranquillero, tenemos siete cuadrículas dentro de la comunidad”, explicó.
Huayhua indicó que en esa comunidad hay 75 habitantes, según el Censo 2012 y que son agro-mineros, puesto que en tiempo de lluvia se dedican a la agricultura y en tiempo seco a explotar oro, ya que cuentan con su personería jurídica. Aclaró que de esa población, 18 personas son socios de la Cooperativa Bancuni Ltda que es parte de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin).
Denunció, además, que dinamitaron una planta hidroeléctrica y tomaron de rehenes a dos de sus socios y los llevaron a la Policía de Tacacoma, donde les tomaron declaraciones. Añadió que actualmente los de la Cooperativa Machacamarka Ltda están en vigilia con dinamita en la zona y los comunarios no pueden volver a sus casas por lo que pidió a la Gobernación de La Paz envíen policías al lugar para evitar futuros enfrentamientos.
Denunciados. Ante estas acusaciones, el secretario general de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Julián Chino, indicó a La Razón que la Cooperativa Machacamarka Ltda es afiliada a su organización y que cuenta con toda la documentación para operar en el río, y que más bien ellos fueron los amedrentados en principio, por lo que sus afiliados se defendieron.
“Los de Machacamarka están al lado de Bancuni, y la cooperativa nació en 1987 y su personería jurídica es 03672”, complementó Chino, tras argumentar que en la comunidad Bancuni no hay muchos habitantes y que algunos de éstos incluso pertenecen a la Cooperativa Machacamarka por lo que el enfrentamiento se da también entre hermanos que pertenecen a diferentes grupos.
Chino aseguró que una de las dos personas que estaban como rehenes y entregados a la Policía declararon que los de Bancuni les proporcionaron armas y dinamitas para que se enfrenten con los de Machacamarka.
Por estos antecedentes, Fecoman pedirá a la Fedecomin la desafiliación de los de la Cooperativa Bancuni Ltda “porque hacen quedar mal al sector”. Además solicitarán que les eliminen su personería jurídica realizada ante instancias de gobierno. Una comisión encabezada por el director de Minería de la Gobernación de La Paz, Juan Carlos Aquívarez, fue al lugar el 19 de mayo.
Comisión viajó a la comunidad
Informe
El informe sobre los enfrentamientos suscitados en la comunidad Bancuni será conocido el lunes, señaló ayer a La Razón el director de la Gobernación de La Paz, Juan Carlos Aquívarez.
Arcopongo
Lo promovido en Bancuni es el segundo enfrentamiento por la explotación de oro que se registró en las dos últimas semanas. El primero se dio entre el 15 y 18 de mayo en la localidad de Arcopongo, provincia Inquisivi del departamento de La Paz.
Denuncian conflictos por explotación de oro en Tacacoma
Socios de la cooperativa Machacamarka Ltda. ingresaron por la fuerza a la comunidad Bancuni, en el municipio de Tacacoma de la provincia Larecaja, para controlar la explotación de oro, denunció ayer el secretario de Conflictos de la comunidad, Teodocio Huayhua.
El dirigente señaló, según radio Fides, que los atacantes sustrajeron maquinaria, objetos personales e insumos.
El hecho sucedió el 18 de mayo, cuando al menos 26 personas resultaron heridas, según la denuncia de los comunarios.
"Nuestros compañeros fueron torturados y secuestrados por esta cooperativa que se adueñó de los yacimientos mineros auríferos de la zona”, indicó el dirigente a radio Fides.
Sin embargo, el presidente de la Central de Tacacoma, Juan Beltrán, informó que en el sector hay problemas por áreas de trabajo; la cooperativa Machacamarka acusa, a su vez, a la cooperativa Bancuni.
"El hecho sucedió la anterior semana, conocemos que ahora hay un contingente policial que está asentado en el lugar. Toda la comunidad está quemada. Queremos justicia; el contingente policial que está en el lugar se parcializó”, sostuvo el dirigente.
Según la denuncia de Huayhua, los cuentapropistas, en complicidad con los denominados "cazaminas”, avasallaron las zonas auríferas donde operan pobladores del lugar desde hace 10 años.
Los pobladores de Bancuni relataron que los cooperativistas incluso dinamitaron la planta hidroeléctrica que genera energía para la población.
Huayhua afirmó que la zona es agrominera, pues en algunas épocas se vive de la explotación de oro y en otras de las cosechas.
Una comisión de la región llegó hasta La Paz para denunciar ante las autoridades pertinentes los hechos de violencia causados por la cooperativa Machacamarca.
El abogado Eduardo León dijo que al menos 26 comunarios fueron afectados y atribuyó el conflicto a la disputa por la explotación de oro.
Demandó a la Gobernación de La Paz que envíe una comisión y que la Fiscalía se desplace hasta la zona para verificar la situación y restituir el orden.
El dirigente señaló, según radio Fides, que los atacantes sustrajeron maquinaria, objetos personales e insumos.
El hecho sucedió el 18 de mayo, cuando al menos 26 personas resultaron heridas, según la denuncia de los comunarios.
"Nuestros compañeros fueron torturados y secuestrados por esta cooperativa que se adueñó de los yacimientos mineros auríferos de la zona”, indicó el dirigente a radio Fides.
Sin embargo, el presidente de la Central de Tacacoma, Juan Beltrán, informó que en el sector hay problemas por áreas de trabajo; la cooperativa Machacamarka acusa, a su vez, a la cooperativa Bancuni.
"El hecho sucedió la anterior semana, conocemos que ahora hay un contingente policial que está asentado en el lugar. Toda la comunidad está quemada. Queremos justicia; el contingente policial que está en el lugar se parcializó”, sostuvo el dirigente.
Según la denuncia de Huayhua, los cuentapropistas, en complicidad con los denominados "cazaminas”, avasallaron las zonas auríferas donde operan pobladores del lugar desde hace 10 años.
Los pobladores de Bancuni relataron que los cooperativistas incluso dinamitaron la planta hidroeléctrica que genera energía para la población.
Huayhua afirmó que la zona es agrominera, pues en algunas épocas se vive de la explotación de oro y en otras de las cosechas.
Una comisión de la región llegó hasta La Paz para denunciar ante las autoridades pertinentes los hechos de violencia causados por la cooperativa Machacamarca.
El abogado Eduardo León dijo que al menos 26 comunarios fueron afectados y atribuyó el conflicto a la disputa por la explotación de oro.
Demandó a la Gobernación de La Paz que envíe una comisión y que la Fiscalía se desplace hasta la zona para verificar la situación y restituir el orden.
Mineros denuncian que Gobierno conocía los líos en Arcopongo
El Ministerio de Trabajo, la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM) y la Cámara de Senadores conocían desde 2013 los conflictos en Arcopongo por la explotación de oro, pero no escucharon las advertencias de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).
El secretario general de la Fecoman, Julián Chino, informó ayer que, con el fin de evitar posibles enfrentamientos entre los cooperativistas de Palma Flor, integrada por comunarios del lugar, con los socios de la cooperativa minera Ullakaya Condorini, la federación envió cartas de alerta a varias reparticiones del Gobierno.
"Los enfrentamientos que se dieron la pasada semana en Arcopongo, donde murieron tres cooperativistas mineros, se pudieron haber evitado. En 2013 nosotros enviamos cartas al ministro de Trabajo (Daniel Santalla), a la AGJAM, a la Fencomin e incluso a la señora (Gabriela) Montaño (expresidenta de la Cámara de Senadores), pero no hicieron nada desde esa fecha”, afirmó el dirigente con documentos en la mano.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) también conocía la situación conflictiva, pues se le envió un informe. El secretario de Conflictos del sector, Waldo Huayta, dijo que se convocó a ambos sectores en conflicto, pero había posiciones radicales, por lo que las autoridades del Gobierno eran las encargadas de resolver el problema.
"Nosotros, en su debido momento, sugerimos que se inmovilizara el área en conflicto, pero Sergeotecmin seguía midiendo las cuadrículas, la AGJAM continuaba recibiendo las solicitudes para explotar en la zona y la Comibol no se pronunció pese a conocer el hecho; entonces, ellos tienen responsabilidad”, señaló Huayta.
Las misivas
En la carta enviada al ministro Santalla el 11 de diciembre de 2013, la Fecoman solicita que interponga sus "buenos oficios” para destituir de su cargo al viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar.
En la misiva se cuestiona la instrucción que éste da al director de Cooperativas, Juan Sejas, para que emita de forma "excepcional” la resolución administrativa de la personería jurídica a la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Limitada en 48 horas, a diferencia de otras que llevan a cabo el trámite en dos a tres años (ver fotocopia).
En la carta remitida al director de la AGJAM, Carlos Soruco, el 14 de octubre de 2013, se denuncia el avasallamiento que sufre la cooperativa Ullakaya, pese a tener el derecho de prioridad en las gestiones de licencia de operación.
"La Cooperativa Minera Ullakaya Condorini Limitada viene realizando trámites de contrato de arrendamiento ante la AGJAM desde 2012, trámites que hasta la fecha no son concluidos, debido a la influencia de la diputada suplente Gladys Vargas Aguilar, en complicidad con el viceministro Tiburcio Aguilar, quienes estarían solicitando el archivo de la carpeta y la revocatoria del contrato”, indica la misiva enviada a Soruco.
En la AGJAM confirmaron que recibieron la denuncia de Fencoman, pero contestaron a los cooperativistas que la entidad no tenía competencia para resolver problemas de avasallamiento en áreas mineras y que éstos deben ser denunciados en el Ministerio Público.
Rechazan inmovilización del área de Chaquety
La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) rechazó ayer la inmovilización temporal de los contratos de arrendamiento en el área del río Chaquety, que determinó la Comibol el viernes 23. El sector afirma que al menos 50 cooperativas fueron afectadas.
"Están atentando contra las cooperativas mineras que pagaron y tramitaron su personería jurídica, son cooperativas preconstituidas. En una asamblea determinaremos qué medidas asumiremos ante la inmovilización; de momento hemos solicitado una reunión con el ministro de Minería (César Navarro”, declaró ayer el secretario general de Fecoman, Julián Chino.
Al menos 44 áreas para explotar oro en el río Chaquety, en la comunidad de Arcopongo, en La Paz, fueron inmovilizadas debido a los conflictos suscitados la pasada semana, cuando cooperativistas y comunarios se enfrentaron por la riqueza del área.
Para operar en la zona aurífera se presentaron al menos 44 solicitudes de contratos de arrendamiento minero, pero todos estaban en pleno trámite; 28 pertenecen a cooperativas mineras auríferas, 13 a empresas privadas y tres a firmas unipersonales.
Según Chino, en el área inmovilizada hay al menos 50 cooperativas: 20 de Fecoman y 30 de Fedecomin de La Paz; muchas no están registradas en Sergeotecmin.
Gobierno pidió que se investigue al Viceministerio de Cooperativas
El Ministerio de Trabajo instruyó en enero de este año que se investigue al Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas por haber otorgado personería jurídica a la Cooperativa Minera Palma Flor Limitada, que presuntamente fue aprobada en 48 horas, informaron en esa cartera del Estado.
Según la orden del ministro Daniel Santalla, las direcciones de Transparencia y Asuntos Jurídicos están encargadas de recopilar los informes sobre la resolución administrativa aprobada en julio de 2013.
La pasada semana, los abogados Eduardo León y Mishael Cruz denunciaron que Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de la comunidad Arcopongo, con la presunta influencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar; de la diputada suplente del MAS Gladys Vargas y del asambleísta departamental Juan Marca, de Arcopongo.
El Instructivo 004/2013 emitido el 10 de julio de 2013 por el viceministro Aguilar al director general de Cooperativas, Juan Sejas, dispone lo siguiente: "Es de su conocimiento que el reglamento de la Ley de Suscripción de Contratos Mineros 368 está en proceso de elaboración; en consecuencia, todos los trámites ante la Comibol y Sergeotecmin están paralizados. En ese sentido, se le instruye que de forma excepcional y por emergencia de los compañeros de la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Ltda. se emita la resolución administrativa de personería (...)”.
El secretario general de la Fecoman, Julián Chino, informó ayer que, con el fin de evitar posibles enfrentamientos entre los cooperativistas de Palma Flor, integrada por comunarios del lugar, con los socios de la cooperativa minera Ullakaya Condorini, la federación envió cartas de alerta a varias reparticiones del Gobierno.
"Los enfrentamientos que se dieron la pasada semana en Arcopongo, donde murieron tres cooperativistas mineros, se pudieron haber evitado. En 2013 nosotros enviamos cartas al ministro de Trabajo (Daniel Santalla), a la AGJAM, a la Fencomin e incluso a la señora (Gabriela) Montaño (expresidenta de la Cámara de Senadores), pero no hicieron nada desde esa fecha”, afirmó el dirigente con documentos en la mano.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) también conocía la situación conflictiva, pues se le envió un informe. El secretario de Conflictos del sector, Waldo Huayta, dijo que se convocó a ambos sectores en conflicto, pero había posiciones radicales, por lo que las autoridades del Gobierno eran las encargadas de resolver el problema.
"Nosotros, en su debido momento, sugerimos que se inmovilizara el área en conflicto, pero Sergeotecmin seguía midiendo las cuadrículas, la AGJAM continuaba recibiendo las solicitudes para explotar en la zona y la Comibol no se pronunció pese a conocer el hecho; entonces, ellos tienen responsabilidad”, señaló Huayta.
Las misivas
En la carta enviada al ministro Santalla el 11 de diciembre de 2013, la Fecoman solicita que interponga sus "buenos oficios” para destituir de su cargo al viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar.
En la misiva se cuestiona la instrucción que éste da al director de Cooperativas, Juan Sejas, para que emita de forma "excepcional” la resolución administrativa de la personería jurídica a la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Limitada en 48 horas, a diferencia de otras que llevan a cabo el trámite en dos a tres años (ver fotocopia).
En la carta remitida al director de la AGJAM, Carlos Soruco, el 14 de octubre de 2013, se denuncia el avasallamiento que sufre la cooperativa Ullakaya, pese a tener el derecho de prioridad en las gestiones de licencia de operación.
"La Cooperativa Minera Ullakaya Condorini Limitada viene realizando trámites de contrato de arrendamiento ante la AGJAM desde 2012, trámites que hasta la fecha no son concluidos, debido a la influencia de la diputada suplente Gladys Vargas Aguilar, en complicidad con el viceministro Tiburcio Aguilar, quienes estarían solicitando el archivo de la carpeta y la revocatoria del contrato”, indica la misiva enviada a Soruco.
En la AGJAM confirmaron que recibieron la denuncia de Fencoman, pero contestaron a los cooperativistas que la entidad no tenía competencia para resolver problemas de avasallamiento en áreas mineras y que éstos deben ser denunciados en el Ministerio Público.
Rechazan inmovilización del área de Chaquety
La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) rechazó ayer la inmovilización temporal de los contratos de arrendamiento en el área del río Chaquety, que determinó la Comibol el viernes 23. El sector afirma que al menos 50 cooperativas fueron afectadas.
"Están atentando contra las cooperativas mineras que pagaron y tramitaron su personería jurídica, son cooperativas preconstituidas. En una asamblea determinaremos qué medidas asumiremos ante la inmovilización; de momento hemos solicitado una reunión con el ministro de Minería (César Navarro”, declaró ayer el secretario general de Fecoman, Julián Chino.
Al menos 44 áreas para explotar oro en el río Chaquety, en la comunidad de Arcopongo, en La Paz, fueron inmovilizadas debido a los conflictos suscitados la pasada semana, cuando cooperativistas y comunarios se enfrentaron por la riqueza del área.
Para operar en la zona aurífera se presentaron al menos 44 solicitudes de contratos de arrendamiento minero, pero todos estaban en pleno trámite; 28 pertenecen a cooperativas mineras auríferas, 13 a empresas privadas y tres a firmas unipersonales.
Según Chino, en el área inmovilizada hay al menos 50 cooperativas: 20 de Fecoman y 30 de Fedecomin de La Paz; muchas no están registradas en Sergeotecmin.
Gobierno pidió que se investigue al Viceministerio de Cooperativas
El Ministerio de Trabajo instruyó en enero de este año que se investigue al Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas por haber otorgado personería jurídica a la Cooperativa Minera Palma Flor Limitada, que presuntamente fue aprobada en 48 horas, informaron en esa cartera del Estado.
Según la orden del ministro Daniel Santalla, las direcciones de Transparencia y Asuntos Jurídicos están encargadas de recopilar los informes sobre la resolución administrativa aprobada en julio de 2013.
La pasada semana, los abogados Eduardo León y Mishael Cruz denunciaron que Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de la comunidad Arcopongo, con la presunta influencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar; de la diputada suplente del MAS Gladys Vargas y del asambleísta departamental Juan Marca, de Arcopongo.
El Instructivo 004/2013 emitido el 10 de julio de 2013 por el viceministro Aguilar al director general de Cooperativas, Juan Sejas, dispone lo siguiente: "Es de su conocimiento que el reglamento de la Ley de Suscripción de Contratos Mineros 368 está en proceso de elaboración; en consecuencia, todos los trámites ante la Comibol y Sergeotecmin están paralizados. En ese sentido, se le instruye que de forma excepcional y por emergencia de los compañeros de la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Ltda. se emita la resolución administrativa de personería (...)”.
Wednesday, May 28, 2014
Se extrae ilegalmente oro a lo largo del río Chaquety Unas 44 áreas de explotación se paralizaron en Arcopongo
Al menos 44 áreas para explotar oro en el río Chaquety, en la comunidad Arcopongo, en La Paz, fueron inmovilizadas debido a los conflictos suscitados la pasada semana, cuando cooperativistas y comunarios se enfrentaron por la riqueza del área.
Los datos están incluidos en un informe de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) (ver gráfica).
Para operar en la zona aurífera se presentaron al menos 44 solicitudes de contratos de arrendamiento minero, pero todos estaban en pleno trámite; 28 pertenecen a cooperativas mineras auríferas, 13 a empresas privadas y tres a firmas unipersonales.
El 23 de mayo, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) aprobó la Resolución 5768/2014 que determina "aprobar la inmovilización temporal del área minera del río Chaquety, sector ubicado en los cantones Arcopongo y Asunta, provincias Inquisivi y Sud Yungas, hasta la solución definitiva del conflicto social en sujeción a la Ley 3720 y el Decreto Supremo 29117”.
Además, se rechazan todas las solicitudes de los operadores para explotar el área minera.
El ministro de Minería, César Navarro, dijo el lunes 26 que la cantidad de requerimientos en la zona de conflicto suman alrededor de 23.
Sin embargo, entre las zonas que fueron inmovilizadas, en el sector del río Chaquety, están las áreas Thaya Jawira, Cumbre Dorada, Toro Dorado, Chaquety, Aguas Blancas, Lambayeque, Tunki, El Tesoro y Cotani, que en total suman 44 áreas.
Según el informe oficial, entre las solicitudes que hicieron los cuentapropistas están la cooperativa minera aurífera Ullakaya Condorini Ltda., que busca operar en el área Ullakaya Condorini; la Cooperativa Minera Chaquetyplaz, que intenta explotar la zona Cha quety El Tesoro y la cooperativa Palma Flor Ltda. en Palma Flor, entre otras (ver cuadro).
Entre las compañías privadas que buscaban autorización están la Empresa Minera Aurífera Cumbre Dorada S.R.L. y la Empresa Minera Tunki S.R.L.; en ambos casos gestionaban operaciones en al menos ocho áreas.
La explotación ilegal
El lunes, el ministro Navarro reiteró que la explotación que hicieron en el lugar algunas cooperativas mineras es ilegal, debido a que ninguna de las solicitudes completó el trámite ante las instituciones correspondientes.
Pese a que hubo pedidos para trabajar en el lugar, los operadores no esperaron a que se apruebe la licencia y, por el contrario, explotaron ilegalmente; a causa de ello se desconoce el volumen extraído, aclaró.
La pasada semana, el presidente de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Thelmo Cahuana, denunció que desde hace dos años presentaron su solicitud ante la Comibol para explotar oro, pero denunció que fue trabada a causa del "tráfico de influencias” por parte de la diputada Gladys Vargas, una de las socias de la cooperativa Palma Flor, la segunda en tramitar el permiso.
Navarro indicó que si bien Ullakaya Condirini fue la primera en hacer su solicitud, su plan de trabajo fue observado.
El abogado Eduardo León denunció que Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de la comunidad Arcopongo, con la presunta influencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, de la diputada suplente del MAS Gladys Vargas y del asambleísta departamental Juan Marca, de Arcopongo.
Piden investigar presunto tráfico de influencias en Palma Flor
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle (MAS), pidió ayer que se investigue a los funcionarios que presuntamente dieron celeridad a la personería jurídica de la cooperativa minera Palma Flor.
"Hay que investigar a quienes han dado esta resolución para la personería jurídica. No hay que encubrir a nadie, tienen que caer todos los que son culpables”, dijo el legislador, según el reporte de la red ERBOL.
El abogado de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, denunció que el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, instruyó, en julio de 2013, al director general de Cooperativas, Juan Sejas, que apruebe "excepcionalmente” la personalidad jurídica de Palma Flor; una de las socias es la diputada suplente por el MAS Gladys Vargas.
Afirmó que en tiempo "récord” fue aceptada la solicitud.
La jefa de la bancada del MAS, Flora Aguilar, dijo que no tiene información sobre el tema debido a que la diputada Vargas "está delicada de salud”.
Sostuvo que las acusaciones contra Vargas son políticas.
Calle insistió que no interesa si los legisladores son del MAS.
"Cuando nos designaron como autoridades, era para que trabajemos por la población y no para que nos beneficiemos del cargo, esto es uso indebido de influencias. Se tiene que sancionar a cualquiera que sea la persona y con doble razón si son del MAS”, remarcó el diputado.
Ullakaya presentó solicitud en 2012 y Palma Flor en 2013
La Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya Condorini Ltda. presentó su solicitud en diciembre de 2012 para explotar en el río Chaquety, en la comunidad Arcopongo, informaron en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
La Cooperativa Minera Palma Flor Ltda., junto a otras más, hicieron su pedido a partir de agosto de 2013, una vez que el rol de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM) entró en vigencia.
Se conoció que, luego de que Ullakaya presentó su solicitud, varias comunidades se asentaron por la "fiebre del oro”.
El presidente de la Cooperativa Ullakaya, Thelmo Cahuana, informó ayer que cuando llegaron al río Chaquety, en 2012, no había comunidades asentadas por el lugar, pero cuando descubrieron el yacimiento aurífero de un momento a otro llegaron diferentes personas, que en su mayoría son de Arcopongo, localidad que está a gran distancia del área minera.
"Si los comunarios hubieran residido en las inmediaciones del río Chaquety, también se podría evidenciar la producción agrícola, pero no es así, en el lugar no hay ni un plátano y eso se puede verificar”, enfatizó.
Los datos están incluidos en un informe de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) (ver gráfica).
Para operar en la zona aurífera se presentaron al menos 44 solicitudes de contratos de arrendamiento minero, pero todos estaban en pleno trámite; 28 pertenecen a cooperativas mineras auríferas, 13 a empresas privadas y tres a firmas unipersonales.
El 23 de mayo, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) aprobó la Resolución 5768/2014 que determina "aprobar la inmovilización temporal del área minera del río Chaquety, sector ubicado en los cantones Arcopongo y Asunta, provincias Inquisivi y Sud Yungas, hasta la solución definitiva del conflicto social en sujeción a la Ley 3720 y el Decreto Supremo 29117”.
Además, se rechazan todas las solicitudes de los operadores para explotar el área minera.
El ministro de Minería, César Navarro, dijo el lunes 26 que la cantidad de requerimientos en la zona de conflicto suman alrededor de 23.
Sin embargo, entre las zonas que fueron inmovilizadas, en el sector del río Chaquety, están las áreas Thaya Jawira, Cumbre Dorada, Toro Dorado, Chaquety, Aguas Blancas, Lambayeque, Tunki, El Tesoro y Cotani, que en total suman 44 áreas.
Según el informe oficial, entre las solicitudes que hicieron los cuentapropistas están la cooperativa minera aurífera Ullakaya Condorini Ltda., que busca operar en el área Ullakaya Condorini; la Cooperativa Minera Chaquetyplaz, que intenta explotar la zona Cha quety El Tesoro y la cooperativa Palma Flor Ltda. en Palma Flor, entre otras (ver cuadro).
Entre las compañías privadas que buscaban autorización están la Empresa Minera Aurífera Cumbre Dorada S.R.L. y la Empresa Minera Tunki S.R.L.; en ambos casos gestionaban operaciones en al menos ocho áreas.
La explotación ilegal
El lunes, el ministro Navarro reiteró que la explotación que hicieron en el lugar algunas cooperativas mineras es ilegal, debido a que ninguna de las solicitudes completó el trámite ante las instituciones correspondientes.
Pese a que hubo pedidos para trabajar en el lugar, los operadores no esperaron a que se apruebe la licencia y, por el contrario, explotaron ilegalmente; a causa de ello se desconoce el volumen extraído, aclaró.
La pasada semana, el presidente de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Thelmo Cahuana, denunció que desde hace dos años presentaron su solicitud ante la Comibol para explotar oro, pero denunció que fue trabada a causa del "tráfico de influencias” por parte de la diputada Gladys Vargas, una de las socias de la cooperativa Palma Flor, la segunda en tramitar el permiso.
Navarro indicó que si bien Ullakaya Condirini fue la primera en hacer su solicitud, su plan de trabajo fue observado.
El abogado Eduardo León denunció que Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de la comunidad Arcopongo, con la presunta influencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, de la diputada suplente del MAS Gladys Vargas y del asambleísta departamental Juan Marca, de Arcopongo.
Piden investigar presunto tráfico de influencias en Palma Flor
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle (MAS), pidió ayer que se investigue a los funcionarios que presuntamente dieron celeridad a la personería jurídica de la cooperativa minera Palma Flor.
"Hay que investigar a quienes han dado esta resolución para la personería jurídica. No hay que encubrir a nadie, tienen que caer todos los que son culpables”, dijo el legislador, según el reporte de la red ERBOL.
El abogado de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, denunció que el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, instruyó, en julio de 2013, al director general de Cooperativas, Juan Sejas, que apruebe "excepcionalmente” la personalidad jurídica de Palma Flor; una de las socias es la diputada suplente por el MAS Gladys Vargas.
Afirmó que en tiempo "récord” fue aceptada la solicitud.
La jefa de la bancada del MAS, Flora Aguilar, dijo que no tiene información sobre el tema debido a que la diputada Vargas "está delicada de salud”.
Sostuvo que las acusaciones contra Vargas son políticas.
Calle insistió que no interesa si los legisladores son del MAS.
"Cuando nos designaron como autoridades, era para que trabajemos por la población y no para que nos beneficiemos del cargo, esto es uso indebido de influencias. Se tiene que sancionar a cualquiera que sea la persona y con doble razón si son del MAS”, remarcó el diputado.
Ullakaya presentó solicitud en 2012 y Palma Flor en 2013
La Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya Condorini Ltda. presentó su solicitud en diciembre de 2012 para explotar en el río Chaquety, en la comunidad Arcopongo, informaron en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
La Cooperativa Minera Palma Flor Ltda., junto a otras más, hicieron su pedido a partir de agosto de 2013, una vez que el rol de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM) entró en vigencia.
Se conoció que, luego de que Ullakaya presentó su solicitud, varias comunidades se asentaron por la "fiebre del oro”.
El presidente de la Cooperativa Ullakaya, Thelmo Cahuana, informó ayer que cuando llegaron al río Chaquety, en 2012, no había comunidades asentadas por el lugar, pero cuando descubrieron el yacimiento aurífero de un momento a otro llegaron diferentes personas, que en su mayoría son de Arcopongo, localidad que está a gran distancia del área minera.
"Si los comunarios hubieran residido en las inmediaciones del río Chaquety, también se podría evidenciar la producción agrícola, pero no es así, en el lugar no hay ni un plátano y eso se puede verificar”, enfatizó.
Ullakaya calculaba obtener unos $us 44,5 MM de utilidades al año
El perfil de proyecto de la Cooperativa Ullakaya Condorini Ltda. para la obtención de la concesión minera en el río Chaquety indica que esta asociación calculaba obtener una utilidad mensual de $us 3,7 millones, monto que al año sumaría $us 44,5 millones por la explotación de oro en el área.
El documento, al que tuvo acceso La Razón, señala que las utilidades se iban a generar “sin tomar en cuenta los costos de salud y seguros a corto y largo plazo”. Este perfil de proyecto fue presentado el 12 de diciembre de 2012 a la Unidad de Contratos Mineros de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, según los sellos plasmados en los papeles.
En ese perfil se indica que dicha cooperativa se encuentra tramitando su personería jurídica así como todos sus documentos legales y pide a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) una concesión minera denominada Ullakaya Condorini II.
Se añade que, de acuerdo al muestreo realizado, se cuenta con “48.600 toneladas de reservas auríferas con 0,76 gramos la tonelada de ley” para el presente proyecto, pudiendo subir las mismas si se concedieran otras áreas dentro de la misma concesión.
De acuerdo con ese proyecto, la explotación iba a ser a cielo abierto con uso de maquinaria pesada. También se añade que las inversiones calculadas para ese cometido son millonarias por los costos de operación debido al alquiler de maquinaria para llevar adelante el proyecto aurífero.
El documento señala también que por las utilidades calculadas, “el proyecto es factible y se recomienda su ejecución bajo los parámetros y costos establecidos en el estudio, tomando en cuenta que se debe realizar un estricto control de los gastos y una eficiente administración”.
Entre otros aspectos, ese perfil añade que “para una segunda fase del proyecto, se debe realizar la cuantificación de las reservas existentes en las terrazas antiguas, lo que dará mayor seguridad al proyecto”.
El presidente de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Telmo Cahuana, explicó a La Razón que ese proyecto fue presentado por el anterior directorio, pero que además ese perfil fue rechazado por las autoridades porque se exigió mayor precisión en los datos técnicos y por lo tanto no se realizó ninguna explotación de oro. El dirigente argumentó que los comunarios de Arcopongo y otras cooperativas al enterarse de ese proyecto y las utilidades que se iban a generar, recién se interesaron en la zona.
“Antes no había habitantes cerca del río”, señaló Cahuana, tras comentar que en agosto de 2012 realizaron una expedición a la zona pero no con el afán de explotar oro, sino buscar terrenos para sembrar café pues en Pilón Lajas, donde se ocupó un área, no les autorizaban esos cultivos por tratarse de un área protegida. “Ese lugar era una esperanza para nosotros”.
Parques. En una entrevista en Radio Compañera, el gobernador de La Paz, César Cocarico, informó ayer que en la parte de la amazonía paceña, como el Madidi y Pilón Lajas, hay “bastante ambición” de áreas para explotar, pero que de alguna manera la declaratoria “de parques nacionales” que tienen esas zonas las protegen.
Cocarico explicó que las solicitudes de las cooperativas no solo son para explotar en el río Chaquety, que es largo y grande, sino en otros ríos que existen en Arcopongo que bajan y confluyen hacia Cochabamba.
“Es bastante la posibilidad de tener oro (en ese río), sin embargo que alguien nos diga la potencialidad aurífera del sector no la tenemos, porque nadie ha hecho un estudio científico”, manifestó el Gobernador.
El abogado de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, complementó a La Razón que cuando los de la Cooperativa Palma Flor se enteraron de las utilidades que se podían generar por la explotación de oro en el río Chaquety, “recién abrieron los ojos” y empezaron a explotar.
Solicitudes de áreas
Datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras indican que los de Ullakaya solicitaron 50 áreas para explotar oro en el río Chaquety.
Comunarios anuncian bloqueo de vías
Este domingo, los comunarios de la provincia Inquisivi de La Paz realizarán un ampliado en el municipio de Quime para organizar el bloqueo de caminos desde la próxima semana en exigencia de justicia por las muertes en Palma Flor y pedir garantías para algunos dirigentes del lugar. Aseguran que hay persecuciones de los de la Cooperativa Ullakaya Condorini.
El anuncio fue realizado por el ejecutivo provincial de Inquisivi, Anastasio Ramos, quien ayer junto a otros comunarios de Palma Flor se hicieron presentes en puertas del Tribunal Departamental de Justicia donde debía llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares para los 11 aprehendidos por los hechos de violencia suscitados en Arcopongo, entre el 15 y 18 de mayo.
“Estoy bajando a una consulta de mi provincia, invito a las seis seccionales para un ampliado de emergencia y dar un ultimátum (a los de la Cooperativa Ullakaya Condorini) e ir a un bloqueo de caminos desde la siguiente semana”, advirtió Ramos.
Junto a este dirigente estaba Rogelia Quispe Bautista, esposa de Antonio Flores Calle (27), oriundo de la comunidad de Siquimirani, pero que radicaba en Palma Flor, donde fue encontrado muerto. “A mi marido me lo han matado, su pie me lo han hecho como charque, él ha ido a chaquear, no era cooperativista”, dijo la viuda. En los enfrentamientos fallecieron también Mario Villegas (19 ), oriundo de Marancelani, pero que vivía en Palma Flor, y Gonzalo Cabrera, de la Cooperativa Ullakaya.
Gobernador habla de una consulta previa en el lugar
El gobernador de La Paz, César Cocarico, indicó ayer que en el camino de la implementación de la nueva Ley de Minería que será promulgada hoy, se debe armar una buena estrategia para solucionar los conflictos en Arcopongo y una de éstas sería realizar una “consulta previa” en la zona para que se decida sobre la explotación de oro.
Según abogado, hay ocho aprehendidos ilegalmente
Marco Araníbar, abogado de ocho de los 11 aprehendidos por la Fiscalía en el caso Arcopongo, denunció ayer que sus clientes fueron trasladados a la urbe paceña y fueron acusados de ser parte de la Cooperativa Ullakaya Condorini, sin tomar en cuenta que tienen como prueba boletos de transporte del 17 de mayo con dirección a La Asunta.
Ley minera se promulga hoy
El viceministro de Cooperativas Mineras, Jose Luis Chorolque, informó ayer que la nueva Ley de Minería, que normará todas las actividades del área, será promulgada hoy en la ciudad de Oruro.
Tuesday, May 27, 2014
Senado pedirá informe escrito al Ejecutivo sobre enfrentamientos en Arcopongo
El primer secretario de la Cámara de Senadores anunció hoy que pedirán un informe escrito a las autoridades del Órgano Ejecutivo sobre los enfrentamientos entre mineros cooperativistas y pobladores en la localidad de Arcopongo, en el departamento de La Paz, que dejó el saldo de tres personas fallecidas y varios heridos.
'Se está elaborando el cuestionario respectivo para ser enviado en el curso de las próximas horas a los ministros de Minería y de Gobierno, (Cesar Navarro y Carlos Romero, respectivamente)', indicó.
La petición de informe también estará dirigida al gobernador de La Paz, Cesar Cocarico, a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) y otras instituciones involucradas en el tema.
Condori explicó que con ese informe la Cámara Alta pretende conocer 'cuáles han sido los móviles' para el enfrentamiento entre mineros cooperativistas, quiénes participaron, de dónde provino el armamento, cómo se cumple las leyes de Armas y de Avasallamientos, entre otros aspectos.
Según un informe oficial, el 18 de mayo pasado, cooperativistas mineros de la localidad Palma Flor se enfrentaron con mineros de la cooperativa Ullakaya Condorini por unos predios en el río Chaquety para explotar oro, el hecho dejó tres fallecidos, Antonio Flores, Mario Villegas, ambos de la comunidad Palma Flor, y Gonzalo Cabrera Huanca, de Ullakaya.
'Se está elaborando el cuestionario respectivo para ser enviado en el curso de las próximas horas a los ministros de Minería y de Gobierno, (Cesar Navarro y Carlos Romero, respectivamente)', indicó.
La petición de informe también estará dirigida al gobernador de La Paz, Cesar Cocarico, a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) y otras instituciones involucradas en el tema.
Condori explicó que con ese informe la Cámara Alta pretende conocer 'cuáles han sido los móviles' para el enfrentamiento entre mineros cooperativistas, quiénes participaron, de dónde provino el armamento, cómo se cumple las leyes de Armas y de Avasallamientos, entre otros aspectos.
Según un informe oficial, el 18 de mayo pasado, cooperativistas mineros de la localidad Palma Flor se enfrentaron con mineros de la cooperativa Ullakaya Condorini por unos predios en el río Chaquety para explotar oro, el hecho dejó tres fallecidos, Antonio Flores, Mario Villegas, ambos de la comunidad Palma Flor, y Gonzalo Cabrera Huanca, de Ullakaya.
Oro de Inquisivi genera conflictos entre sectores y daños ambientales
La explotación ilegal de oro en esta provincia, desde hace mucho tiempo atrás no solo genera problemas de interés, sino también daños ambientales que van deteriorando la salud de los pobladores, de la actividad ganadera y la agricultora de la región, tal como manifestaron pobladores y autoridades originarias de la región.
En la última semana, la provincia Inquisivi ha sido víctima de un conflicto en el que han confluido varios actores, que por un interés sobre los yacimientos de oro en la región del río Choqueti, al igual que en los años de la “fiebre del oro”, donde se mataba por apoderarse de un pedazo de tierra para explotarla.
Sin embargo, este no es el único conflicto que se tiene a raíz de la actividad minera, ya que un grupo de dirigentes y representantes de la provincia Inquisivi llegaron hasta EL DIARIO, para hacer conocer que habían decidido declararse en emergencia, por la falta de atención de las autoridades ante este conflicto y la contaminación ambiental que se estaba generando en varias comunidades de la provincia.
“La contaminación es fuerte, no se puede ni lavar ropa y mucho menos usar el agua para el consumo humano o animal, por lo que pedimos que haya protección, necesitamos una ley que proteja el agua y cuide el medioambiente, necesitamos que las autoridades controlen este tipo de actividades que muchas veces llegan a avasallar a los comunarios”, manifestó la ejecutiva de la organización Bartolina Sisa de la provincia Inquisivi, Raimunda Molleni.
Por su parte el representante de Amdepaz, Ramiro Orellana, manifestó que en este sector casi el total de los ríos están contaminados, debido a que las empresas mineras tanto grandes como pequeñas han rodeado la provincia, trabajando de manera artesanal e ilegal, sin condiciones de seguridad ambiental sin que nadie supervise el uso de químicos que envenenan el agua.
Este problema va ligado a la concesión de minas sin previa consulta a los comunarios, quienes se ven sorprendidos al encontrar empresas nuevas que dejan inutilizables los ojos de agua y que con permisos llegan a las comunidades a trabajar en terrenos que según los pobladores son parte de su uso ancestral.
“Existe una ley internacional que norma la autodeterminación de los pueblos y exige la consulta previa para las comunidades que tienen recursos naturales, cosa que no se cumple sobre todo en el sector minero y son estas actitudes las que derivan en enfrentamientos y en avasallamientos tanto de las empresas, como de los comunarios que muchas veces deciden tomar la mina por la fuerza”, manifestó el abogado investigador de derechos de los pueblos indígenas, Gustavo Terrazas.
Prueba del mal que se hace a la salud de los pobladores de las 280 comunidades de las seis secciones de la provincia Inquisivi, es que en la certificación presentada por especialistas para el acceso a un incentivo en Seguridad Alimentaria, se diagnosticó que los niños de estas regiones sufren disenterías e infecciones relacionadas a la contaminación de químicos utilizados en la minería.
“Todo está siendo afectado, hay tierras que ya no son productivas, están muertas, al igual que su fauna, es preocupante lo que está sucediendo sin que nadie le de importancia”, manifestó Orellana.
AUSENCIA DEL ESTADO
Al respecto, el abogado asesor de la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra, autoridad ambiental competente a nivel departamental, Alejandro Espada, señaló que si bien ellos tienen las atribuciones de controlar y fiscalizar cualquier actividad, obra o proyecto público o privado, en el caso de la minería, esta labor se ve dificultada por las características de este rubro y de los lugares donde asientan su actividad.
“Muchas de las actividades, no solo en Inquisivi, sino en todo el departamento son ilegales y se encuentran en lugares de difícil acceso, no existe una posibilidad de encontrarlos rápidamente, ni de llegar a hacer controles a todas las actividades, por la misma naturaleza de la actividad minera, que no están fijas en algún lugar, lo que nos lleva a actuar en base a denuncias”, manifestó la autoridad.
Este es el caso de Arcopongo, donde los mismos comunarios deben viajar hasta dos días para llegar a la Sede de Gobierno para hacer este tipo de denuncias, que muchas veces no se hacen por lo moroso del trámite y del viaje, ya que en el lugar, como se comprobó en este conflicto no existe representantes de las entidades pertinentes ni de las fuerzas del orden.
En la última semana, la provincia Inquisivi ha sido víctima de un conflicto en el que han confluido varios actores, que por un interés sobre los yacimientos de oro en la región del río Choqueti, al igual que en los años de la “fiebre del oro”, donde se mataba por apoderarse de un pedazo de tierra para explotarla.
Sin embargo, este no es el único conflicto que se tiene a raíz de la actividad minera, ya que un grupo de dirigentes y representantes de la provincia Inquisivi llegaron hasta EL DIARIO, para hacer conocer que habían decidido declararse en emergencia, por la falta de atención de las autoridades ante este conflicto y la contaminación ambiental que se estaba generando en varias comunidades de la provincia.
“La contaminación es fuerte, no se puede ni lavar ropa y mucho menos usar el agua para el consumo humano o animal, por lo que pedimos que haya protección, necesitamos una ley que proteja el agua y cuide el medioambiente, necesitamos que las autoridades controlen este tipo de actividades que muchas veces llegan a avasallar a los comunarios”, manifestó la ejecutiva de la organización Bartolina Sisa de la provincia Inquisivi, Raimunda Molleni.
Por su parte el representante de Amdepaz, Ramiro Orellana, manifestó que en este sector casi el total de los ríos están contaminados, debido a que las empresas mineras tanto grandes como pequeñas han rodeado la provincia, trabajando de manera artesanal e ilegal, sin condiciones de seguridad ambiental sin que nadie supervise el uso de químicos que envenenan el agua.
Este problema va ligado a la concesión de minas sin previa consulta a los comunarios, quienes se ven sorprendidos al encontrar empresas nuevas que dejan inutilizables los ojos de agua y que con permisos llegan a las comunidades a trabajar en terrenos que según los pobladores son parte de su uso ancestral.
“Existe una ley internacional que norma la autodeterminación de los pueblos y exige la consulta previa para las comunidades que tienen recursos naturales, cosa que no se cumple sobre todo en el sector minero y son estas actitudes las que derivan en enfrentamientos y en avasallamientos tanto de las empresas, como de los comunarios que muchas veces deciden tomar la mina por la fuerza”, manifestó el abogado investigador de derechos de los pueblos indígenas, Gustavo Terrazas.
Prueba del mal que se hace a la salud de los pobladores de las 280 comunidades de las seis secciones de la provincia Inquisivi, es que en la certificación presentada por especialistas para el acceso a un incentivo en Seguridad Alimentaria, se diagnosticó que los niños de estas regiones sufren disenterías e infecciones relacionadas a la contaminación de químicos utilizados en la minería.
“Todo está siendo afectado, hay tierras que ya no son productivas, están muertas, al igual que su fauna, es preocupante lo que está sucediendo sin que nadie le de importancia”, manifestó Orellana.
AUSENCIA DEL ESTADO
Al respecto, el abogado asesor de la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra, autoridad ambiental competente a nivel departamental, Alejandro Espada, señaló que si bien ellos tienen las atribuciones de controlar y fiscalizar cualquier actividad, obra o proyecto público o privado, en el caso de la minería, esta labor se ve dificultada por las características de este rubro y de los lugares donde asientan su actividad.
“Muchas de las actividades, no solo en Inquisivi, sino en todo el departamento son ilegales y se encuentran en lugares de difícil acceso, no existe una posibilidad de encontrarlos rápidamente, ni de llegar a hacer controles a todas las actividades, por la misma naturaleza de la actividad minera, que no están fijas en algún lugar, lo que nos lleva a actuar en base a denuncias”, manifestó la autoridad.
Este es el caso de Arcopongo, donde los mismos comunarios deben viajar hasta dos días para llegar a la Sede de Gobierno para hacer este tipo de denuncias, que muchas veces no se hacen por lo moroso del trámite y del viaje, ya que en el lugar, como se comprobó en este conflicto no existe representantes de las entidades pertinentes ni de las fuerzas del orden.
EL GOBIERNO RECONOCE QUE ESTALLÓ LA GUERRA DEL ORO
El Ministro de Gobierno dijo que en la región aurífera se uso armamento de guerra de alto calibre como fusiles FAL y metralletas, que son de empleo estrictamente militar.
Autoridades del Gobierno reiteraron ayer su preocupación por el uso de armas de largo alcance en el conflicto del pasado 18 de mayo en Arcopongo, provincia Inquisivi, La Paz, que se cobró la vida de tres personas por la toma de un yacimiento aurífero, presumiblemente entre dos cooperativas mineras.
Según los informes de las autoridades nacionales y departamentales, en el proceso de investigación se pudo evidenciar la presencia de armamento moderno y el empleo de uniformes militares.
Las pesquisas realizadas por el Gobierno, la Gobernación de La Paz, el Ministerio Público y la Policía Nacional determinaron la aprehensión de 13 personas presuntamente involucradas en los hechos luctuosos.
"Que se hayan encontrado fusiles Máuser no es muy extraño porque en el campo hay muchos fusiles de ese titpo, pero que haya fusiles FAL nos llama la atención porque son armas de largo alcance... Las personas, que han sido aprehendidas por los fiscales portaban armas de fuego, porque no solo tenemos una persona que tenía una ametralladora colgada en el cuello”, sostuvo el titular del Ministerio de Gobierno, Carlos Romero
El gobernador de La Paz, César Cocarico, señaló que a la fecha hay 13 personas aprehendidas, de las que "presumiblemente nueve son de la cooperativa Ullakaya y cuatro son dirigentes, personas del sector de Arcopongo que tendrían relación con la cooperativa Ullakaya".
Este conflicto también se cobró la vida de dos funcionarios de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por un accidente automovilístico que sufrieron al retonar de la región, el periodista Luis Glasinovic y el conductor del vehículo Rodolfo Ustáriz.
Denuncian ingreso de extranjeros. El gobernador Cocarico informó ayer que se fortalecerá la seguridad policial con dos puntos de control en la localidad de Arcopongo, tras denuncias de ingreso de extranjeros, que lograron agitar a la población local.
"Tendremos (los puntos de control) en la entrada de Arcopongo, en Sikimirani una central de control para todas las personas que ingresen, porque hay denuncias de que estarían ingresando súbditos de otras nacionalidades que vendrían a impacientar a la región; y el otro punto de control estamos poniendo por La Asunta".
Agregó que se detectó en Arcopongo el uso de uniformes camuflados militares. Uno de los fallecidos vestía esas prendas, según se pudo conocer.
Según la primer autoridad paceña, "por todo lo que se ha visto, las mismas personas que están haciendo problemas, los cooperativistas, comunarios que utilizan uniforme camuflado, el segundo fallecido de la Cooperativa tiene pantalón camuflado, la chompa verde que se utiliza en el cuartel, y medias verdes, no sé si para mimetizarse o con qué objetivo".
TRES FUGAN DURANTE su TRASLADO. El director de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, informó que tres de los 13 aprehendidos burlaron ayer la vigilacia de sus custodios y escaparon para ser puestos a consideración del fiscal asignado al caso, en medio de una confusión.
Según la cadena RTP, huyeron cuando eran trasladados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a celdas judiciales.
Ante este hecho, la Policía desplegó todos los efectivos para dar recapturar a los prófugos. La Prensa buscó a las autoridades policiales para conocer detalles de la fuga pero no tuvo éxito.
25 solicitudes presentadas al Gobierno por cooperativas y empresas para explotar oro en Arcopongo en suspenso.
EL HIJO DEL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA ULLAKAYA CONDORINI FUE ARRESTADO SINDICADO DE SER UNO DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DEL ENFRENTAMIENTO. Se trata de Edson Aníbal C., quien fue fotografiado con una ametralladora en bandolera. Su padre denunció que fue tomado como rehén para obligarlo a renunciar a la cooperativa y que es inculpado.
Autoridades del Gobierno reiteraron ayer su preocupación por el uso de armas de largo alcance en el conflicto del pasado 18 de mayo en Arcopongo, provincia Inquisivi, La Paz, que se cobró la vida de tres personas por la toma de un yacimiento aurífero, presumiblemente entre dos cooperativas mineras.
Según los informes de las autoridades nacionales y departamentales, en el proceso de investigación se pudo evidenciar la presencia de armamento moderno y el empleo de uniformes militares.
Las pesquisas realizadas por el Gobierno, la Gobernación de La Paz, el Ministerio Público y la Policía Nacional determinaron la aprehensión de 13 personas presuntamente involucradas en los hechos luctuosos.
"Que se hayan encontrado fusiles Máuser no es muy extraño porque en el campo hay muchos fusiles de ese titpo, pero que haya fusiles FAL nos llama la atención porque son armas de largo alcance... Las personas, que han sido aprehendidas por los fiscales portaban armas de fuego, porque no solo tenemos una persona que tenía una ametralladora colgada en el cuello”, sostuvo el titular del Ministerio de Gobierno, Carlos Romero
El gobernador de La Paz, César Cocarico, señaló que a la fecha hay 13 personas aprehendidas, de las que "presumiblemente nueve son de la cooperativa Ullakaya y cuatro son dirigentes, personas del sector de Arcopongo que tendrían relación con la cooperativa Ullakaya".
Este conflicto también se cobró la vida de dos funcionarios de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por un accidente automovilístico que sufrieron al retonar de la región, el periodista Luis Glasinovic y el conductor del vehículo Rodolfo Ustáriz.
Denuncian ingreso de extranjeros. El gobernador Cocarico informó ayer que se fortalecerá la seguridad policial con dos puntos de control en la localidad de Arcopongo, tras denuncias de ingreso de extranjeros, que lograron agitar a la población local.
"Tendremos (los puntos de control) en la entrada de Arcopongo, en Sikimirani una central de control para todas las personas que ingresen, porque hay denuncias de que estarían ingresando súbditos de otras nacionalidades que vendrían a impacientar a la región; y el otro punto de control estamos poniendo por La Asunta".
Agregó que se detectó en Arcopongo el uso de uniformes camuflados militares. Uno de los fallecidos vestía esas prendas, según se pudo conocer.
Según la primer autoridad paceña, "por todo lo que se ha visto, las mismas personas que están haciendo problemas, los cooperativistas, comunarios que utilizan uniforme camuflado, el segundo fallecido de la Cooperativa tiene pantalón camuflado, la chompa verde que se utiliza en el cuartel, y medias verdes, no sé si para mimetizarse o con qué objetivo".
TRES FUGAN DURANTE su TRASLADO. El director de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, informó que tres de los 13 aprehendidos burlaron ayer la vigilacia de sus custodios y escaparon para ser puestos a consideración del fiscal asignado al caso, en medio de una confusión.
Según la cadena RTP, huyeron cuando eran trasladados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a celdas judiciales.
Ante este hecho, la Policía desplegó todos los efectivos para dar recapturar a los prófugos. La Prensa buscó a las autoridades policiales para conocer detalles de la fuga pero no tuvo éxito.
25 solicitudes presentadas al Gobierno por cooperativas y empresas para explotar oro en Arcopongo en suspenso.
EL HIJO DEL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA ULLAKAYA CONDORINI FUE ARRESTADO SINDICADO DE SER UNO DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DEL ENFRENTAMIENTO. Se trata de Edson Aníbal C., quien fue fotografiado con una ametralladora en bandolera. Su padre denunció que fue tomado como rehén para obligarlo a renunciar a la cooperativa y que es inculpado.
Hay corresponsabilidad en Arcopongo, según el Gobierno
En los hechos de violencia suscitados en la comunidad de Arcopongo la semana pasada hubo corresponsabilidad tanto de mineros cooperativistas como de autoridades, afirmó ayer el ministro de Minería, César Navarro.
Cooperativistas de Ullakaya Condorini y de Palma Flor, esta última de la comunidad del mismo nombre, se enfrentaron el domingo 18 de mayo por la explotación de oro en el río Chaquety, provincia Inquisivi, lo cual dejó un saldo de tres personas muertas: Antonio Flores y Mario Villegas, de la comunidad Palma Flor, y Gonzalo Cabrera Huanca, de la cooperativa Ullakaya.
"Creo que existen corresponsabilidades de muchas autoridades, personas e instituciones, y esos elementos nosotros tenemos que resolverlos; por eso manifestamos que, por un lado, tenemos la vía penal para establecer las responsabilidades individuales y penales de quienes han incentivado estos hechos violentos y armados”, precisó Navarro, cuando se le preguntó sobre la participación de autoridades y legisladores en la aprobación de una personería jurídica para la cooperativa Palma Flor.
La autoridad solicitó un informe en detalle sobre el aval recibido por esa cooperativa.
El jueves, los abogados Eduardo León y Mishael Cruz, con documentos en la mano, denunciaron que Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de la comunidad Arcopongo, en la provincia Inquisivi, con la presunta influencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar; de la diputada suplente del MAS Gladys Vargas, y del asambleísta departamental Juan Marca, este último de Arcopongo.
Según los juristas, la celeridad hizo que los comunarios de Palma Flor, ahora cooperativistas, se enfrentasen por áreas de trabajo con los cooperativistas de Ullakaya Condorini, quienes hace más de un año ya habían tramitado en la Comibol su licencia de operación.
Sin embargo, el gobernador de La Paz, César Cocarico; el ministro Navarro y la diputada Vargas, socia de la cooperativa Palma Flor, coincidieron en que Ullakaya tiene su domicilio jurídico en la provincia Bautista Saavedra, pero el yacimiento aurífero se encuentra en Inquisivi.
Al respecto, Cocarico señaló que sería reprochable si alguna autoridad hubiera participado en la autorización para esta cooperativa.
"Si han participado autoridades y legisladores es completamente reprochable; pienso que si en este tema hay organismos del MAS, si se comprueba, tendrán que asumir como entidad partidaria y sancionar a sus militantes”, recalcó en una entrevista con la red ERBOL.
Incluso dijo que, en caso de que se haya aprobado una personería jurídica en 48 horas para una cooperativa minera, este tema debe ser investigado por la Fiscalía.
La Comibol emitió el 23 de mayo la Resolución 5768/2014 que determina "aprobar la inmovilización temporal del área minera del río Chaquety, sector ubicado en los cantones Arcopongo y Asunta, provincias Inquisivi y Sud Yungas hasta la solución definitiva del conflicto social en sujeción a la Ley 3720 y Decreto 29117”.
En segundo lugar instruye a la gerencia técnica y de operaciones que, en coordinación con la dirección de geología y operaciones, efectúe gestiones para el registro de la inmovilización del área minera río Chaquety, así como todos trámites sobre la materia ante Sergeotecmin.
Esto significa dejar sin efecto personerías vigentes y en trámite de cooperativas y de empresas privadas, entre otras.
Los permisos
Trámites El ministro de Minería, César Navarro, afirmó que hay 22 solicitudes para explotar oro en el río Chaquety, en Arcopongo; sin embargo, dijo que los comunarios que viven alrededor del río, más que hacer una actividad minera, tienen una actividad de "enriquecimiento individual y grupal”, que es un tema que se resolverá una vez que entre en vigencia la nueva Ley de Minería, en la que se establece que cualquier operador minero para explotar un área debe presentar un plan de trabajo y de inversión.
Informe Minería determinará el próximo mes si se continuarán operaciones mineras en el río Chaquety o qué tipo de uso se le dará. Esto dependerá del informe multisectorial.
Un dirigente pide imparcialidad en la investigación
El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Thelmo Cahuana, demandó ayer a las autoridades "imparcialidad” en las investigaciones de los hechos suscitados en Arcopongo, donde perdieron la vida tres personas por el control de la explotación de oro en el río Chaquety.
"Ya hubo intervención de autoridades en la autorización de personería jurídica para beneficiar a Palma Flor. Ahora pedimos que las investigaciones sean imparciales, estamos dispuestos a someternos a la justicia”, dijo.
El dirigente también reconoció que fue rebasado por sus afiliados de Ullakaya, debido a que ya estaban cansados de esperar desde hace dos años que la Comibol o la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM) les otorgue la licencia de operación.
Recordó que hace dos años, cuando descubrieron el yacimiento aurífero, no había comunidades alrededor. Una clara muestra, aseguró, es que no hay actividad agrícola en el lugar.
"Todo fue por ambición en Arcopongo, una clara muestra es que no hay ni una plantación de plátano”, afirmó Cahuana.
El gobernador de La Paz, César Cocarico, reiteró ayer que en el lugar hay comunidades asentadas desde hace más de 10 años, pero nadie tenía autorización.
Diputada del MAS entregó credenciales a Palma Flor
La Cooperativa Minera Palma Flor Ltda. recibió su personería jurídica el jueves 18 de julio de 2013 en un acto público en el que la entrega de credenciales fue efectuada por la diputada suplente del MAS Gladys Aguilar, según revela un acta de programa para esta labor, mostrada como prueba por los abogados de Ullakaya Condorini, Eduardo León y Mishael Cruz.
Esto fue realizado una semana después de que el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, instruyera dar celeridad para que se emita la resolución administrativa de personería jurídica.
El acto se habría realizado en la plaza de la comunidad Siquimirani. Primero estaban previstas las palabras de circunstancia y entrega de la personería a cargo del viceministro Aguilar, además de las palabras de circunstancia y entrega de credenciales a cargo de la diputada Vargas. El pasado jueves, la legisladora Vargas negó que se hubiera beneficiado a Palma Flor con la otorgación de personería jurídica en 48 horas, como denunciaron los abogados de la cooperativa Condorini, León y Cruz. "Se dice que fue en 48 horas, no es así (la aprobación), el trámite duró cinco meses”, aseguró la diputada del MAS.
Los juristas mostraron documentos que involucran al viceministro Aguilar, quien el 10 de mayo de 2013 instruyó al director general de Cooperativas, Juan Sejas, que se diera celeridad en la emisión de personería jurídica.
El 12 de mayo de 2013, Sejas aprobó la resolución administrativa que reconoce la personalidad de Palma Flor Ltda.
Cooperativistas de Ullakaya Condorini y de Palma Flor, esta última de la comunidad del mismo nombre, se enfrentaron el domingo 18 de mayo por la explotación de oro en el río Chaquety, provincia Inquisivi, lo cual dejó un saldo de tres personas muertas: Antonio Flores y Mario Villegas, de la comunidad Palma Flor, y Gonzalo Cabrera Huanca, de la cooperativa Ullakaya.
"Creo que existen corresponsabilidades de muchas autoridades, personas e instituciones, y esos elementos nosotros tenemos que resolverlos; por eso manifestamos que, por un lado, tenemos la vía penal para establecer las responsabilidades individuales y penales de quienes han incentivado estos hechos violentos y armados”, precisó Navarro, cuando se le preguntó sobre la participación de autoridades y legisladores en la aprobación de una personería jurídica para la cooperativa Palma Flor.
La autoridad solicitó un informe en detalle sobre el aval recibido por esa cooperativa.
El jueves, los abogados Eduardo León y Mishael Cruz, con documentos en la mano, denunciaron que Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de la comunidad Arcopongo, en la provincia Inquisivi, con la presunta influencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar; de la diputada suplente del MAS Gladys Vargas, y del asambleísta departamental Juan Marca, este último de Arcopongo.
Según los juristas, la celeridad hizo que los comunarios de Palma Flor, ahora cooperativistas, se enfrentasen por áreas de trabajo con los cooperativistas de Ullakaya Condorini, quienes hace más de un año ya habían tramitado en la Comibol su licencia de operación.
Sin embargo, el gobernador de La Paz, César Cocarico; el ministro Navarro y la diputada Vargas, socia de la cooperativa Palma Flor, coincidieron en que Ullakaya tiene su domicilio jurídico en la provincia Bautista Saavedra, pero el yacimiento aurífero se encuentra en Inquisivi.
Al respecto, Cocarico señaló que sería reprochable si alguna autoridad hubiera participado en la autorización para esta cooperativa.
"Si han participado autoridades y legisladores es completamente reprochable; pienso que si en este tema hay organismos del MAS, si se comprueba, tendrán que asumir como entidad partidaria y sancionar a sus militantes”, recalcó en una entrevista con la red ERBOL.
Incluso dijo que, en caso de que se haya aprobado una personería jurídica en 48 horas para una cooperativa minera, este tema debe ser investigado por la Fiscalía.
La Comibol emitió el 23 de mayo la Resolución 5768/2014 que determina "aprobar la inmovilización temporal del área minera del río Chaquety, sector ubicado en los cantones Arcopongo y Asunta, provincias Inquisivi y Sud Yungas hasta la solución definitiva del conflicto social en sujeción a la Ley 3720 y Decreto 29117”.
En segundo lugar instruye a la gerencia técnica y de operaciones que, en coordinación con la dirección de geología y operaciones, efectúe gestiones para el registro de la inmovilización del área minera río Chaquety, así como todos trámites sobre la materia ante Sergeotecmin.
Esto significa dejar sin efecto personerías vigentes y en trámite de cooperativas y de empresas privadas, entre otras.
Los permisos
Trámites El ministro de Minería, César Navarro, afirmó que hay 22 solicitudes para explotar oro en el río Chaquety, en Arcopongo; sin embargo, dijo que los comunarios que viven alrededor del río, más que hacer una actividad minera, tienen una actividad de "enriquecimiento individual y grupal”, que es un tema que se resolverá una vez que entre en vigencia la nueva Ley de Minería, en la que se establece que cualquier operador minero para explotar un área debe presentar un plan de trabajo y de inversión.
Informe Minería determinará el próximo mes si se continuarán operaciones mineras en el río Chaquety o qué tipo de uso se le dará. Esto dependerá del informe multisectorial.
Un dirigente pide imparcialidad en la investigación
El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Thelmo Cahuana, demandó ayer a las autoridades "imparcialidad” en las investigaciones de los hechos suscitados en Arcopongo, donde perdieron la vida tres personas por el control de la explotación de oro en el río Chaquety.
"Ya hubo intervención de autoridades en la autorización de personería jurídica para beneficiar a Palma Flor. Ahora pedimos que las investigaciones sean imparciales, estamos dispuestos a someternos a la justicia”, dijo.
El dirigente también reconoció que fue rebasado por sus afiliados de Ullakaya, debido a que ya estaban cansados de esperar desde hace dos años que la Comibol o la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM) les otorgue la licencia de operación.
Recordó que hace dos años, cuando descubrieron el yacimiento aurífero, no había comunidades alrededor. Una clara muestra, aseguró, es que no hay actividad agrícola en el lugar.
"Todo fue por ambición en Arcopongo, una clara muestra es que no hay ni una plantación de plátano”, afirmó Cahuana.
El gobernador de La Paz, César Cocarico, reiteró ayer que en el lugar hay comunidades asentadas desde hace más de 10 años, pero nadie tenía autorización.
Diputada del MAS entregó credenciales a Palma Flor
La Cooperativa Minera Palma Flor Ltda. recibió su personería jurídica el jueves 18 de julio de 2013 en un acto público en el que la entrega de credenciales fue efectuada por la diputada suplente del MAS Gladys Aguilar, según revela un acta de programa para esta labor, mostrada como prueba por los abogados de Ullakaya Condorini, Eduardo León y Mishael Cruz.
Esto fue realizado una semana después de que el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, instruyera dar celeridad para que se emita la resolución administrativa de personería jurídica.
El acto se habría realizado en la plaza de la comunidad Siquimirani. Primero estaban previstas las palabras de circunstancia y entrega de la personería a cargo del viceministro Aguilar, además de las palabras de circunstancia y entrega de credenciales a cargo de la diputada Vargas. El pasado jueves, la legisladora Vargas negó que se hubiera beneficiado a Palma Flor con la otorgación de personería jurídica en 48 horas, como denunciaron los abogados de la cooperativa Condorini, León y Cruz. "Se dice que fue en 48 horas, no es así (la aprobación), el trámite duró cinco meses”, aseguró la diputada del MAS.
Los juristas mostraron documentos que involucran al viceministro Aguilar, quien el 10 de mayo de 2013 instruyó al director general de Cooperativas, Juan Sejas, que se diera celeridad en la emisión de personería jurídica.
El 12 de mayo de 2013, Sejas aprobó la resolución administrativa que reconoce la personalidad de Palma Flor Ltda.
Monday, May 26, 2014
Gobierno rechaza 25 solicitudes de explotación de oro en Arcopongo
Al menos 25 solicitudes presentadas al Gobierno por las cooperativas y empresas mineras para explotar oro en la localidad de Arcopongo, de la provincia paceña de Inquisivi, no serán autorizadas, debido a que se determinó la inmovilización de la zona para evitar enfrentamientos entre personas, mencionó el gobernador de La Paz, César Cocarico.
"Todas las solicitudes, estas 25 solicitudes que en este momento se tienen de cooperativas y de empresas para poder adjudicarse estas áreas mineras están rechazadas, no tienen curso legal. Se va hacer el registro correspondiente en Sergiotecmin (Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas) y la Agjam (Autoridad General y Jurisdiccional Administración Minera) tiene que rechazar todos los trámites para poder adjudicarse las cuadriculas mineras en toda esa área", afirmó.
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) emitió el viernes la resolución 5768/2014 que determina la inmovilización temporal del área minera del río Chakety en los sectores de Arcopongo y la Asunta de las provincias Inquisivi y Sud Yungas de La Paz, ello hasta la solución definitiva del conflicto social.
Esta medida supone la suspensión de todas las licencias vigentes de las cooperativas, como de los trámites que estaban en espera para explotar oro.
El Gobernador paceño indicó que podría haber responsabilidad administrativa en algunos funcionarios de Comibol porque el año anterior ya habían recibido la sugerencia de parte de su despacho de que se inmovilice esta área para evitar conflictos sociales, pero no se hizo nada.
También mencionó que se organiza una comisión para constituirse en la localidad de Tacoma, donde se conoció que se está haciendo el uso de armas.
"Hay algunas autoridades que no cumplen con lo que se recomienda. A la Comibol se recomendó desde el año pasado de que declare la inmovilización (de esta zona) para evitar justamente estos hechos, (pero) no cumplieron con estas sugerencias y obligado por las circunstancias el (pasado) viernes han resuelto por la inmovilización", agregó a Levántate Bolivia de Cadena A.
Los miembros de la Cooperativa Palma Flor usaron armas de fuego en los enfrentamientos que se registraron la semana anterior en la localidad de Arcopongo de la provincia paceña de Inquisivi, que derivó en la muerte de tres personas, denunció el pasado viernes, Telmo Cahuana, quien es miembro de la Cooperativa Ullakaya Condorini.
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Potosí, Gladys Vargas Escobar de Huallpa, forma parte del directorio de la Cooperativa Palma Flor, la que obtuvo el reconocimiento de la personería jurídica en dos días en el Viceministerio de Cooperativas, denunció el abogado Eduardo León.
"Todas las solicitudes, estas 25 solicitudes que en este momento se tienen de cooperativas y de empresas para poder adjudicarse estas áreas mineras están rechazadas, no tienen curso legal. Se va hacer el registro correspondiente en Sergiotecmin (Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas) y la Agjam (Autoridad General y Jurisdiccional Administración Minera) tiene que rechazar todos los trámites para poder adjudicarse las cuadriculas mineras en toda esa área", afirmó.
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) emitió el viernes la resolución 5768/2014 que determina la inmovilización temporal del área minera del río Chakety en los sectores de Arcopongo y la Asunta de las provincias Inquisivi y Sud Yungas de La Paz, ello hasta la solución definitiva del conflicto social.
Esta medida supone la suspensión de todas las licencias vigentes de las cooperativas, como de los trámites que estaban en espera para explotar oro.
El Gobernador paceño indicó que podría haber responsabilidad administrativa en algunos funcionarios de Comibol porque el año anterior ya habían recibido la sugerencia de parte de su despacho de que se inmovilice esta área para evitar conflictos sociales, pero no se hizo nada.
También mencionó que se organiza una comisión para constituirse en la localidad de Tacoma, donde se conoció que se está haciendo el uso de armas.
"Hay algunas autoridades que no cumplen con lo que se recomienda. A la Comibol se recomendó desde el año pasado de que declare la inmovilización (de esta zona) para evitar justamente estos hechos, (pero) no cumplieron con estas sugerencias y obligado por las circunstancias el (pasado) viernes han resuelto por la inmovilización", agregó a Levántate Bolivia de Cadena A.
Los miembros de la Cooperativa Palma Flor usaron armas de fuego en los enfrentamientos que se registraron la semana anterior en la localidad de Arcopongo de la provincia paceña de Inquisivi, que derivó en la muerte de tres personas, denunció el pasado viernes, Telmo Cahuana, quien es miembro de la Cooperativa Ullakaya Condorini.
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Potosí, Gladys Vargas Escobar de Huallpa, forma parte del directorio de la Cooperativa Palma Flor, la que obtuvo el reconocimiento de la personería jurídica en dos días en el Viceministerio de Cooperativas, denunció el abogado Eduardo León.
Empresa Ullakaya Condorini no tendría permiso para operar
El ministro de Minería César Navarro, confirmó que la cooperativa minera Ullakaya Condorini que operaba en la comunidad de Arcopongo de la provincia Inquisivi no contaba con los permisos legales para realizar operaciones mineras en la zona, si bien tienen su domicilio jurídico en la provincia Bautista Saavedra, no cuentan con el contrato directo para la explotación de oro.
Mientras que otras empresas que recién se están constituyendo en cooperativistas mineras buscan la consolidación de permisos al lado o en cercanías de la mina Ullakaya Condorini, por lo que existiría varias cooperativas mineras que sobrepasan la docena en la región, pero ninguna tendría permiso para la explotación minera de oro.
“Lo que constatamos de las informaciones preliminares, desde la semana pasada, es que las amenazas, enfrentamiento y avasallamientos, se han producido desde hace varios meses atrás, con el único objetivo de establecer la propiedad del oro y los demás temas de protección ambiental entre otros son argumentos que no tienen el mismo interés”, indicó.
Para Navarro en la región de Arcopongo deben aplicarse sanciones ejemplarizadoras a quienes han promovido el enfrentamiento, “porque muchos son responsables de tomar la decisión y llegado el momento eluden su responsabilidad, cuando cometen una acción criminal como la realizada contra las tres personas que perdieron la vida, por impacto de bala”.
La autoridad señaló que hoy se determinará las acciones que se asumirán como Estado, “basándonos en la norma, según los resultados de las investigaciones en Arcopongo”.
Para Navarro, el Ministerio Público debe individualizar a los responsables de haber promovido el enfrentamiento y la muerte de las tres personas, quienes son trabajadores cooperativistas y de la misma manera los funcionarios de la Cooperativa Minera de Bolivia (Comibol).
La autoridad del Ejecutivo no descarta que entre los funcionarios cooperativistas se encuentren involucradas personas extranjeras que estén influyendo en la determinación de promover enfrentamiento, aspecto que es analizado desde ayer en la ciudad de La Paz.
“Tenemos mucha información que llegó a la Comibol, que son parcializadas, razón por la que esperamos informes producto no solo de la inspección ocular, sino de la conversación que han sostenido las autoridades de la Gobernación y los pobladores de la provincia Inquisivi. La valoración de la subjetividad de las personas serán informadas oportunamente para asumir acciones de carácter institucional y jurídico”, sostuvo la autoridad.
LEY MINERA
Para Navarro, la Nueva Ley Minera es la construcción de una nueva pedagogía democrática política que rompe y contrasta la Ley 1777 de la anterior ley minera de Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras que la actual norma donde se toma en cuenta tanto a los cooperativistas mineros, a los trabajadores, como a la empresa estatal, los empresarios medianos y pequeños de la minería como actores directos de la producción.
“Por lo tanto la concesión minera no es una propiedad privada y por el contrario ahora son contratos de explotación al titular para que trabaje de manera directa y se concluya con los palos blancos. Además que la función económica social es modificado porque no hay espacioso ocioso, porque los planes de trabajo presentados, cuando se llegan a concesionar los permisos estos se verifican y pueden ser pasados a propiedad del Estado minero”, señaló.
Asimismo, Navarro rescata que la producción minera no concluye solo con la exploración, explotación y la concentración de minerales, sino por el contrario debe incluir la exportación donde Comibol sea el actor de la cadena productiva, mientras que el sector privado y cooperativistas ingresa en la fundición.
“Por lo tanto, los gobiernos municipales y gobernaciones deben participar en la etapa de la industrialización y donde las instancias regionales y departamentales sean corresponsables”, concluyó Navarro.
Mientras que otras empresas que recién se están constituyendo en cooperativistas mineras buscan la consolidación de permisos al lado o en cercanías de la mina Ullakaya Condorini, por lo que existiría varias cooperativas mineras que sobrepasan la docena en la región, pero ninguna tendría permiso para la explotación minera de oro.
“Lo que constatamos de las informaciones preliminares, desde la semana pasada, es que las amenazas, enfrentamiento y avasallamientos, se han producido desde hace varios meses atrás, con el único objetivo de establecer la propiedad del oro y los demás temas de protección ambiental entre otros son argumentos que no tienen el mismo interés”, indicó.
Para Navarro en la región de Arcopongo deben aplicarse sanciones ejemplarizadoras a quienes han promovido el enfrentamiento, “porque muchos son responsables de tomar la decisión y llegado el momento eluden su responsabilidad, cuando cometen una acción criminal como la realizada contra las tres personas que perdieron la vida, por impacto de bala”.
La autoridad señaló que hoy se determinará las acciones que se asumirán como Estado, “basándonos en la norma, según los resultados de las investigaciones en Arcopongo”.
Para Navarro, el Ministerio Público debe individualizar a los responsables de haber promovido el enfrentamiento y la muerte de las tres personas, quienes son trabajadores cooperativistas y de la misma manera los funcionarios de la Cooperativa Minera de Bolivia (Comibol).
La autoridad del Ejecutivo no descarta que entre los funcionarios cooperativistas se encuentren involucradas personas extranjeras que estén influyendo en la determinación de promover enfrentamiento, aspecto que es analizado desde ayer en la ciudad de La Paz.
“Tenemos mucha información que llegó a la Comibol, que son parcializadas, razón por la que esperamos informes producto no solo de la inspección ocular, sino de la conversación que han sostenido las autoridades de la Gobernación y los pobladores de la provincia Inquisivi. La valoración de la subjetividad de las personas serán informadas oportunamente para asumir acciones de carácter institucional y jurídico”, sostuvo la autoridad.
LEY MINERA
Para Navarro, la Nueva Ley Minera es la construcción de una nueva pedagogía democrática política que rompe y contrasta la Ley 1777 de la anterior ley minera de Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras que la actual norma donde se toma en cuenta tanto a los cooperativistas mineros, a los trabajadores, como a la empresa estatal, los empresarios medianos y pequeños de la minería como actores directos de la producción.
“Por lo tanto la concesión minera no es una propiedad privada y por el contrario ahora son contratos de explotación al titular para que trabaje de manera directa y se concluya con los palos blancos. Además que la función económica social es modificado porque no hay espacioso ocioso, porque los planes de trabajo presentados, cuando se llegan a concesionar los permisos estos se verifican y pueden ser pasados a propiedad del Estado minero”, señaló.
Asimismo, Navarro rescata que la producción minera no concluye solo con la exploración, explotación y la concentración de minerales, sino por el contrario debe incluir la exportación donde Comibol sea el actor de la cadena productiva, mientras que el sector privado y cooperativistas ingresa en la fundición.
“Por lo tanto, los gobiernos municipales y gobernaciones deben participar en la etapa de la industrialización y donde las instancias regionales y departamentales sean corresponsables”, concluyó Navarro.
El Gobierno decide paralizar toda actividad minera en río Chaquety
La Gobernación de La Paz, el Ministerio de Minería y Metalurgia y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) aprobaron el domingo la “inmovilización (paralización) temporal” de las actividades mineras en el río Chaquety de las provincias Inquisivi y Sud Yungas de La Paz.
El gobernador de La Paz, César Cocarico, informó anoche que después del viaje de una comisión multisectorial a la localidad de Arcopongo, donde el domingo 18 ocurrieron hechos violentos con el saldo de tres muertos por un enfrentamiento entre mineros, se tomaron algunas decisiones para esclarecer este tema.
El presidente de la Comibol, Marcelino Quispe, fue el encargado de dar lectura a la Resolución 5768/2014 en la que se establece que “el directorio de la Corporación Minera de Bolivia resuelve primero aprobar la inmovilización temporal del área minera del río Chaquety, sector ubicado en los cantones Arcopongo y La Asunta, provincias Inquisivi y Sud Yungas del departamento de La Paz”.
Suspensión. El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, manifestó que esta resolución administrativa rechaza otras anteriores de áreas mineras de diferentes cooperativas que cuentan con documentación así como de aquellas que no tienen ningún tipo de papeles.
La autoridad sostuvo que “es una decisión que asumimos como gobierno nacional y gobierno departamental, y esta inmovilización está definiendo de manera estructural la cancelación de todos los trámites de explotación de las cooperativas que tienen personería jurídica y otras que no tienen personería jurídica”.
El ministro precisó que esta determinación es temporal hasta que se resuelva el conflicto por la exploración aurífera en el lugar. Navarro subrayó que no se permitirá “ninguna actividad de carácter ilegal que dañe el medio ambiente” y tampoco se va a permitir que “comunidades o cooperativas se enfrenten y tengamos daños humanos que lamentar”.
Cacarico informó que como resultado del enfrentamiento minero se tiene 13 personas aprehendidas, de las que presumiblemente nueve son de la Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya Condorini y cuatro son dirigentes del sector de Arcopongo que tendrían relación con esta sociedad.
Dijo que las investigaciones a cargo de la Fiscalía darán con el grado de responsabilidad y participación de cada uno de ellos. “Todos los hechos luctuosos tienen que ser investigados por el Ministerio Público”, sostuvo Cocarico, quien estuvo acompañado por el Comandante Departamental de la Policía de La Paz. Ambos viajaron al lugar de los hechos para investigar este caso. El Gobernador precisó que como consecuencia de esta inmovilización está el “rechazo” de las solicitudes de todas las cooperativas.
Además, enfatizó que en el lugar se tiene que dar seguridad policial y administrativa, por tanto se ha decidido crear dos puestos policiales: uno a la entrada de Arcopongo, en la localidad de Siquimirani, y el otro al ingreso de La Asunta, en la población de Quinuni. “Entonces habrá control tanto de salida como de entrada”, manifestó la autoridad departamental.
Pero para el control administrativo también se ha establecido que todas las instituciones involucradas en el caso minero realizarán inspecciones periódicas para vigilar que se respete la inmovilización en la zona.
El domingo 18, cooperativistas mineros de la localidad Palma Flor se enfrentaron con mineros de la cooperativa Ullakaya Condorini por unos predios en el río Chaquety para explotar oro. El hecho dejó tres fallecidos, Antonio Flores, Mario Villegas, ambos de la comunidad Palma Flor, y Gonzalo Cabrera Huanca, de Ullakaya, según un informe oficial.
Muere el periodista Luis ‘Pitín’ Glasinovic
Edgar Toro
El periodista Luis Glasinovic, más conocido por su colegas como Pitín, y Rodolfo Ustariz, chofer de la camioneta de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), son las víctimas del accidente ocurrido en Arcopongo, cuando la camioneta en la que viajaban se despeñó, informó el domingo el ministro de Minería, César Navarro, en una entrevista en el canal estatal.
La autoridad dijo que en el accidente también resultaron gravemente heridos Pavel Paredes, comunicador de conflictos; Jimmy Guzmán, abogado; y Gróver Melendres, quienes fueron evacuados a la ciudad de Cochabamba por la cercanía del lugar. Navarro indicó que la densa niebla y el barro en la carretera provocó el fatal accidente.
Fatal. El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, también comunicó que la camioneta se despeñó cuando regresaban de una inspección en Arcopongo, provincia Inquisivi de La Paz, donde en días pasados se registraron enfrentamientos entre cooperativistas mineros que se disputan yacimientos de oro en esa región.
El periodista Luis Glasinovic, Pitín como se lo conocía con cariño, trabajó en los diarios Presencia, Hoy y Última Hora. Últimamente desempeñaba el cargo de editor del semanario Boca Mina dependiente de la Comibol. Es hermano del periodista Pedro Glasinovic, quien fue cofundador de la agencia ABI y jefe de Redacción del periódico Presencia y varias veces presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
“El Gobierno y las autoridades de los ministerios de Minería y de Comunicación expresan su profundo pesar por el fallecimiento del compañero periodista, Luis Glasinovic”, dijo la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, a la agencia ABI.
Sunday, May 25, 2014
Periodista y chofer mueren al volver de Arcopongo
Un periodista y el chofer de la Corporación Minera de Bolivia (Conmibol) fallecieron la madrugada de ayer, tras el embarrancamiento de una camioneta de la entidad que retornaba de la inspección realizada en Arcopongo, provincia Inquisi de La Paz, donde la semana pasada se produjeron enfrentamientos entre cooperativistas por un yacimiento de oro.
Según el reporte preliminar, además de los dos fallecidos, otras tres personas quedaron gravemente heridas y fueron evacuadas a la ciudad de Cochabamba.
“Son un periodista de la Corporación, el chofer que manejaba la camioneta y hay dos heridos. La camioneta regresaba de la inspección que se fue hacer al lugar y ocurrió el siniestro”, informó al periódico digital Oxígeno el ministro de Minería, César Navarro.
Luis Glasinovic, más conocido por sus amigos como “Pitín”, era editor del semanario “Boca Mina” de la Comibol. El chofer que también perdió la vida fue identificado como Rodolfo Ustariz.
En 2011, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) anunció la reedición de su periódico quincenal “Boca Mina”, con el propósito de transparentar y socializar la información que se genera en el rubro minero del país. “Boca Mina”, que se publicaba en los años 60 fue cerrada por efectos del Decreto 21060.
Los heridos del fatal accidente son Pavel Paredes, comunicador de conflictos; Jimmy Guzmán, abogado; y Grover Melendres.
Navarro, no precisó el lugar del accidente, pero dijo que los cuerpos de los fallecidos serían trasladados a la ciudad de La Paz.
Según informes preliminares la vagoneta retornaba con sus ocupantes rumbo a Quillacollo, Cochabamba y buscó una ruta alterna para llegar a su destino.
Este medio se comunicó con el Grupo Bersa de Bomberos; sin embargo ellos dijeron desconocer el suceso que cobró la vida de dos personas.
El conflicto desatado en Arcopongo, el pasado domingo, por la posesión de un yacimiento aurífero, obligó a las autoridades de la Gobernacion de La Paz, de la Comibol, de la Fiscalía y de la Policía a trasladarse hasta esa zona, donde se lamentó la muerte de tres cooperativistas y hubo varios heridos, producto de un enfrentamiento en el que se identificó armas de fuego.
Según el reporte preliminar, además de los dos fallecidos, otras tres personas quedaron gravemente heridas y fueron evacuadas a la ciudad de Cochabamba.
“Son un periodista de la Corporación, el chofer que manejaba la camioneta y hay dos heridos. La camioneta regresaba de la inspección que se fue hacer al lugar y ocurrió el siniestro”, informó al periódico digital Oxígeno el ministro de Minería, César Navarro.
Luis Glasinovic, más conocido por sus amigos como “Pitín”, era editor del semanario “Boca Mina” de la Comibol. El chofer que también perdió la vida fue identificado como Rodolfo Ustariz.
En 2011, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) anunció la reedición de su periódico quincenal “Boca Mina”, con el propósito de transparentar y socializar la información que se genera en el rubro minero del país. “Boca Mina”, que se publicaba en los años 60 fue cerrada por efectos del Decreto 21060.
Los heridos del fatal accidente son Pavel Paredes, comunicador de conflictos; Jimmy Guzmán, abogado; y Grover Melendres.
Navarro, no precisó el lugar del accidente, pero dijo que los cuerpos de los fallecidos serían trasladados a la ciudad de La Paz.
Según informes preliminares la vagoneta retornaba con sus ocupantes rumbo a Quillacollo, Cochabamba y buscó una ruta alterna para llegar a su destino.
Este medio se comunicó con el Grupo Bersa de Bomberos; sin embargo ellos dijeron desconocer el suceso que cobró la vida de dos personas.
El conflicto desatado en Arcopongo, el pasado domingo, por la posesión de un yacimiento aurífero, obligó a las autoridades de la Gobernacion de La Paz, de la Comibol, de la Fiscalía y de la Policía a trasladarse hasta esa zona, donde se lamentó la muerte de tres cooperativistas y hubo varios heridos, producto de un enfrentamiento en el que se identificó armas de fuego.
Saturday, May 24, 2014
Gobernador de La Paz confirma tres muertes en conflicto aurífero
El gobernador de La Paz, César Cocarico, afirmó este viernes que tres personas perdieron la vida en los enfrentamientos por la explotación de oro en Arcopongo. La autoridad paceña realizó una inspección en la comunidad de Arcopongo, acompañado de una comisión de fiscales y policías.
“Hemos encontrado al primer cadáver y un rehén, el miércoles encontramos el segundo cadáver, cuando llegamos a Palmaflor se ha encontrado al tercer cadáver”, informó Cocarico.
Además dijo que se encontró al rehén Edson Anibal Cahuana, quien sería el hijo del presidente de la cooperativa Ullakaya, Telmo Cahuana.
En la víspera, el viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, afirmó que 30 cooperativas mineras que se diputan la explotación aurífera en la localidad de Arcopongo, provincia Inquisivi de La Paz, son ilegales.
ABI
Implican a masistas en conflicto por oro
El alcalde de Inquisivi, en La Paz, Walter Calle, acusó ayer al asambleísta departamental, Juan Marca Poma (MAS), de tener cinco concesiones mineras a su nombre para la explotación de oro en la región de Arcopongo, donde el domingo pasado un enfrentamiento entre cooperativistas por el control de los yacimientos dejó el saldo de tres muertos, varios heridos y rehenes.
Por su parte, la diputada Gladys Vargas, también del MAS, admitió ayer ser parte de la directiva de la Cooperativa Palma Flor, involucrada en el conflicto. A su regreso de una inspección a la zona, el gobernador de La Paz, César Cocarico, informó ayer que la disputa por competencia entre la Comibol y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dilatan el conflicto y dijo que se teme que resurja la violencia.
El enfrentamiento del domingo fue entre miembros de las Cooperativas Palma Flor y Ullakaya Condorini y, en medio de las acusaciones mutuas por el uso de armas de fuego, Calle fue acusado de haber contratado a sicarios para desalojar a los comunarios de Palma Flor, donde está el yacimiento de oro.
El Alcalde afirmó que el asambleísta Marca Poma es el principal “instigador” de los hechos de violencia ocurridos en Arcopongo y negó las acusaciones.
“Las cooperativas (de Marca) son Tunki 1, Tunki 2, Tunki 3, Tunki 4 y Tunki 5, son de su propiedad. Yo quien soy para contratar a gente y maltratar a estos compañeros, es algo absurdo y quieren ahí tal vez vincularme”, dijo Calle en contacto telefónico con la red ATB, recogido por ANF.
Entre tanto, Vargas confirmó que fue socia de la cooperativa Palma Flor pero dijo que renunció antes que estallara el conflicto que dejó tres personas muertas. La diputada masista responsabilizó a la directiva de la Cooperativa Uyakalla Condorini de la violencia. “Hay de parte de Uyakalla malas informaciones están haciendo correr y ahora quieren culpar a los demás, pero no es así”, afirmó según ANF.
Por su parte, Cocarico, presentó ayer el informe de la comisión que visitó Arcopongo y confirmó la muerte de tres cooperativistas, Antonio Flores Calle, Mario Venegas y Gonzalo Cabrera.
En declaraciones recogidas por el diario digital Oxígeno, dijo que un elemento del conflicto, detectado por la comisión, fue que el área en disputa no fue dada en concesión a los cooperativistas. Cocarico aseguró que es en este caso donde la Comibol y la AJAM no se ponen de acuerdo para resolver el conflicto. El ministro de Minería, César Navarro, dijo ayer que la AJAM entrará en vigencia con la nueva ley minera.
Cocarico explicó que “los de la AJAM señalan que la Comibol es la responsable de resolver esta situación” y los de la Comibol aseguran “que salieron otros instructivos estos días por los que la AJAM debería solucionar”.
Uno de los primeros datos obtenidos por la comisión fue que el conflicto minero se desató el jueves de la semana pasada y culminó el domingo.
El abogado de la Cooperativa Ullakaya, Eduardo León, dijo que el Ministerio Público y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sabían lo que pasaba antes de que ocurra el enfrentamiento entre cooperativistas.
Cocarico aseguró que al menos seis cooperativas mineras pelearon por el yacimiento aurífero y que la tensión está latente porque todas quieren el mismo territorio.
En conferencia de prensa, el Gobernador deslindó toda responsabilidad para viabilizar la solución y aseguró que es competencia del Gobierno nacional.
“Somos autoridades administrativas, no podemos resolver este problema otorgándole los derechos a uno u a otro”, indicó.
Telmo Cahuana, miembro de la Cooperativa Ullakaya Condorini, dijo que “son del otro bando (los que usaron armas) siempre han tenido armas, ahí están los de Palma Flor siempre han estado (usando armas). Si me están escuchando muchos compañeros, ellos van a dar su testimonio. Ahí era tierra de nadie”, manifestó Cahuana.
HUBO DENUNCIA
El abogado de la Cooperativa Ullakaya, Eduardo León, dijo a ANF que “pocos días antes de que se cometan estos crímenes, el 12 de mayo se presentó otra nota al Ministro de Gobierno y se le dice: ratificación de denuncia y aportamos mayores elementos de convicción, vale decir que el Estado ha tenido conocimiento de estas denuncias y de la advertencia de que habían grupos irregulares en al zona”.
Los miembros de Ullakaya aseveraron el miércoles que los cooperativistas de Palma Flor explotaron oro de forma ilegal en el río Chakety desde el año pasado.
Por su parte, la diputada Gladys Vargas, también del MAS, admitió ayer ser parte de la directiva de la Cooperativa Palma Flor, involucrada en el conflicto. A su regreso de una inspección a la zona, el gobernador de La Paz, César Cocarico, informó ayer que la disputa por competencia entre la Comibol y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dilatan el conflicto y dijo que se teme que resurja la violencia.
El enfrentamiento del domingo fue entre miembros de las Cooperativas Palma Flor y Ullakaya Condorini y, en medio de las acusaciones mutuas por el uso de armas de fuego, Calle fue acusado de haber contratado a sicarios para desalojar a los comunarios de Palma Flor, donde está el yacimiento de oro.
El Alcalde afirmó que el asambleísta Marca Poma es el principal “instigador” de los hechos de violencia ocurridos en Arcopongo y negó las acusaciones.
“Las cooperativas (de Marca) son Tunki 1, Tunki 2, Tunki 3, Tunki 4 y Tunki 5, son de su propiedad. Yo quien soy para contratar a gente y maltratar a estos compañeros, es algo absurdo y quieren ahí tal vez vincularme”, dijo Calle en contacto telefónico con la red ATB, recogido por ANF.
Entre tanto, Vargas confirmó que fue socia de la cooperativa Palma Flor pero dijo que renunció antes que estallara el conflicto que dejó tres personas muertas. La diputada masista responsabilizó a la directiva de la Cooperativa Uyakalla Condorini de la violencia. “Hay de parte de Uyakalla malas informaciones están haciendo correr y ahora quieren culpar a los demás, pero no es así”, afirmó según ANF.
Por su parte, Cocarico, presentó ayer el informe de la comisión que visitó Arcopongo y confirmó la muerte de tres cooperativistas, Antonio Flores Calle, Mario Venegas y Gonzalo Cabrera.
En declaraciones recogidas por el diario digital Oxígeno, dijo que un elemento del conflicto, detectado por la comisión, fue que el área en disputa no fue dada en concesión a los cooperativistas. Cocarico aseguró que es en este caso donde la Comibol y la AJAM no se ponen de acuerdo para resolver el conflicto. El ministro de Minería, César Navarro, dijo ayer que la AJAM entrará en vigencia con la nueva ley minera.
Cocarico explicó que “los de la AJAM señalan que la Comibol es la responsable de resolver esta situación” y los de la Comibol aseguran “que salieron otros instructivos estos días por los que la AJAM debería solucionar”.
Uno de los primeros datos obtenidos por la comisión fue que el conflicto minero se desató el jueves de la semana pasada y culminó el domingo.
El abogado de la Cooperativa Ullakaya, Eduardo León, dijo que el Ministerio Público y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sabían lo que pasaba antes de que ocurra el enfrentamiento entre cooperativistas.
Cocarico aseguró que al menos seis cooperativas mineras pelearon por el yacimiento aurífero y que la tensión está latente porque todas quieren el mismo territorio.
En conferencia de prensa, el Gobernador deslindó toda responsabilidad para viabilizar la solución y aseguró que es competencia del Gobierno nacional.
“Somos autoridades administrativas, no podemos resolver este problema otorgándole los derechos a uno u a otro”, indicó.
Telmo Cahuana, miembro de la Cooperativa Ullakaya Condorini, dijo que “son del otro bando (los que usaron armas) siempre han tenido armas, ahí están los de Palma Flor siempre han estado (usando armas). Si me están escuchando muchos compañeros, ellos van a dar su testimonio. Ahí era tierra de nadie”, manifestó Cahuana.
HUBO DENUNCIA
El abogado de la Cooperativa Ullakaya, Eduardo León, dijo a ANF que “pocos días antes de que se cometan estos crímenes, el 12 de mayo se presentó otra nota al Ministro de Gobierno y se le dice: ratificación de denuncia y aportamos mayores elementos de convicción, vale decir que el Estado ha tenido conocimiento de estas denuncias y de la advertencia de que habían grupos irregulares en al zona”.
Los miembros de Ullakaya aseveraron el miércoles que los cooperativistas de Palma Flor explotaron oro de forma ilegal en el río Chakety desde el año pasado.
Cocarico culpa a Comibol por no “inmovilizar” área minera
El gobernador de La Paz, César Cocarico, responsabilizó ayer a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por no "inmovilizar” el año pasado las operaciones mineras en Arcopongo para evitar enfrentamientos y la muerte de tres personas.
"La comisión de la Gobernación desde el año pasado sugirió que las autoridades encargadas resuelvan (el problema) emitiendo una resolución de inmovilización del área minera, porque se presumía que estos conflictos se iban a presentar (...). Hasta ahora ni la Comibol ni la AGJAM (Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera) han definido sus competencias. Nosotros tenemos conocimiento que la Comibol es la responsable”, afirmó ayer Cocarico en conferencia de prensa.
Página Siete intentó ayer comunicarse con autoridades de Comibol, pero ninguna de ellas ni del área de Comunicación respondió al requerimiento.
El domingo 18, cooperativistas mineros, en su mayoría comunarios de la localidad Palma Flor, se enfrentaron presuntamente con un grupo armado de la cooperativa Ullakaya Condorini por la tenencia del río Chaquety para explotar oro. El hecho dejó tres fallecidos, Antonio Flores, Mario Villegas, ambos de la comunidad Palma Flor, y Gonzalo Cabrera Huanca, este último de la cooperativa Ullakaya, dijo Cocarico.
Según la autoridad departamental, la Comibol y la AGJAM deslindan responsabilidad sobre la solución del conflicto en Arcopongo, pues cada una dice que no es de su competencia y que una norma definirá sus atribuciones técnico legales.
De acuerdo con el informe preliminar de Cocarico, en el lugar hay comunidades que están asentadas hace 15 años, pero hay interés de cooperativistas de operar en el lugar de conflicto, entonces eso genera diferencias por la tenencia del territorio.
Para pacificar la zona, según el gobernador, lo que se debe hacer es "inmovilizar la región” para lo cual las autoridades competentes tienen que considerar que la región es una de las entradas a la Amazonia. Allí la tierra se destaca por la biodiversidad y no debería quedar afectada por la minería.
El abogado de la cooperativa Ullakaya, Eduardo León, recordó que el Ministerio de Público y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tenían conocimiento sobre los hechos que ocurrían en el río Chaquety. Recordó que el 12 de mayo se presentó una nota al Ministerio de Gobierno sobre grupos irregulares en la zona de conflicto.
El viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, afirmó que 30 cooperativistas se diputan la explotación aurífera en Arcopongo
Los miembros de la Cooperativa Ullakaya aseveraron el miércoles que los cooperativistas de Palma Flor explotaron oro de forma ilegal en el río Chaquety desde el año anterior. El jurista Mishael Cruz mencionó que de acuerdo con estimaciones, la cooperativa Palma Flor produjo al menos 180 kilos de oro sin autorización.
La operación ilegal en el río Chaqueti
Solicitud El gobernador de La Paz, César Cocarico, mencionó que hay 15 trámites documentados que solicitaron operar en el río Chaquety, de la comunidad de Arcopongo, en la provincia Inquisivi; además hay otras 27 sin documentos que también presentaron su solicitud. Pero, de acuerdo con la ley minera, si hay explotación en el lugar es ilegal, debido a que no terminaron de tramitar la licencia de explotación, por lo que las cooperativas que explotaron en el lugar deben ser sancionadas.
Defensa El abogado de la cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, afirmó ayer que sus defendidos no realizaron ninguna explotación en el yacimiento aurífero.
Conflicto Los conflictos por la explotación minera son recurrentes en el país, tanto entre trabajadores privados agrupados en cooperativas, entre éstos y obreros estatales o entre cooperativas e indígenas.
En Arcopongo se utilizaron fusiles FAL y máuser
El gobernador de La Paz, César Cocarico, denunció ayer que los protagonistas del enfrentamiento entre comunarios y cooperativistas en Arcopongo, en la jornada del domingo, habrían utilizado armas de fuego. "Los agresores habrían cargado cuatro ametralladoras, fusiles FAL y ‘muchos’ (fusiles) máuser”, dijo.
Cocarico dijo que durante su investigación, la comisión encontró casquillos de proyectiles de ametralladoras y de fusiles. Edson Cahuana fue presentado en Arcopongo con un arma colgada de su cuello. La autoridad se trasladó hasta el lugar de conflicto con fiscales, policías y técnicos de la Comibol y AGJAM, donde los miembros de la cooperativa Ullakaya protagonizaron el "asalto armado” en las comunidades cerca del río Chaquety en la provincia Inquisivi.
Contó que el jueves de la anterior semana se inició el conflicto, cuando el grupo de 100 personas había llegado desde La Asunta a "amedrentar” a la comunidad La Plaza. El viernes, los habitantes de Palma Flor, advertidos de la situación, pidieron dialogar con el grupo. Arribaron a un acuerdo de no agresión, el que consta en un acta. Luego, el grupo agredió a la comunidad de La Plaza B, "queman las casas existentes y se apoderaron de las cosas de los comunarios”, dijo Cocarico. Algunos pobladores de la Plaza B optaron por resguardarse en Palma Flor, pues tenía un acuerdo de no agresión. Pero cuatro de ellos decidieron salir de esta comunidad para luego ser capturados por cooperativistas de Ullakaya. El sábado, el grupo atacó Palma Flor, a pesar del acuerdo. "Saquean y queman todas las propiedades. La comunidad (Palma Flor) se retira al monte. Los alumnos de la escuela son amedrentados y se escapan junto la profesora”. El domingo se registraron las muertes.
"La comisión de la Gobernación desde el año pasado sugirió que las autoridades encargadas resuelvan (el problema) emitiendo una resolución de inmovilización del área minera, porque se presumía que estos conflictos se iban a presentar (...). Hasta ahora ni la Comibol ni la AGJAM (Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera) han definido sus competencias. Nosotros tenemos conocimiento que la Comibol es la responsable”, afirmó ayer Cocarico en conferencia de prensa.
Página Siete intentó ayer comunicarse con autoridades de Comibol, pero ninguna de ellas ni del área de Comunicación respondió al requerimiento.
El domingo 18, cooperativistas mineros, en su mayoría comunarios de la localidad Palma Flor, se enfrentaron presuntamente con un grupo armado de la cooperativa Ullakaya Condorini por la tenencia del río Chaquety para explotar oro. El hecho dejó tres fallecidos, Antonio Flores, Mario Villegas, ambos de la comunidad Palma Flor, y Gonzalo Cabrera Huanca, este último de la cooperativa Ullakaya, dijo Cocarico.
Según la autoridad departamental, la Comibol y la AGJAM deslindan responsabilidad sobre la solución del conflicto en Arcopongo, pues cada una dice que no es de su competencia y que una norma definirá sus atribuciones técnico legales.
De acuerdo con el informe preliminar de Cocarico, en el lugar hay comunidades que están asentadas hace 15 años, pero hay interés de cooperativistas de operar en el lugar de conflicto, entonces eso genera diferencias por la tenencia del territorio.
Para pacificar la zona, según el gobernador, lo que se debe hacer es "inmovilizar la región” para lo cual las autoridades competentes tienen que considerar que la región es una de las entradas a la Amazonia. Allí la tierra se destaca por la biodiversidad y no debería quedar afectada por la minería.
El abogado de la cooperativa Ullakaya, Eduardo León, recordó que el Ministerio de Público y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tenían conocimiento sobre los hechos que ocurrían en el río Chaquety. Recordó que el 12 de mayo se presentó una nota al Ministerio de Gobierno sobre grupos irregulares en la zona de conflicto.
El viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, afirmó que 30 cooperativistas se diputan la explotación aurífera en Arcopongo
Los miembros de la Cooperativa Ullakaya aseveraron el miércoles que los cooperativistas de Palma Flor explotaron oro de forma ilegal en el río Chaquety desde el año anterior. El jurista Mishael Cruz mencionó que de acuerdo con estimaciones, la cooperativa Palma Flor produjo al menos 180 kilos de oro sin autorización.
La operación ilegal en el río Chaqueti
Solicitud El gobernador de La Paz, César Cocarico, mencionó que hay 15 trámites documentados que solicitaron operar en el río Chaquety, de la comunidad de Arcopongo, en la provincia Inquisivi; además hay otras 27 sin documentos que también presentaron su solicitud. Pero, de acuerdo con la ley minera, si hay explotación en el lugar es ilegal, debido a que no terminaron de tramitar la licencia de explotación, por lo que las cooperativas que explotaron en el lugar deben ser sancionadas.
Defensa El abogado de la cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, afirmó ayer que sus defendidos no realizaron ninguna explotación en el yacimiento aurífero.
Conflicto Los conflictos por la explotación minera son recurrentes en el país, tanto entre trabajadores privados agrupados en cooperativas, entre éstos y obreros estatales o entre cooperativas e indígenas.
En Arcopongo se utilizaron fusiles FAL y máuser
El gobernador de La Paz, César Cocarico, denunció ayer que los protagonistas del enfrentamiento entre comunarios y cooperativistas en Arcopongo, en la jornada del domingo, habrían utilizado armas de fuego. "Los agresores habrían cargado cuatro ametralladoras, fusiles FAL y ‘muchos’ (fusiles) máuser”, dijo.
Cocarico dijo que durante su investigación, la comisión encontró casquillos de proyectiles de ametralladoras y de fusiles. Edson Cahuana fue presentado en Arcopongo con un arma colgada de su cuello. La autoridad se trasladó hasta el lugar de conflicto con fiscales, policías y técnicos de la Comibol y AGJAM, donde los miembros de la cooperativa Ullakaya protagonizaron el "asalto armado” en las comunidades cerca del río Chaquety en la provincia Inquisivi.
Contó que el jueves de la anterior semana se inició el conflicto, cuando el grupo de 100 personas había llegado desde La Asunta a "amedrentar” a la comunidad La Plaza. El viernes, los habitantes de Palma Flor, advertidos de la situación, pidieron dialogar con el grupo. Arribaron a un acuerdo de no agresión, el que consta en un acta. Luego, el grupo agredió a la comunidad de La Plaza B, "queman las casas existentes y se apoderaron de las cosas de los comunarios”, dijo Cocarico. Algunos pobladores de la Plaza B optaron por resguardarse en Palma Flor, pues tenía un acuerdo de no agresión. Pero cuatro de ellos decidieron salir de esta comunidad para luego ser capturados por cooperativistas de Ullakaya. El sábado, el grupo atacó Palma Flor, a pesar del acuerdo. "Saquean y queman todas las propiedades. La comunidad (Palma Flor) se retira al monte. Los alumnos de la escuela son amedrentados y se escapan junto la profesora”. El domingo se registraron las muertes.
Presentan denuncia penal contra autoridades por caso personería
El abogado Eduardo León oficializó ayer ante la Fiscalía una denuncia penal contra autoridades y legisladores nacionales y departamentales, presuntamente involucrados en la entrega rápida de personería jurídica a la cooperativa Palma Flor para explotar oro en el río Chaquety, en Arcopongo.
La acción es por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, concusión y los delitos vinculados con actos de corrupción, delitos contemplados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Los sindicados en la demanda son el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar; las diputadas del MAS, Gladys Vargas y Julia Figueredo; y el asambleísta departamental de La Paz, Juan Marca.
Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de Arcopongo, pese a que la otra cooperativa Ullakaya Condorini tenía el "derecho preferente” en la explotación del área que había solicitado el permiso antes.
El pasado domingo se registraron enfrentamientos entre comunarios y cuentapropistas, entre ellos socios de la cooperativa Ullakaya Condorini y Palma Flor, que derivaron en el saldo de tres personas fallecidas.
Según la denuncia presentada por León, que representa a la familia de Gonzalo Cabrera Huanca (cooperativista que perdió la vida en los hechos de violencia), el viceministro Aguilar el 10 de julio de 2013 mediante el instructivo 004/2013 dirigido al director general de Cooperativas, Juan Sejas, ordenó que "se emita de forma excepcional y de emergencia” a los miembros de Palma Flor Ltda. la resolución administrativa de personería jurídica.
El abogado explicó que sobre estas autoridades y legisladores pesa la responsabilidad de emitir el instructivo, el otorgamiento de la personería jurídica.
"Lo que se está pidiendo ahora al Ministerio Público es que aprehenda directamente a todos estos funcionarios públicos, se allanen las oficinas del Viceministerio de Empleo y Cooperativas y alternativamente se dé aviso al juez cautelar del inicio de las investigaciones”, precisó.
En el caso de las legisladoras se presentó una denuncia a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, para que también sean procesadas.
Conclusión de la Gobernación
El gobernador de La Paz, César Cocarico, viajó a Arcopongo, acompañado de fiscales, policías y técnicos de la Comibol, para tomar declaraciones a los lugareños sobre los hechos suscitados el pasado domingo.
En una conclusión preliminar dijo que los miembros de la cooperativa Ullakaya contrataron a un grupo de 100 personas para ejecutar un "asalto armado” en la provincia Inquisivi, por lo que son los directos responsables de las muertes de Antonio Flores y Mario Villegas, ambos comunarios de Palma Flor. Añadió que uno de los involucrados es el hijo del presidente de la cooperativa Ullakaya, a quien se lo aprehendió con un arma de fuego.
Sin embargo, León observó el informe de la autoridad departamental. "Le informaron mal al gobernador, debido a que el hijo del señor (Thelmo) Cahuana fue secuestrado y puesto con el arma para inculparlo. Nosotros nos vamos a remitir estrictamente a una investigación transparente”, anticipó el jurista.
El abogado sostuvo que un grupo de forenses y abogados se pondrá a disposición de este caso para demostrar que los que desataron el conflicto y la violencia fueron los socios de la cooperativa Palma Flor.
Gobernador pide a Fiscalía identificar a autores
El gobernador de La Paz, César Cocarico, afirmó ayer que la Fiscalía debe investigar a los autores directos e intelectuales involucrados en los hechos violentos suscitados en Arcopongo, en los que cooperativistas mineros y comunarios se enfrentaron por la explotación de oro, que dejó un saldo de tres personas muertas.
"En este caso el Ministerio Público por obligación tiene que culminar con las investigaciones, hasta dar con la verdad e identificar a los autores directos e intelectuales. Aquí interesa dar con la verdad y si están involucrados políticos de uno o de otro lado, tienen que ser juzgados por la justicia ordinaria”, demandó.
El jueves el abogado de la Cooperativa Minera Ullakaya Condorini, Eduardo León, denunció que autoridades del Gobierno, entre ellos el viceministro Tiburcio Aguilar, las diputadas por el MAS, Gladys Vargas y Julia Figueredo y el asambleísta departamental Juan Marca beneficiaron a la cooperativa Palma Flor para que explote oro en Arcopongo. Esto a pesar de que la minera Ullakaya ya había tramitado con anterioridad la licencia de operación para explotar en la zona.
El hecho originó el enfrentamiento entre comunarios de Palma Flor y los cuentapropistas.
Cocarico confirmó que el asambleísta Juan Marca fue visto en el lugar, quien habría admitido que nació en la comunidad Palma Flor. Vargas también reconoció el jueves ser socia de esta cooperativa del lugar.
La acción es por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, concusión y los delitos vinculados con actos de corrupción, delitos contemplados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Los sindicados en la demanda son el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar; las diputadas del MAS, Gladys Vargas y Julia Figueredo; y el asambleísta departamental de La Paz, Juan Marca.
Palma Flor obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de Arcopongo, pese a que la otra cooperativa Ullakaya Condorini tenía el "derecho preferente” en la explotación del área que había solicitado el permiso antes.
El pasado domingo se registraron enfrentamientos entre comunarios y cuentapropistas, entre ellos socios de la cooperativa Ullakaya Condorini y Palma Flor, que derivaron en el saldo de tres personas fallecidas.
Según la denuncia presentada por León, que representa a la familia de Gonzalo Cabrera Huanca (cooperativista que perdió la vida en los hechos de violencia), el viceministro Aguilar el 10 de julio de 2013 mediante el instructivo 004/2013 dirigido al director general de Cooperativas, Juan Sejas, ordenó que "se emita de forma excepcional y de emergencia” a los miembros de Palma Flor Ltda. la resolución administrativa de personería jurídica.
El abogado explicó que sobre estas autoridades y legisladores pesa la responsabilidad de emitir el instructivo, el otorgamiento de la personería jurídica.
"Lo que se está pidiendo ahora al Ministerio Público es que aprehenda directamente a todos estos funcionarios públicos, se allanen las oficinas del Viceministerio de Empleo y Cooperativas y alternativamente se dé aviso al juez cautelar del inicio de las investigaciones”, precisó.
En el caso de las legisladoras se presentó una denuncia a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, para que también sean procesadas.
Conclusión de la Gobernación
El gobernador de La Paz, César Cocarico, viajó a Arcopongo, acompañado de fiscales, policías y técnicos de la Comibol, para tomar declaraciones a los lugareños sobre los hechos suscitados el pasado domingo.
En una conclusión preliminar dijo que los miembros de la cooperativa Ullakaya contrataron a un grupo de 100 personas para ejecutar un "asalto armado” en la provincia Inquisivi, por lo que son los directos responsables de las muertes de Antonio Flores y Mario Villegas, ambos comunarios de Palma Flor. Añadió que uno de los involucrados es el hijo del presidente de la cooperativa Ullakaya, a quien se lo aprehendió con un arma de fuego.
Sin embargo, León observó el informe de la autoridad departamental. "Le informaron mal al gobernador, debido a que el hijo del señor (Thelmo) Cahuana fue secuestrado y puesto con el arma para inculparlo. Nosotros nos vamos a remitir estrictamente a una investigación transparente”, anticipó el jurista.
El abogado sostuvo que un grupo de forenses y abogados se pondrá a disposición de este caso para demostrar que los que desataron el conflicto y la violencia fueron los socios de la cooperativa Palma Flor.
Gobernador pide a Fiscalía identificar a autores
El gobernador de La Paz, César Cocarico, afirmó ayer que la Fiscalía debe investigar a los autores directos e intelectuales involucrados en los hechos violentos suscitados en Arcopongo, en los que cooperativistas mineros y comunarios se enfrentaron por la explotación de oro, que dejó un saldo de tres personas muertas.
"En este caso el Ministerio Público por obligación tiene que culminar con las investigaciones, hasta dar con la verdad e identificar a los autores directos e intelectuales. Aquí interesa dar con la verdad y si están involucrados políticos de uno o de otro lado, tienen que ser juzgados por la justicia ordinaria”, demandó.
El jueves el abogado de la Cooperativa Minera Ullakaya Condorini, Eduardo León, denunció que autoridades del Gobierno, entre ellos el viceministro Tiburcio Aguilar, las diputadas por el MAS, Gladys Vargas y Julia Figueredo y el asambleísta departamental Juan Marca beneficiaron a la cooperativa Palma Flor para que explote oro en Arcopongo. Esto a pesar de que la minera Ullakaya ya había tramitado con anterioridad la licencia de operación para explotar en la zona.
El hecho originó el enfrentamiento entre comunarios de Palma Flor y los cuentapropistas.
Cocarico confirmó que el asambleísta Juan Marca fue visto en el lugar, quien habría admitido que nació en la comunidad Palma Flor. Vargas también reconoció el jueves ser socia de esta cooperativa del lugar.
Friday, May 23, 2014
Precio del oro en expectativa de la banca europea
Los precios del oro avanzaron este jueves pues los inversores aguardaban el resultado de la reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo, previsto para el transcurso de la jornada.
El oro, al alza a la espera de la decisión del Banco Central Europeo acerca de los tipos de interés
Todo apuntaba a que el BCE mantendría su política monetaria inalterada tras conocerse que la tasa de inflación anual de la zona del euro subió en abril hasta el 0,7% frente a los mínimos históricos registrados en marzo en el 0,5%.
En lo relativo a la división Comex del New York Mercantile Exchange, el oro para entrega en junio se movió en un rango limitado de entre 1.287,50 USD por onza troy y 1.292,50 USD por onza troy.
El oro se negoció a 1.291,00 USD por onza troy durante la mañana de la jornada de negociación en Europa, con un avance del 0,19% o 2,50 USD. Los futuros se dejaron un 1,51% o 19,70 USD por onza troy para cerrar la jornada de este miércoles en 1.288,90 USD, su cota más baja desde el 2 de mayo.
El oro se desplomó el miércoles pues las preocupaciones suscitadas en torno a una posible guerra civil en Ucrania se calmaron cuando el presidente Putin convenció a los separatistas de la zona este del país para que pospusieran su referéndum de independencia, y añadió que Rusia ha retirado sus tropas de la frontera.
Mientras, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, anunció este miércoles que se sigue garantizando una política monetaria altamente acomodaticia dada la falta de fuelle de la economía.
Yellen dijo también que la Fed espera que el crecimiento económico se acelere este año a pesar de la ralentización experimentada durante este primer trimestre, pero señaló que la reciente ralentización del mercado inmobiliario "podría acabar prolongándose de lo que ahora se prevé".
También en el Comex, la plata para entrega en julio se negoció a 19,27 USD por onza troy, con un retroceso del 0,33% o 6,4 centavos. La plata cerró la jornada del miércoles con un retroceso del 1,54% o 30,3 centavos y un precio de liquidación de 19,34 USD por onza troy.
En cuanto al resto del comercio de metales, el cobre para entrega en julio se apuntó un alza del 0,09% o 0,3 centavos, para negociarse a 3,035 USD por libra.
Según datos publicados al principio de esta jornada, el superávit comercial de China aumentó en abril hasta los 18.450 millones de USD, frente a los 7.700 millones registrados en marzo y frente a las expectativas que apuntaban a un superávit de 13.900 millones de USD.
El oro, al alza a la espera de la decisión del Banco Central Europeo acerca de los tipos de interés
Todo apuntaba a que el BCE mantendría su política monetaria inalterada tras conocerse que la tasa de inflación anual de la zona del euro subió en abril hasta el 0,7% frente a los mínimos históricos registrados en marzo en el 0,5%.
En lo relativo a la división Comex del New York Mercantile Exchange, el oro para entrega en junio se movió en un rango limitado de entre 1.287,50 USD por onza troy y 1.292,50 USD por onza troy.
El oro se negoció a 1.291,00 USD por onza troy durante la mañana de la jornada de negociación en Europa, con un avance del 0,19% o 2,50 USD. Los futuros se dejaron un 1,51% o 19,70 USD por onza troy para cerrar la jornada de este miércoles en 1.288,90 USD, su cota más baja desde el 2 de mayo.
El oro se desplomó el miércoles pues las preocupaciones suscitadas en torno a una posible guerra civil en Ucrania se calmaron cuando el presidente Putin convenció a los separatistas de la zona este del país para que pospusieran su referéndum de independencia, y añadió que Rusia ha retirado sus tropas de la frontera.
Mientras, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, anunció este miércoles que se sigue garantizando una política monetaria altamente acomodaticia dada la falta de fuelle de la economía.
Yellen dijo también que la Fed espera que el crecimiento económico se acelere este año a pesar de la ralentización experimentada durante este primer trimestre, pero señaló que la reciente ralentización del mercado inmobiliario "podría acabar prolongándose de lo que ahora se prevé".
También en el Comex, la plata para entrega en julio se negoció a 19,27 USD por onza troy, con un retroceso del 0,33% o 6,4 centavos. La plata cerró la jornada del miércoles con un retroceso del 1,54% o 30,3 centavos y un precio de liquidación de 19,34 USD por onza troy.
En cuanto al resto del comercio de metales, el cobre para entrega en julio se apuntó un alza del 0,09% o 0,3 centavos, para negociarse a 3,035 USD por libra.
Según datos publicados al principio de esta jornada, el superávit comercial de China aumentó en abril hasta los 18.450 millones de USD, frente a los 7.700 millones registrados en marzo y frente a las expectativas que apuntaban a un superávit de 13.900 millones de USD.
Solo 2 cooperativas son legales de las más de 30 en Arcopongo
Según el Viceministro de Cooperativas, José Luis Chorolque, más de 30 cooperativas mineras operan ilegalmente en el río Chaqueti ubicado en la región de Arcopongo de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz.
La autoridad aseguró que solamente dos de ellas están autorizadas para operar en la región.
“Lastimosamente tenemos muchas cooperativas ilegales que están en proceso y trámite de consolidación de sus personerías jurídicas y sus áreas de trabajo”, dijo.
Aseguró que en la zona tienen identificadas alrededor de 30 entre cooperativas y empresas unipersonales, de ellas, casi la mayoría son ilegales hay dos que se salvan en la zona de conflicto. “Tiene todo, área de trabajo establecida, personería jurídica y está en el río Chaqueti”, dijo.
CONFIRMAN USO DE HELICÓPTEROS Eduardo León, abogado de la cooperativa minera Ullakaya Condorini, admitió que se contrató un helicóptero para sobrevolar la región de Arcopongo, aunque negó que haya servido para atacar a comunarios, según Erbol.
La autoridad aseguró que solamente dos de ellas están autorizadas para operar en la región.
“Lastimosamente tenemos muchas cooperativas ilegales que están en proceso y trámite de consolidación de sus personerías jurídicas y sus áreas de trabajo”, dijo.
Aseguró que en la zona tienen identificadas alrededor de 30 entre cooperativas y empresas unipersonales, de ellas, casi la mayoría son ilegales hay dos que se salvan en la zona de conflicto. “Tiene todo, área de trabajo establecida, personería jurídica y está en el río Chaqueti”, dijo.
CONFIRMAN USO DE HELICÓPTEROS Eduardo León, abogado de la cooperativa minera Ullakaya Condorini, admitió que se contrató un helicóptero para sobrevolar la región de Arcopongo, aunque negó que haya servido para atacar a comunarios, según Erbol.
Fiscalía confirma dos fallecimientos en Arcopongo
El fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, confirmó ayer que hay dos víctimas fatales tras los enfrentamientos entre cooperativistas mineros y comunarios por la explotación de un yacimiento de oro, hecho ocurrido el domingo en Arcopongo, provincia Inquisivi de La Paz.
Una comisión de policías, fiscales y otras autoridades se trasladó el martes hacia el lugar del conflicto. Entre ellos estaba un médico forense que practicó la autopsia a los cuerpos y comprobó que murieron por impactos de bala.
"Según el informe que me emitió el fiscal ayer (miércoles) había dos fallecidos: Antonio Flores Calle y Mario Villegas Huarachi, por impacto de proyectil de arma de fuego”, indicó Ponce.
Ambos fallecidos son comunarios de Arcopongo, pero eran también parte de las cooperativas mineras Chaquety La Plaza y Elena Pampa, respectivamente. Es decir que el enfrentamiento sería entre mineros.
La comisión viajó de 12 a 15 horas en vehículo y otras 10 horas a pie para llegar al lugar de los hechos. Una vez ahí se aprehendió a una persona, acusada de instigar a la violencia y de participar en el asesinato de Flores y Villegas. Además se arrestó a otras siete para determinar las causas del hecho y a los culpables de las muertes.
El aprehendido sería Aníbal Edson Cahuana, de 24 años, miembro de la Cooperativa Ullacaya Condorini, la supuesta avasalladora. Su padre, Telmo Cahuana, dirigente minero, informó que su hijo es inocente y que los "supuestos comunarios le colgaron una ametralladora y le obligaron a declarar”.
Cuando los fiscales terminen de tomar declaraciones se decidirá si se presenta la imputación formal en la jurisdicción más próxima que es el municipio de Quime, en Inquisivi.
El viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, dijo que en Arcopongo hay al menos 30 cooperativas mineras y empresas unipersonales, unas 28 son ilegales.
En la red ATB se informó ayer que el alcalde del municipio de Inquisivi, Wálter Calle Laura, fue expulsado por los pobladores junto a dos comunarios: Francisco Mayta y Remberto Padilla, por el enfrentamiento del pasado domingo.
Una comisión de policías, fiscales y otras autoridades se trasladó el martes hacia el lugar del conflicto. Entre ellos estaba un médico forense que practicó la autopsia a los cuerpos y comprobó que murieron por impactos de bala.
"Según el informe que me emitió el fiscal ayer (miércoles) había dos fallecidos: Antonio Flores Calle y Mario Villegas Huarachi, por impacto de proyectil de arma de fuego”, indicó Ponce.
Ambos fallecidos son comunarios de Arcopongo, pero eran también parte de las cooperativas mineras Chaquety La Plaza y Elena Pampa, respectivamente. Es decir que el enfrentamiento sería entre mineros.
La comisión viajó de 12 a 15 horas en vehículo y otras 10 horas a pie para llegar al lugar de los hechos. Una vez ahí se aprehendió a una persona, acusada de instigar a la violencia y de participar en el asesinato de Flores y Villegas. Además se arrestó a otras siete para determinar las causas del hecho y a los culpables de las muertes.
El aprehendido sería Aníbal Edson Cahuana, de 24 años, miembro de la Cooperativa Ullacaya Condorini, la supuesta avasalladora. Su padre, Telmo Cahuana, dirigente minero, informó que su hijo es inocente y que los "supuestos comunarios le colgaron una ametralladora y le obligaron a declarar”.
Cuando los fiscales terminen de tomar declaraciones se decidirá si se presenta la imputación formal en la jurisdicción más próxima que es el municipio de Quime, en Inquisivi.
El viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, dijo que en Arcopongo hay al menos 30 cooperativas mineras y empresas unipersonales, unas 28 son ilegales.
En la red ATB se informó ayer que el alcalde del municipio de Inquisivi, Wálter Calle Laura, fue expulsado por los pobladores junto a dos comunarios: Francisco Mayta y Remberto Padilla, por el enfrentamiento del pasado domingo.
Thursday, May 22, 2014
Gobierno convoca a mineros y comunarios de Arcopongo para buscar solución al conflicto
El ministro de Minería, César Navarro, mencionó que se está convocando a los sectores involucrados en los hechos acaecidos en la localidad de Arcopongo de la provincia Inquisivi de La Paz para dar una solución estructural al conflicto surgido por la exploración aurífera.
"La comunidad no puede ser pasiva de que otros se enriquezcan y tampoco puede prohibir que se desarrolle la actividad minera, conversaremos, ha ido una comisión del Ministerio de Minería, Comibol (Corporación Minera de Bolivia) y de la Gobernación (de La Paz) para que traiga toda la información y se está convocando para que podamos instalar el diálogo acá en el departamento de La Paz para tener una solución estructural", afirmó.
En la localidad de Arcopongo, el domingo se enfrentaron mineros cooperativistas y comunarios por el control de la exploración de oro del área que dejó como saldo la muerte de Antonio Flores, a causa del uso de armas de fuego.
El ministro Navarro advirtió que este conflicto puede ser uno de varios que se puedan presentar en adelante y por este motivo se busca dar una solución que no sólo pasa por el área de explotación, sino por controles en la comercialización, según reporte de Cadena A.
El vicepresidente Álvaro García Linera pidió este miércoles a la Fiscalía investigar la muerte y violencia registrada en la población de Arcopongo cuando un grupo de cooperativistas se enfrentó a comunarios del lugar por la disputa de un yacimiento de oro existente en esa región de la provincia de Inquisivi del departamento de La Paz.
El viceministerio de Régimen Interior, Jorge Pérez, confirmó el fallecimiento de Antonio Flores en los enfrentamientos suscitados entre cooperativistas mineros y comunarios en esta localidad.
"La comunidad no puede ser pasiva de que otros se enriquezcan y tampoco puede prohibir que se desarrolle la actividad minera, conversaremos, ha ido una comisión del Ministerio de Minería, Comibol (Corporación Minera de Bolivia) y de la Gobernación (de La Paz) para que traiga toda la información y se está convocando para que podamos instalar el diálogo acá en el departamento de La Paz para tener una solución estructural", afirmó.
En la localidad de Arcopongo, el domingo se enfrentaron mineros cooperativistas y comunarios por el control de la exploración de oro del área que dejó como saldo la muerte de Antonio Flores, a causa del uso de armas de fuego.
El ministro Navarro advirtió que este conflicto puede ser uno de varios que se puedan presentar en adelante y por este motivo se busca dar una solución que no sólo pasa por el área de explotación, sino por controles en la comercialización, según reporte de Cadena A.
El vicepresidente Álvaro García Linera pidió este miércoles a la Fiscalía investigar la muerte y violencia registrada en la población de Arcopongo cuando un grupo de cooperativistas se enfrentó a comunarios del lugar por la disputa de un yacimiento de oro existente en esa región de la provincia de Inquisivi del departamento de La Paz.
El viceministerio de Régimen Interior, Jorge Pérez, confirmó el fallecimiento de Antonio Flores en los enfrentamientos suscitados entre cooperativistas mineros y comunarios en esta localidad.
García anuncia acciones legales por explotación ilegal de oro
El vicepresidente Álvaro García anunció ayer que se tomarán acciones legales por la explotación ilegal de minerales en la región de Arcopongo. El Gobierno confirmó también el fallecimiento de una persona en los enfrentamientos entre cooperativistas mineros y comunarios.
Dijo que se aguarda el informe de la comisión que viajó hasta esa región, ubicada en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, “para tomar una decisión legal a través del Ministerio de Minería” sobre la explotación ilegal de estos recursos, así como de las concesiones mineras.
“Está claro que hubo un avasallamiento y que hubo muerte. La (razón de la) muerte y los heridos tienen que investigarse en la Fiscalía y sancionarse”, manifestó el dignatario de Estado en conferencia de prensa.
García indicó además que es “complicado” delimitar el área del conflicto, por lo que el ministerio del sector emitirá una resolución para frenar la explotación de oro en esa región.
El domingo se produjo un enfrentamiento en Arcopongo entre pobladores de esa comunidad y cooperativistas mineros de Ullakaya Condorini. Inicialmente se informó de una persona fallecida (Antonio Flores) por un disparo de arma de fuego, y de varios heridos. El martes, este medio se comunicó con el representante del Comité de Defensa de Tierra y Territorio del Norte Tropical Inquisivi Túpac Katari, Francisco Marca, quien informó que se había confirmado el deceso de una segunda persona de nombre Gonzalo Cabrera.
Ayer, el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, confirmó —en contacto telefónico con radio Panamericana—la muerte de Antonio Flores en los enfrentamientos. “Se ha confirmado el fallecimiento de una persona de apellido Flores, esta información se la ha recabado porque se ha podido ver al cadáver (…). Habría ahí también cuatro personas que han sido retenidas por los comunarios, acusándolos de haber participado en la muerte de esta persona. De acuerdo con el informe visual inicial se tiene de que habría muerto por un disparo de arma fuego”, detalló la autoridad.
Heridos. También informó que los dos heridos resultado del enfrentamiento son Hugo Callisaya Apaza (44) y David Chura (39). Ambos presentan heridas de arma de fuego, el primero a la altura de la clavícula izquierda y el segundo en una de sus piernas.
Los dos heridos pertenecen a la Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya Condorini y se encuentran internados en nosocomios de las ciudades de La Paz y El Alto, dijo Pérez.
Respecto a la denuncia sobre una segunda persona fallecida, un desaparecido y cuatro comunarios retenidos, señaló que éstas aún no han sido confirmadas, al igual que la versión de que un alcalde estaría incitando a la violencia en esa región.
Para resguardar la seguridad de los comunarios que se encuentran en el sector, de difícil acceso por su lejanía y falta de caminos, el Ministerio de Gobierno desplegó un equipo antimotines en la zona de conflicto.
Anoche, el dirigente de la Subcentral Seque Rancho Regional de Arcopongo, Rigoberto Calle, y el asambleísta departamental de La Paz, Genaro Alejo, dijeron en conferencia de prensa que se comunicaron con las autoridades de Arcopongo y éstas les informaron del deceso de una tercera persona, William Villegas, y la desaparición de dos comunarios.
Piden parar explotación en esa zona
Decisión
El viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, informó el martes a La Razón que después de conocer los hechos acaecidos en esa región paceña se determinó que era “necesario inmovilizar el área de conflicto de manera temporal”.
Los comunarios temen nuevas agresiones
Los comunarios de Chakety La Plaza denunciaron ayer que temen por sus vidas debido a las amenazas vertidas por los cooperativistas mineros de Ullakani Condorini. Relataron que los “avasalladores” cuentan con armas de fuego y amedrentan constantemente a los pobladores de Arcopongo.
“El sábado, a eso de las 16.00, entraron a atacar a nuestras tierras (…). Después del secuestro al que procedieron, escapamos y nos vinimos a La Paz”, dijo un comunario indígena que pidió guardar su nombre en reserva para cuidar su integridad física.
Explicó que existen unas 20 personas desaparecidas de las comunidades de Palma Flor, La Plaza y La Plaza B de la provincia Inquisivi, del departamento de La Paz.
Denunció que los cooperativistas de Ullakaya Condorini fueron los que atacaron. “Este grupo de mineros está realizando estas agresiones encabezado por Edwin Copa”, afirmó el comunario de Arcopongo. Informó que este grupo de cooperativistas amenazó con ingresar nuevamente a esas tierras para sentar presencia en Arcopongo. “Estamos aterrorizados, no queremos que esto vuelva a pasar”, sostuvo.
Wednesday, May 21, 2014
Mina de propiedad de la familia de García Linera está inactiva y no produce oro
El Servicio Nacional de Meteorología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN) informó que la mina "La Millonaria", de propiedad de Mary Carmen Velasco García y Sergio Velasco García, ambos sobrinos del vicepresidente Álvaro García Linera, junto a Eduardo Carlos Joaquín Linera, primo hermano de la autoridad, no estaría siendo explotada por la falta del pago de una patente, además que no es una mina aurífera sino de producción de minerales no ferrosos.
Este martes los diputados de Convergencia Nacional, Alex Orozco y Luis Felipe Dorado, denunciaron que la compra de la mina, que se ubica en el departamento de Santa Cruz, costó Bs 10.000 a la familia García Linera y otros socios, cuando el precio de la misma oscilaría entre $us 15 y 20 millones.
A ello se suma la denuncia de que la compra fue inconstitucional, puesto que en mayo del 2006 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional las operaciones de compra y venta de concesiones mineras mediante la sentencia 0032/2006.
"A la fecha la mencionada concesión no se encuentra vigente desde la gestión 2010 por falta de pago de la patente minera del 2009, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155 de la Ley 1777 Código de Minería en vigencia. La caducidad de la concesión fue anunciada en la Gaceta Nacional Minera del 15 de marzo del 2010, hecho que se realiza de manera regular con todas las concesiones a inicio de año mediante publicación abierta, como lo es la Gaceta Minera", señala el boletín de prensa de SERGEOTECMIN.
En la misma, además, se informa que la Autorización Transitoria Especial (ex-concesión) denominada "Mil Millonaria" se ubica en el departamento de Santa Cruz, provincia Chiquitos del cantón Santiago y está compuesta por 300 cuadriculas.
Asimismo, ésta fue otorgada el 27 de octubre de 2005 a José Ángel Andia Boza, quien a su vez transfirió su derecho a nombre de la Empresa Minera "La Millonaria" el año 2007. De acuerdo con documentos proporcionados por los legisladores de CN, en marzo de 2007 Andia Boza transfirió la mina a Mary Carmen Velasco García, en representación de Sergio Velasco García.
Según SERGEOTECMIN, tras la caducidad de la concesión, el 29 de septiembre de 2011 la empresa Montecarlo S.A. Sucursal Bolivia presentó una solicitud de Contrato de Arrendamiento Minero compuesta por 150 cuadrículas en el área de la extinta autorización transitoria especial "Mil Millonaria".
Este martes los diputados de Convergencia Nacional, Alex Orozco y Luis Felipe Dorado, denunciaron que la compra de la mina, que se ubica en el departamento de Santa Cruz, costó Bs 10.000 a la familia García Linera y otros socios, cuando el precio de la misma oscilaría entre $us 15 y 20 millones.
A ello se suma la denuncia de que la compra fue inconstitucional, puesto que en mayo del 2006 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional las operaciones de compra y venta de concesiones mineras mediante la sentencia 0032/2006.
"A la fecha la mencionada concesión no se encuentra vigente desde la gestión 2010 por falta de pago de la patente minera del 2009, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155 de la Ley 1777 Código de Minería en vigencia. La caducidad de la concesión fue anunciada en la Gaceta Nacional Minera del 15 de marzo del 2010, hecho que se realiza de manera regular con todas las concesiones a inicio de año mediante publicación abierta, como lo es la Gaceta Minera", señala el boletín de prensa de SERGEOTECMIN.
En la misma, además, se informa que la Autorización Transitoria Especial (ex-concesión) denominada "Mil Millonaria" se ubica en el departamento de Santa Cruz, provincia Chiquitos del cantón Santiago y está compuesta por 300 cuadriculas.
Asimismo, ésta fue otorgada el 27 de octubre de 2005 a José Ángel Andia Boza, quien a su vez transfirió su derecho a nombre de la Empresa Minera "La Millonaria" el año 2007. De acuerdo con documentos proporcionados por los legisladores de CN, en marzo de 2007 Andia Boza transfirió la mina a Mary Carmen Velasco García, en representación de Sergio Velasco García.
Según SERGEOTECMIN, tras la caducidad de la concesión, el 29 de septiembre de 2011 la empresa Montecarlo S.A. Sucursal Bolivia presentó una solicitud de Contrato de Arrendamiento Minero compuesta por 150 cuadrículas en el área de la extinta autorización transitoria especial "Mil Millonaria".
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